La primavera del 2004 fue la antesala para la designación del primer Gerente General del Metro de Santo Domingo con rango de Secretario de Estado (Decreto 861-04); posteriormente en el año 2005 se creó a través del Decreto 477 la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), una entidad de carácter transitorio y con el objetivo de diseñar y presentar a la Presidencia de la República un proyecto de Política Integral de Transporte, para su oportuna promulgación, puesta en marcha y ejecución (Articulo 1).

Más de medio siglo han sido testigos de una variedad de propuestas como la antes mencionada, la creación de nuevas instituciones, el financiamiento de unidades vehiculares, exoneraciones a granel, subsidios focalizados, negociaciones particulares, la construcción de una variedad de infraestructuras viales y la puesta en operación de la primera fase del Metro de Santo Domingo (MSD) con un monto aproximado de sesenta y ocho mil millones de pesos dominicanos. A pesar de estos esfuerzos el sistema de movilidad urbana continúa inmerso en el caos, producto de una serie de acciones fallidas y ante la imposibilidad de concentrar los esfuerzos gubernamentales en el fortalecimiento de los medios colectivos de transporte como eje central de la solución definitiva, lo cual contribuiría con la reducción de unidades vehiculares privadas, la disminución del número de accidentes, menos entaponamientos, control en los niveles de contaminación, mayor uso de la ciudad y reducción en el consumo de combustibles.

A través de la puesta en operación de las dos líneas del MSD se apostó por la primacía de los sistemas masivos de transporte por encima de los medios individuales, sin embargo estos esfuerzos millonarios no han impactado en el modelo existente, ya que esta nueva modalidad de transporte solo recorre 27 Kms. lineales tocando parcialmente solo dos municipios de los nueve que componen el Gran Santo Domingo (GSD) y por consiguiente con una oferta limitada a un pequeño segmento de la población residente en el área metropolitana.

De igual manera en términos institucionales continúa la duplicidad en las entidades responsables de conducir el sector, no ha sido posible integrar todas las iniciativas gubernamentales en una sola entidad que motorice el sistema, tal y como se determinó a través del decreto que creó la OPRET el cual señaló entre sus principales funciones la necesidad de realizar estudios para conformar una Autoridad Autónoma y Única del Tránsito y Transporte.

Otra razón que contribuye con la anarquía y el desorden del sistema de movilidad urbana es la ausencia de integración modal pública, que permita vincular los diferentes tipos de unidades de transporte colectivo a nivel de rutas, tarifas, paradas y un billetaje único, que facilite a los usuarios desplazarse por la ciudad con un solo pago. Con esta medida se daría cumplimiento a otra de las funciones establecidas en el decreto que crea la OPRET, el cual consiste en poner en marcha los ejes troncales de la Red Maestra del Sistema Integrado, en acción conjunta con las correspondientes rutas alimentadoras de autobuses y minibuses.

Tenemos el mandato legal y ya tenemos las dos primeras líneas troncales del MSD, solo hace falta la voluntad de construir una única institución que diseñe el Sistema Integrado de Transporte Público, a través del cual se operativice el funcionamiento de las rutas alimentadoras, se sustituya la red obsoleta, se fortalezca la oferta estatal y se invierta con eficiencia los recursos asignados al sector, por el bien de las grandes mayorías y de las futuras generaciones.