La seguridad nacional y los derechos humanos en el caso de la República Dominicana tienen características particulares, que convierte su abordaje en una agenda aún más compleja, si consideramos el débil Estado de Derecho, los problemas de institucionalidad y los altos niveles de corrupción, además del bajo estándar de cumplimiento e implementación de la ley.
La agenda vinculada a la seguridad nacional es aun inconclusa, no obstante las reformas legales que en los últimos años se han aprobado, las cuales no se implementan, no se cumplen y no logran los resultados deseados, generándose un círculo vicioso de modificaciones normativas y nuevos procedimientos.
Ante esta compleja realidad, la profundidad del fenómeno y las amenazas a la seguridad nacional es fundamental, priorizar la aplicación de políticas, planes y programas enmarcados en las buenas prácticas sustentadas en la integridad y el respeto de la dignidad de la persona.
En ese sentido, la aplicación de políticas públicas para garantizar la seguridad y de protección de los derechos humanos, debe ser un proceso integral y coordinado entre diferentes instancias del Estado, entre ellas el Ministerio de Interior y Policía, la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Medio Ambiente Recursos Naturales, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el Ministerio de Educación, la Dirección Nacional de Control de Drogas, las organizaciones sociales, entre otras.
La defensa y la seguridad nacional como política pública del Estado y su ejecución, habitualmente puedencrear niveles de conflicto que puede derivar en situaciones que involucra violaciones de los derechos humanos, en ocasiones soslayando la legitimidad y el derecho de protección de la integridad física de la nación.
Las dificultades que se presentan entre el derecho de las personas y el derecho del Estado a la protección de su territorio y sus fronteras marítimas, terrestre y aéreas, comprueba las tensiones entre las políticas, normas e instrumentos de protección de los derechos humanos y las ausentes políticas de seguridad y defensa.
En la República Dominicana no existe un Plan de Seguridad y Defensa Nacional, convirtiéndose en parte de la problemática y aumentando las tensiones que se generan entre los derechos humanos y la preservación de la soberanía nacional.
En el país es necesaria la definición de un Plan de Seguridad y Defensa que integre a todos los actores y sectores de la sociedad dominicana, cada uno jugando su rol, con sus competencias y funciones redefinidas con todas las entidades del Estado con un papel definitivo en la consecución de los objetivos nacionales y preservando los intereses nacionales. De esta manera, se desarrollará una verdadera política de Estado a largo plazo que involucra no sólo al Gobierno, sino a las demás ramas del poder.
La existencia de la Directiva en Seguridad y Defensa Nacional y su cumplimiento debe conducir al desarrollo de los órganos, instrumentos y medios para hacer efectivo y una realidad un Plan de Defensa y Seguridad en la República Dominicana.
Por cuanto es fundamental la constitución del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, según establece la Constitución, como el órgano consultivo para la formulación de las políticas y estrategias, en la materia para asesorar al Poder Ejecutivo, quien debe promulgar el Reglamento de Aplicación, para normar la composición y el funcionamiento de dicha estructura.
El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional será el responsable del diseño de una política de defensa y seguridad nacional, con una visión de preservación y respeto de los Derechos Humanos, permitiendo reducir los riesgos de posibles conflictos, ayudando a mantener la paz, la armonía y el respeto entre los pueblos.
En ese sentido, se evita las fisuras entre la Seguridad Nacional y los Derechos Humanos y de ahí se desprende la concesión de un plan y estrategia que contemple la protección del Estado dominicano frente a los acometimientos que pueden poner en riesgo la seguridad, considerando el derecho del Estado, sin perder de vista el necesario respeto a los derechos humanos.
La sociedad dominicana debe velar para que cualquier Plan Nacional de Defensa y Seguridad Nacional que se desarrolle en el Estado dominicano, contemple las base fundamentales del principio de la dignidad de la persona propio de un Estado Social Democrático de Derechos.
La comprobación de la existencia de un Estado de derecho supone la presencia de prácticas, costumbres y cultura políticas, que respondan al principio y valores éticos, a la legalidad, identidad nacional y respeto a los derechos de la persona más elementales como son su dignidad.
La definición de lineamientos de una estrategia de seguridad nacional y defensa del Estado tiene que considerar una visión de protección de los derechos humanos, incluyendo además líneas estrategias que permita conocer los parámetro y fundamento en la geopolítica, considerando la condición insular del país, para lo cual es necesario identificar los vectores de amenaza a la seguridad Nacional.
En el proceso de reforma y diseño de política en Seguridad y Defensa Nacional se debe trascender las modificaciones normativas y apuntalar al impulso de medidas o políticas, que garanticen la Seguridad Nacional y la Defensa, como la integridad de las personas que habitan en el territorio.