El Consejo Nacional de la Magistratura ha decidido. Ya las Altas Cortes están integradas. Ahora queda documentar y analizar lo ocurrido para seguir tratando de mejorar para las próximas ocasiones y, sobre todo, ejercer la vigilancia ciudadana sobre cada miembro de las cortes, que tienen en sus manos el futuro de la justicia dominicana.

Un primer detalle que no escapa a la vista de aquel que quiera ser objetivo es que la evaluación de los candidatos jugó un papel parcial. No tengo que esperar el acta de la última sesión para saber que a Julio Aníbal Suárez no se le evaluó, sino que simplemente se le separó del cargo por razones que imagino inconfesables, en violación a la Constitución y a las leyes. Tampoco se debe ser un experto consumado para saber que el cv y la entrevista de Rafael Díaz Filpo están a años luz de distancia de las que presentó Cristóbal Rodríguez, pero aquí el criterio no fue de evaluación sino de respeto a un pacto derivado de aquel de las corbatas azules.

El gran problema que deberá enfrentarse en el futuro es de si tomaremos en serio el criterio de la evaluación o lo usaremos solamente para legitimar decisiones previas, como indiscutiblemente ha ocurrido nuevamente en esta ocasión.

Considero que tendremos un pleno de la Suprema Corte de Justicia mejor que el que existía, sobre todo gracias a la obligación de escoger un 75% de los miembros de esta corte de los integrantes de la carrera judicial, pero no puedo aplaudir la forma en que se logró. Estaría aplaudiendo la burla a la que fueron sometidas decenas de personas que decidieron participar en las entrevistas confiando que se elegiría partiendo de la evaluación que se hiciera y en varios casos no ocurrió así. Algunas de las personas hoy escogidas me otorgaran razón sencillamente porque en una o dos ocasiones anteriores fueron ellas las víctimas.

Por ser un abogado en ejercicio en los tribunales del país me convendría elogiar a todos los elegidos. No puedo hacerlo. Mi condición de ciudadano me impide hacerlo. Algunos me comprenderán, otros no. Muchos dirán que mi posición no es políticamente correcta, y es que no comparto la forma en que se practica la política desde los partidos políticos en este país nuestro, querido y sufrido. Por eso no tengo espacio en los partidos y prefiero ejercer la política desde la sociedad civil.

Tengo catorce años criticando a la saliente Suprema Corte de Justicia y sobre todo a su presidente Jorge Subero Isa. Siempre he creído que para elogiar, este mundo está lleno de personas y que la mejor ayuda que se le puede ofrecer a un amigo es señalarle lo que está haciendo mal, pues lo que está bien ya ha sido superado. Espero que también lo entiendan mis amigos y amigas que han sido elegidas para las Altas Cortes.

Hoy que la mayoría de los miembros de la Suprema Corte de Justicia cesan en sus funciones, quiero decirles a esos hombres y mujeres que integraron por catorce años nuestro más alto tribunal, comenzando por Jorge Subero Isa, que son los responsables del cambio positivo más importante que sufriera órgano o poder alguno dentro del Estado dominicano en ese lapso y la mayoría de ellos deben marcharse a sus casas orgullosos del trabajo realizado y con la frente en alto. Fueron muy pocos los que el rumor público calificó de poco éticos, incapaces o no laboriosos.  La justicia de hoy en nada se parece a la de 1997 gracias a su obra, pero hay serios peligros de regresión que los nuevos integrantes y los que se quedan deberán enfrentar.

La justicia constitucional fue una de las debilidades que se le puede señalar a la Suprema Corte de Justicia saliente y su trabajo en esta materia, afectado por la mora y las influencias partidarias, ha sido uno de los motivos que dio lugar al desplazamiento de tales funciones a un nuevo órgano: el Tribunal Constitucional. La Suprema Corte de Justicia perdió legitimidad por la tardanza con que fallaba, pero sobre todo por dejar que influencias indebidas decidieran algunos casos, como el famoso caso Sun Land. Los primeros integrantes del Tribunal Constitucional pueden mirarse en ese espejo y tener la seguridad, la absoluta certeza de que  lo mismo les pasará si no actúan con independencia y oportunidad.

Los nuevos magistrados en las tres altas cortes saben que les corresponderá juzgar, pero no deben olvidar que también serán juzgados.