Es de esperar, que el gobierno que sustituya al del PLD en el 2020, tome una serie de medidas que comiencen a romper el círculo vicioso en que se ha mantenido el país durante décadas y abrir puertas a cambios democráticos.
Un cambio elemental y que, ni siquiera precisa en principio de la reforma al régimen institucional, ni a ninguna ley específica, es la de comenzar a superar mediante la inversión pública la política de pensar el país desde el rasero estrictamente electoral, y de la lógica de la búsqueda de la máxima rentabilidad del capital que motiva a los empresarios privados. Y de esa manera, comenzar a construir una democracia para el pueblo, o de ciudadanos y ciudadanas, si se prefiere esta acepción del liberalismo político.
Hace años, el PNUD denunció la dominicana como una "democracia de electores", en la que la ciudadanía solo cuenta para votar cada cuatro años, y sugería que esta avanzara a darle una participación más esencial en las decisiones públicas y a ser beneficiaria del crecimiento económico mediante políticas sociales.
Inscrita en la democracia de electores, la inversión pública ha estado localizada con fines electorales en algunas provincias donde se concentra la mayor población electoral, en detrimento de otras, que son las más, donde también vive pueblo, ciudadanía, cuyo bienestar debe ser de interés, al menos del Estado. Desde luego, que también el sector privado pone sus miras hacia estas provincias beneficiarias de la inversión pública, porque esta dinamiza la economía, las hace mejor escenario para los negocios.
En lo que va de año, el gobierno habría invertido en la provincia Santo Domingo, el Distrito Nacional y la de Santiago, el 40% de la inversión pública, y las tres juntan el 45.03% de los electores del país. En San Cristóbal, Azua, Bahoruco y Puerto Plata ha invertido en suma el 13%, y en las restantes 25 provincias ha invertido el 47 % para todas, menos de 2 % como promedio en cada una.
Esta concentración de la inversión pública en dos o tres provincias ha sido una constante en las últimas décadas, lo que ha tenido una repercusión en la localización de la pobreza y en la migración interna.
Las provincias y regiones menos favorecidas por la inversión pública, son también, o por consecuencia, aquellas menos atractivas a la inversión privada, lo que puede observarse a través de la actividad de los bancos comerciales. De unos 41 mil empleos en el sector financiero, en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, están concentrados casi el 60%. De las cuentas de ahorro, corrientes y certificados financieros, en esta zona se realiza el 70% del total del país. Y esa es la misma proporción en materia de recursos económicos como financiamientos a través del crédito. Mientras, en toda la región Sur, sólo se percibe un 3% de los financiamientos.
Parte de las provincias donde la inversión pública es exigua, comparten las características de ser de las más pobres y donde las tasas de interés por préstamos son más caras. En Independencia, Bahoruco, Elías Piña, Hato Mayor, Monte Plata, y el Seibo, las entidades financieras prestan a un promedio de 21%. Pero en Elías Piña, ha sido de 24 % y en la provincia Independencia de hasta 26%, según informaciones de la Superintendencia de Bancos.
No obstante, esos mismos préstamos se han obtenido en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo a una tasa de 16%, y en Santiago a 18%.
La búsqueda del beneficio electoral y del económico coincide y domina, y dan de lado al interés por el bienestar del pueblo, de ciudadanos y ciudadanas.
Puede entenderse la perspectiva del sector privado. Pero la del Estado debe ser diferente, e influir con políticas públicas para que el pueblo de estas regiones, que no son mercado atractivo al capital, pueda acceder a financiamientos para la actividad productiva.
Esta es una cuestión importante en la lucha por la democracia que busca la equidad entre los pueblos de las diferentes provincias del país.
Todos los ciudadanos y ciudadanas deben importar al Estado, criterio elemental que puede ser razón para reclamos políticos y sociales, y, en el mediano plazo, convertirse en uno de los argumentos para impulsar una reforma al régimen político – institucional que por lo menos reduzca su carácter centralizado, por caso el presidencialismo, que es la plataforma que sustenta el interés de concentrar la inversión pública con fines estrictamente electorales y de beneficio para el capital.