Los estudiosos del derecho y las relaciones internacionales conocen de la histórica y rica discusión generada a propósito de la existencia o no de un derecho internacional regional y sobre la que parece haber tomado partido el constituyente dominicano, cuando en el artículo 26 de nuestra Constitución proclama que: “La República Dominicana es un Estado miembro de la comunidad internacional, abierto a la cooperación y apegado a las normas del derecho internacional, en consecuencia: 1) Reconoce y aplica las normas del derecho internacional, general y americano, en la medida en que sus poderes públicos las hayan adoptado”; y al adoptar este canon constitucional conecta con los que reclaman un espacio para el Derecho Internacional Público Americano.
Para el Derecho Internacional Público en sentido general, y para el Internacional Publico Americano de manera especial, el reconocimiento internacional de gobierno reviste significativa importancia ya que a través del mismo se proporciona el fundamento de carácter jurídico que permite establecimiento de relaciones en el ámbito político, comercial, cultural, y de cooperación, cuando éste es un reconocimiento de Estado, y el de fomentar las relaciones a través del derecho de legación, cuando el mismo es un reconocimiento de gobierno.
A decir de Ángel D. Ferrás Moreno, el reconocimiento es el acto legal mediante el cual una persona jurídica internacional o la comunidad jurídica internacional, se da oficialmente por enterada de la existencia de otra persona jurídica internacional para mantener con ella relaciones internacionales de cualquier índole. En las condiciones de América latina, en la que eran recurrentes los cambios de gobiernos a través de los golpes de estados militares se desarrollaron dos doctrinas, la Estrada y la Tobar, esta ultima expresó como contenido el no reconocimiento de los gobiernos por vías no constitucionales, doctrina que fuera acogida varias décadas después por la Organización de Estados Americanos (OEA), al adoptar la Carta Democrática.
La Doctrina Tobar, la cual debe su nombre al ex Canciller de Ecuador Carlos R. Tobar, quien en 1906 dirigiera precisamente al canciller de Bolivia una comunicación en la que declara que los gobiernos latinoamericanos, en defensa de la legítima democracia, deben evitar dar reconocimiento a los gobiernos de facto, gobiernos surgidos a partir de acciones de fuerzas.
En ocasión de la celebración de las elecciones del Estado Plurinacional de Bolivia, y de la que resultara electo Luis Arce, tanto el Canciller dominicano Roberto Álvarez, como el Presidente Luis Abinader Corona, emitieron por conducto de sus redes sociales sendas manifestaciones de reconocimiento del presidente electo, señalo el primero que: “El gobierno dominicano felicita al virtual presidente electo de Bolivia Luis Arce, del Movimiento al Socialismo, por su contundente triunfo en elecciones bolivianas. El pueblo se expreso a través de elecciones libres, justas y transparentes; ahora toca la reconciliación nacional”. Posteriormente el mandatario dominicano expresó que: “Felicito a Luis Arce quien manejó con excelencia la economía de Bolivia como ministro y resulto electo presidente en una jornada pacifica y transparente en primera vuelta con el 55% de los votos. Mis felicitaciones al pueblo boliviano por su talante democrático”.
Que el gobierno dominicano manifestara temprana y oportunamente el reconocimiento del nuevo gobierno boliviano apuntala la corriente solidaria para con dicho pueblo, dada las condiciones en que se produjeran las elecciones, bajo un gobierno interino y de facto, y dado que al interior de Bolivia sectores políticos y económicos han llamado incluso a las fuerzas militares para que desconozca las elecciones e impida la ascensión de Arce, quien está llamado a asumirla el 8 de noviembre del año en curso, por lo que bien merece el reconocimiento internacional bajo la sospecha de conspiración y golpe que produjo la salida del gobierno anterior de Evo Morales y de la que no se tienen dudas de que desde la Organización de Estados Americanos (OEA) se promovió. En el pasado, el organismo hemisférico en vez de hacer uso de la Doctrina Tobar del reconocimiento, que mandaba a no reconocer a los gobiernos que fueran el producto de acciones no constitucionales, legitimó el gobierno de facto que desconoció la voluntad popular dominicana del 1963, y que devino en la intervención norteamericana de 1965 a nuestro País, prestando su accionar para legitimar dicha invasión bajo el eufemismo de las Fuerzas Interamericanas de Paz.
La vuelta a la institucionalidad democrática en la República Plurinacional de Bolivia, constituye un paso trascendental para garantizar la democracia en la región latinoamericana, cuestión con la que están comprometidos los Estados democráticos de América Latina, así como para hacer posible la cooperación internacional y el mantenimiento de la paz, propósitos básicos de la comunidad internacional, y de paso actúa en consonancia con el compromiso de actuar en el plano internacional, regional y nacional de modo compatible con los intereses nacionales, la convivencia pacífica entre los pueblos y los deberes de solidaridad con todas las naciones según lo señalado en el numeral 4, del artículo 26 de la Constitución de la República.
Esperemos que las Declaraciones de los jefes de la política exterior dominicana constituyan una manifestación también de buenos deseos para profundizar las relaciones bilaterales entre ambos Estados y Gobiernos.