El título se lo robé a una amiga. Me contó que en su pueblo natal un personaje creó la frase. Nada extraño para quienes entendemos y admitimos un estatus epistemológico del saber popular.
La dialéctica entre el saber episteme y el doxa crea un nuevo conocimiento. Me explico: usted tiene todos los datos estadísticos sobre el hambre, además un marco teórico, pero el campesino sin tierra con el que dialoga la ha sentido en carne propia, la ha vivido, tiene una experiencia. Ambas versiones por sí solas quedan cortas, pero, pero si las unen, seguro que logrará una mayor aproximación al fenómeno que desea entender.
En la vida cotidiana, la frase es una sentencia que generalmente se emplea en el ámbito de la conducta moral, de la ética; particularmente en las situaciones donde la broma, el chiste o una simple tomadura de pelo sirven para infringir una agresión velada. Un ejemplo muy conocido es el de las damas de alta alcurnia que desde sus balcones vieron pasar al presidente Ulises Hereaux, y una de ella vociferó a la otra que estaba pasando una nube negra. Sabedor de que no se referían al clima, Lilis les dijo que no se preocuparan que era una nube de paso.
Algo parecido pasaba en la izquierda dominicana. Al que calificaban de teórico, más que piropo era acusación, una manera de desacreditar la persona para invalidar sus argumentos. La lucha se daba en ambos sentidos, porque ciertamente existían teóricos sin práctica, pero predominaban los prácticos sin teoría, y en ese enfrentamiento, los juegos de palabras servían a unos fines no explícitos en la mayoría de las ocasiones.
Otro caso que me sirve de ejemplo es cuando Pablo McKinney empezó a posicionarse como analista político, repentinamente descubrieron un oficio antiguo en él, y empezaron a decirle poeta. ¡Todavía coge cuerda! Pero como tiene recursos, suele ripostar con un “más poeta es usted” dejando claro que no desconoce la intención del supuesto halago.
El tema se me antoja importante porque el Gobierno nos está apuntado de juego (supongo que para medir la reacción ciudadana) pero si nos descuidamos nos matará de verdad. Entre los diversos puntos de mira, me preocupan dos: las alianzas público privada, y la privatización de varias empresas de servicios públicos. Dos polos de una relación que se retroalimentan mutuamente.
Con las denominadas APP en principio los empresarios tienen todas la de ganar y muy poco o nada que perder porque generalmente son los gobiernos que corren los riesgos económicos y financieros. Frecuentemente se cae el mito de que aseguran costos menores de las obras construidas bajo esa modalidad; la intermediación financiera y las subcontrataciones, entre otras, los elevan. Tampoco se puede afirmar categóricamente que impiden la corrupción política y con ello, se cae de plano uno de los argumentos que posibilitan la alianza entre los dos sectores.
El sector privado pierde ni siquiera cuando se rescinden los contratos, aún sea por incumplimiento. Mucho menos si son empresas extranjeras, porque la disputa no se dirime en los tribunales del país y por lo regular el Estado pierde los casos; las grandes firmas de abogados que les sirven se especializan en garantizar una hermética cobertura legal a sus clientes. En fin, un panorama sombrío si el Gobierno pretende aplicar la misma estrategia de negociación en esos casos. De hecho, en medio de la situación tan complicado en medio de una pandemia, acudir a las APP es extemporáneo porque si el alegato es la falta de recursos financieros, en esta modalidad, en empresariado no mete la mano en su cartera, sino que acude a la banca, intermediación que perfectamente pueden los profesionales del sector público.
Mi otro temor es la declarada intención de privatizar el Instituto Nacional del Cáncer, el Metro, teleférico y la OMSA. En este caso nos apuntó un funcionario cuyo nombre se parece al del padre del psicoanálisis; tal vez por eso se dejó traicionar por su inconsciente. Por suerte la reacción de los ciudadanos obligó al presidente Abinader a desmentirlo. Empero, podemos arriesgar le hipótesis de se trató de un ensayo para paulatinamente ir instalando en la agenda pública una política de privaticación de los servicios públicos. Algo parecido está pasando con el agua.
Con la privatización parcial de los servicios de salud y la educación hemos acumulado bastante experiencia como para no caer en la tentación de universalizarlos. Lo mismo con la energía eléctrica, cuya crisis permanente desde la caída de la dictadura trujillista solo le ha llenado los bolsillos al grupito encargado de aportarnos toda la oscuridad posible en nuestras vidas en democracia. De modo que, desde la perspectiva de los sectores progresistas, coincidir (sin diferenciarse del cartel eléctrico) en la crítica a Punta Catalina es confundir la táctica con la estrategia. Las buenas razones no excusan el infantilismo de seguir atajando para que otros enlacen.
¿Estoy contra la posibilidad de que el sector público y el privado se unan para ejecución de determinados proyectos de inversión? En modo alguno, pero solo en los casos en que no haya duda de la incapacidad técnica y operativa del sector público. Además, existen otras modalidades de intervención que no son las APP. Pero en los casos que sea imprescindible usar esa modalidad, habrá que legislar para tener libre acceso a la información financiera y del proceso de ejecución de las obras. También, conocer en vistas públicas, portal de la internet o cualquier mecanismo, toda la información pertinente para que al menos las comunidades y los beneficiarios tengan derecho a reclamar y hasta pedir la anulación de contratos.
Parecerá un extremismo, pero el diablo está en los detalles, y en los contratos suele esconderte con toda su familia. Solo una ciudadanía activa puede ser el guardián del interés público en medio de una pandemia y una campaña electoral que para algunos funcionarios gubernamentales no ha terminado. Deberían entender que la democracia se consolida cuando la ciudadanía recibe servicios públicos de calidad, y concentrarse en eso.
Nos apuntan de juego, pero si nos descuidamos, nos matan de verdad.