El Senado debe recibir mañana el informe sobre las observaciones del presidente Danilo Medina relacionadas con el aborto. El debate en relación con el caso ha generado muchas pasiones y posiciones muy radicales. Es preciso establecer frente a tantas actitudes radicales que contrario a lo que se ha pretendido presentar, las observaciones presidenciales no promueven el aborto. Tampoco lo promueven muchas de las voces que endosan la posición del mandatario.
Lo que se persigue es una flexibilización de la ley, de suerte que no se criminalice la interrupción del embarazo en tres circunstancias o causales. Por ejemplo, cuando médicamente se confirme que está en peligro la vida de la madre. No tiene sentido alguno el concepto del “derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte”, si solo se le aplica a la criatura por nacer y no la madre que la lleva en su vientre. La segunda causal tiene que ver con las condiciones del feto, es decir cuando existen comprobadas deformaciones que harían de la criatura un vegetal. Y la tercera, cuando el embarazo es el fruto de una violación o de un incesto, catalogados ambos como un crimen en las leyes dominicanas.
Pero tan importante como esas excepciones, está en juego un derecho fundamental de la mujer, que no puede ser obligada por moral religiosa a tener un hijo que no desea o no ha buscado. Se alega que muchas criaturas con deformaciones e hijas de una violación son hoy factores de felicidad y unión familiar, lo que sin duda puede ser cierto, para refutar las observaciones del Ejecutivo. Pero el mismo derecho que le asistió a esas felices y orgullosas madres, les asiste también a aquellas mujeres abusadas que se resisten a aceptar el alumbramiento de un hijo que no desean.
Se trata de un asunto de Estado, de salud pública, no de moral religiosa. Miles de mujeres mueren a diario por efecto de una ilegalidad que las obliga a ponerse en manos de curanderos.