¿Qué mejor manera de afianzar una alianza que con la seguridad jurídica? Hoy, podemos decir que la República Dominicana cuenta con una pieza normativa robusta y moderna que prevé los contratos de alianza público-privada, me refiero a la Ley No. 47-20 promulgada el 20 de febrero de 2020.
Finalmente, tras la ardua labor y el empuje del Poder Ejecutivo y de autoridades como Juan Ariel Jiménez, actual Ministro de Economía que junto a un equipo de profesionales de primera trabajaron en la redacción de esta herramienta legal, se logró que las cámaras legislativas aprobaran la posibilidad de realizar contratos medibles por desempeño, con un amplio abanico de oportunidades de innovación en la estructuración corporativa para esquemas de inversión y financiamientos, así como también con la capacidad de avanzados diseños en la asignación y mitigación de riesgo.
Habiendo conseguido lo anterior, el Estado dominicano no se ha dormido en los laureles y ha manifestado que cuenta desde ya con un borrador de reglamento de aplicación a la Ley que pretende poner en consultas públicas a la mayor brevedad. Dicho esto, ahí tenemos el primer paso que sigue, y al decirlo se evidencia que son positivas las expectativas generadas en procura de asentar desde ya buenas prácticas como país. Y es que se ha demostrado que se quiere contar con todas las herramientas posibles que conlleven a determinar proyectos viables por este tipo de contratos, diseñados con pipelines adecuados que presenten calidad y demuestren que están bien preparados.
De igual forma, otro de los pasos por dar y que representan un punto neurálgico en esta primera etapa es la conformación de la Dirección General de Alianzas Público-Privadas, entidad autónoma y descentralizada, creada por la nueva Ley; donde se debe procurar que esté integrada por profesionales capacitados en estos temas, y muy especialmente se exige la idoneidad en la designación del/de la Director (a) Ejecutivo (a). Además, prevalece el compromiso de la capacitación continua de las unidades que desde las instituciones que componen el Consejo de Alianzas Público-Privadas participarán de forma activa en la evaluación de estos proyectos.
Sigue además, contar con un banco de iniciativas de proyectos innovadores, provenientes tanto desde el sector público como privado los cuales son los que realmente darán vida a esta Ley. Asimismo, sigue también promover la preparación de profesionales y técnicos en diversas aéreas que motivados en el desarrollo del país muestren todas sus capacidades para crear iniciativas que respondan a necesidades, con una visión de funcionalidad a largo plazo, sobre todo desde la sostenibilidad medioambiental.
De igual forma, sigue explorar con las alianzas público-privadas sin fines de lucro, siendo esta figura un vehículo contractual novedoso tanto en nuestro país como en la región. De la misma manera sigue, que la Dirección General de Impuestos Internos se involucre en incentivar los beneficios fiscales de las APP. Sigue, atraer inversión extranjera.
En fin, nos queda el compromiso del sector público y privado en aliarse bajo la sombrilla de la seguridad jurídica para trabajar por cumplir metas plasmadas en la Estrategia Nacional de Desarrollo alineadas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.