Lima, 7 al 9 de agosto 2018. La Cumbre de Población celebrada hace 25 años en El Cairo, tuvo el objetivo de “Marcar el rumbo para una realidad mejor”, creó una estrategia para abordar las cuestiones de la población y propició la oportunidad de generar avances en la promoción de la autonomía de las mujeres, acceso a servicios de educación y salud y propiciar programas de planificación familiar con una visión de derechos universalmente disponibles.

Esta Cumbre, propicio la creación de espacios regionales de articulación y rendición de cuentas y oportunidades de intervención en los países desde una visión de derechos. En Latinoamericana, se creó la Conferencia Regional de Población y Desarrollo, ámbito en el que se han negociado una serie de acuerdos para operacionalizar la Cumbre; posiblemente el más importante es el Consenso de Montevideo el 2013 que reafirma, amplia y complementa el Programa de Acción de Cairo, y reconoce los derechos sexuales y subraya la necesidad de la inclusión de modelos de desarrollo con enfoques alternativos y participativos, en la intensión de combinar desarrollo económico con desarrollo humano, derechos y el respeto del medio ambiente.

Cada dos años se celebra una reunión de la Conferencia. En la celebrada esta semana, se abordaron los principios generales del Consenso, que se centran principalmente en reconocer derechos para todas las poblaciones, en especial para las que tienen alguna condición de vulnerabilidad. Este consenso se considera el acuerdo mas avanzado en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, aborda la laicidad del Estado como elemento fundamental para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, la profundización de la democracia, la eliminación de la discriminación contra las personas, entre otros. 

El Consenso de Montevideo establece unas Medidas Prioritarias: 

  1. Integración plena de la población y su dinámica en el desarrollo sostenible con igualdad y respeto a los derechos humanos.
  2. Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes
  3. Envejecimiento, protección social y desafíos socioeconómicos
  4. Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva
  5. Igualdad de género
  6. Migración internacional y la protección de los derechos humanos de todas las personas migrantes
  7. Desigualdad territorial, movilidad espacial y vulnerabilidad
  8. Pueblos indígenas: interculturalidad y derechos
  9. Afrodescendientes: derechos y combate al racismo y la discriminación racial
  10. Y establece unos Marcos para la puesta en marcha de la futura agenda regional en población y desarrollo

En esta ocasión quiero destacar lo relativo a los derechos sexuales, que lamentablemente en la mayoría de nuestros países siguen siendo un tabú, se nos olvida que fueron reconocidos como parte del catálogo de derechos humanos, y que debemos contribuir a su pleno goce, lo que implica implementar programas de salud sexual y salud reproductiva integrales, oportunos, y de calidad y que estos deben incluir a adolescentes y jóvenes. Es obligatorio que las personas cuenten con servicios de salud amigables y humanizados. Es perentorio garantizar el acceso a métodos anticonceptivos modernos, seguros y eficaces, respetando el principio de confidencialidad y privacidad, para que adolescentes y jóvenes ejerzan sus derechos sexuales y reproductivos, tengan una vida sexual responsable, placentera y saludable, eviten los embarazos tempranos y los no deseados, la transmisión del VIH y otras infecciones de transmisión sexual; y tomen decisiones libres, informadas y responsables con relaciona  a su vida sexual y reproductiva y al ejercicio de su orientación sexual.

Si queremos que la reproducción sea responsable, debemos propiciarla. A pesar de haber suscrito este Consenso, el Estado dominicano sigue postergando tener una educación sexual pertinente y de calidad. Y en general, las autoridades permiten el chantaje de las jerarquías religiosas para continuar en la negación de estos derechos. Este documento insta a los Estados donde el aborto está penalizado a considerar la modificación de las leyes y normativas, estrategias y políticas públicas sobre la interrupción voluntaria del embarazo para salvaguardad la vida y la salud de mujeres y adolescentes.  Se establecen compromisos para garantizar el acceso a métodos anticonceptivos modernos, elevar la calidad de la atención y asegurar el acceso efectivo a la atención integral en salud en el proceso reproductivo, atención obstétrica humanizada, calificada, institucional y de calidad, servicios óptimos durante el embarazo, parto y puerperio, y servicios que integren la interrupción del embarazo.

En Lima, además de los informes de cada país, se desarrollaron paneles que abordaron los temas que presentan menos avance hacia el logro de estos objetivos. Se desarrollaron una gran cantidad de actividades paralelas donde la sociedad civil, principalmente organizaciones feministas y organizaciones de mujeres, presentaron informes alternativos, denuncias sobre casos puntuales de violación flagrante a los derechos humanos de las mujeres y confrontaron a los Estados en la necesidad de que el objetivo central de asistir a estos eventos, no sea presentar informes “maquillados” sobre las realidades nacionales; sino por el contrario establecer compromisos serios y permanentes para su cumplimiento. Se escuchaba en la sala “Bertha no se murió, Bertha no se murió, Berta se hizo millones, se hizo millones, Bertha soy yo” (a propósito del asesinato de la líder Bertha Cáceres en Honduras). O un grupo muy grande de mujeres peruanas denunciando las esterilizaciones forzadas que se han quedados impunes. Se escuchaba también “Va a caer va a caer el patriarcado va a caer” ¡Y así será!

La región no va muy bien, se denunció enfáticamente la situación por la que atraviesa Nicaragua, y los   crímenes de Estado cometidos por un gobierno que se convirtió en una dictadura; la situación de Venezuela, cuya crisis ha obligado a tantas personas a migrar; la crítica situación de los feminicidios en Haití  y  Honduras; los evidentes retrocesos en los posicionamientos de Brasil en relación a los Derechos Sexuales y Reproductivos; la ridícula situación del gobierno de Paraguay, con la prohibición del uso de la perspectiva de género (aceptada en múltiples acuerdos de las Naciones Unidas); la denuncia de compañeras de Costa Rica, sobre como este nuevo gobierno, que nos abrió la esperanza con relación a que no haya ganado un fundamentalista anti derechos, parecería que tiene miedo de asumir en su agenda los derechos sexuales y reproductivos; la situación de República Dominicana que sigue sin aprobar un Código Penal que despenalice el aborto por causales; la demanda de Argentina  por la despenalización del aborto como derecho; la realidad de las poblaciones indígenas, afrodescendientes y de Adultas-os mayores; la población joven y sus demandas para ser incluida, escuchada y considerada. Y múltiples situaciones más, una fotografía regional, que no nos desmotiva, pero nos hace saber que falta mucho camino por recorrer y que evidentemente es mejor tener claridad sobre dónde estamos.

Las buenas noticias, también son muchas: entusiasmo en la resistencia, la fuerza, el empuje, la dedicación y la convicción de seguir luchando de las organizaciones feministas. La convicción de que la arremetida fundamentalista, es una reacción de miedo, porque no quieren perder su poder, y una población con derechos y que las mujeres sean libres, les asusta mucho. Avanzamos, la visceralidad de los grupos anti derechos lo confirma.

Concluyó con una buena nueva, se creó un Fondo Regional para que las organizaciones feministas y de mujeres puedan contar con recursos para seguir trabajando. No lo van a impedir, seguiremos construyendo libertad.  Solo pedimos derechos, debería ser tan simple comprenderlo…