Los esfuerzos, propuestas y posiciones emitidas por diversos sectores de la sociedad en cuanto a la necesidad de afrontar el estado actual del tránsito y el transporte colectivo en las principales ciudades de la Republica Dominicana se materializan en el año 2017 a través de la aprobación de un nuevo marco legal que actualiza la Ley aprobada en el año 1967.

La nueva pieza normativa apunta a la creación de una institución que iniciara̒ un proceso de integración de todas las entidades públicas que inciden en la movilidad urbana; aunque la Ley 63-17 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la Republica Dominicana solo integra a la Oficina Técnica de Transporte Terrestre (OTTT), la Dirección General de Tránsito Terrestre (DGTT), el Consejo para la Administracion y Regulación del Taxi (CART), el Fondo de Desarrollo del Transporte Terrestre (FONDET) y la Caja de Pensiones y Jubilaciones para los choferes del transporte público, la aspiración es que en un futuro no muy lejano puedan ser parte de esta institución la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), la Oficina Metropolitana de Servicio de Autobuses (OMSA), la Autoridad Metropolitana del Transporte Terrestre (hoy DIGESETT) y los operadores del servicio; incorporando así aspectos esenciales en materia de movilidad urbana que aún permanecen aislados en el escenario actual como caciques solitarios.

Ante esta nueva Ley, se requiere avanzar en acciones efectivas para garantizar la solución definitiva al caos existente en el sistema de movilidad urbana. La creación del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) debe ser algo más que la suma de las instituciones disueltas; la nueva entidad debe ser el resultado de una nueva visión en materia de movilidad urbana, que trascienda la practica sectorial que ha predominado por años y avance hacia la consolidación de una institucionalidad con una mirada integral y sistémica sobre un servicio que es parte del territorio y de la ciudadanía.

La instalación de este organismo rector debe dar paso al diseño de estrategias y acciones que incidan en mejorar el transporte colectivo, a través de la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público propuesto en el año 2004, como complemento a la propuesta de construir el Metro de Santo Domingo. De los cinco aspectos propuestos para ser integrados a través de este sistema, dos de ellos avanzan en su consolidación; por un lado la integración administrativa se aproxima a su articulación a través de la promulgación de la Ley 63-17 y por otro lado la integración tarifaria anunciada por el Presidente Danilo Medina en el discurso de rendición de cuentas del pasado 27 de Febrero ante la Asamblea Nacional.

Esta integración tarifaria, materializada a través de un billetaje único requiere dos procesos de articulación, un primer esfuerzo alineando toda la oferta estatal existente y otro esfuerzo articulando todos los operadores formales e informales que brindan un servicio en la ciudad, para vincular los recorridos de distintas entidades a través de un único pago que debe ser retribuido de manera justa a todos los intervinientes en el proceso de desplazamiento de un pasajero. Este último proceso permitirá fomentar la formalización de todos los operadores, transparentar los costos y alinear toda la oferta público-privada al servicio de la ciudadanía.

Sin embargo, para impulsar la integración tarifaria es preciso avanzar con la integración de modos y servicios, no es posible el billete único sin la identificación de cuales unidades se estarán articulando a través de este único pago. En tal sentido es preciso identificar el tipo de unidades que formaran parte del sistema, definir el punto de partida y llegada de los distintos modos, delimitar los tramos que deben ser recorridos y establecer las estaciones que serán compartidas entre varios modos de transporte.

Al cumplir con los tres aspectos de integración señalados, el INTRANT en coordinación con las sectoriales y los ayuntamientos debe impulsar la integración de los otros dos aspectos identificados en el Sistema Integrado de Transporte Publico; a través de la integración de las políticas gubernamentales y la integración urbana. Cumpliendo así el primer gran desafío de la nueva autoridad en materia de transporte colectivo, como plataforma indispensable para disponer de una oferta efectiva de transporte colectivo, como alternativa a los desplazamientos por las ciudades. Lo cual contribuirá en la disminución de los entaponamientos, la reducción de la contaminación, la disminución de los costos de transporte a nivel familiar y el control de la seguridad vial.