Advierte un refrán popular que "lo que empieza mal, mal termina". Si damos crédito al contenido y mensaje de los refranes, por considerar que son enseñanzas producto de la observación y experiencia acumuladas, debemos concluir que el proceso de reforma constitucional y fortalecimiento institucional, iniciado y declarado con la aprobación y promulgación de la nueva Constitución, no terminará bien. Mejor dicho, no está terminando bien.
Para comprobar que "lo que mal empieza, mal termina" tenemos que recordar cómo empezó y se desarrolló el proceso. Hubo una oposición tenaz a que la Constitución fuera reformada por una Asamblea Constituyente. Se argumentó que ese formato era sólo adecuado cuando existía una situación de crisis institucional. Posteriormente el argumento utilizado fue que una Consulta Popular era mucho más democrática que una Asamblea Constituyente.
Primeramente se realizó la Consulta Popular, pero acuerdos aprobados con la mayoría de los asistentes, fueron desconocidos, entre otros, precisamente, que la reforma constitucional debía ser realizada por una Asamblea Constituyente. La Comisión de Juristas, creada por el Presidente de la República para que, en base a los resultados de la Consulta Popular presentara una propuesta de nueva Constitución, hizo el trabajo encomendado, pero el Presidente se permitió el lujo de suprimir algunos asuntos que no eran de su agrado, antes de remitir el texto al Congreso,convertido en Asamblea Revisora para la ocasión.
Una vez la propuesta en el Congreso vinieron las presiones y las "bajadas de líneas" a los legisladores peledeístas para que no se apartaran de las preferencias del Presidente de la República, disfrazadas de resoluciones del Comité Político. Finalmente, la Constitución fue aprobada, con las aspiraciones del Presidente satisfechas, por el llamado "pacto de las corbatas azules", firmado por el Presidente de la República y presidente del PLD con quien había sido candidato a la Presidencia de la República por el PRD en las elecciones presidenciales anteriores.
Desde el rechazo a la Asamblea Constituyente a la aprobación y promulgación de la nueva Constitución, pasaron muchas cosas y se vieron muchas mutaciones. Exigencias de las circunstancias y de conveniencias coyunturales, dirán algunos. Otros, que fue producto del "pragmatismo salvaje" que orienta el quehacer de nuestros políticos.
Mucho antes de que cumpliera el año de ser promulgada se vieron los primeros intentos de violar el nuevo texto constitucional. Colaboradores cercanos al Presidente de la República promueven su reelección, que está expresamente prohibida en el artículo 124. Mientras, el Presidente mantiene un "silencio cómplice" y lejos de desautorizar a los promotores, insinúa que es posible y que en esta materia el pueblo es quien tiene la última palabra.
Al cumplir el año continuaron las violaciones. Normas establecidas para el nombramiento de los miembros de nuevos órganos, Junta Central Electoral, por ejemplo, no fueron observadas, como tampoco los plazos para conformarlos; leyes orgánicas que debían regular a nuevas e importantes instituciones, se aprobaron con gran retraso, razón por la cual no han podido comenzar a operar, aunque el plazo constitucional para hacerlo haya expirado. La del Tribunal Constitucional se quedó para la próxima legislatura.
Frente a cada violación de algún precepto de la Constitución, o aspiración de poder hacerlo, aparecen "interpretaciones" justificadoras de "expertos constitucionalistas" y un "silencio cómplice" de autoridades a las que benefician.
Si así hemos empezado, seguro que no terminaremos bien, porque "lo que mal empieza, mal termina.