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¿Tarifa o jirafa?

Por Antonio Almonte

¿Cuál es el costo real de la electricidad para cada familia, comercio o industria dominicana?

¿Tiene algún sentido comparar  nuestra tarifa eléctrica con la de otras naciones de América Latina?

Estas preguntas deberían contestarlas algunos conferencistas sobre la problemática eléctrica dominicana.

En primer lugar, el costo final de la electricidad que enfrenta cada cliente en nuestro país dista mucho del monto indicado en la factura mensual que remite la distribuidora

Desde hace décadas, estudios del Banco Mundial han demostrado que la estimación del costo final de un  servicio eléctrico irregular, deficitario, debería incluir los costos de los sustitutos usados cuando ocurren los apagones. Es decir, los costos asociados a las plantitas domesticas, inversores, velas, velones y cualquier otro recurso de generación eléctrica o iluminación individual.

Además, un estimado del costo que acarrea el cese abrupto de una actividad productiva, de comercio o empresa de servicios como consecuencia de los apagones. O el impacto del mayor riesgo de agresión delincuencial o de migración forzada hacia otro sector o ciudad.

En el caso dominicano, esa cuenta sería peor si se cuantificase el efecto sobre la gente del hecho de que el Gobierno tenga que gastar cerca de 1,500 millones de dólares anuales  para subsidiar la quiebra de las distribuidoras. Ese dinero podría dedicarse a incrementar la oferta de empleos, mejorar la seguridad ciudadana y al desarrollo de infraestructuras

Además, el sistema eléctrico dominicano mantiene una tarifa que la propia Superintendencia denomina "tarifa aplicada", que suena a tarifa arbitraria, impuesta. Es un instrumento legalmente huérfano, fuera de la ley, y técnicamente falso puesto que no tiene correspondencia con los costos reales de producción.

Aquí, la tarifa eléctrica ha sido usada para muchas cosas, como, por ejemplo, para justificar o tapar la corrupción y las deficiencias de las distribuidoras. Por ejemplo, para justificar transferencias de dinero desde el Gobierno central hacia las distribuidoras a través del denominado Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica (FETE), la Superintendencia calcula  la diferencia entre la tarifa "aplicada" y otro invento llamado "tarifa indexada", a la cual ningún experto le ha encontrado fundamento técnico.

Nuestro régimen de tarifa es tal, que EDEESTE compra el kilovatio-hora a cerca de 12 centavos de dólares y lo vende al mismo precio que EDENORTE y EDESUR, mas de 20 centavos, a pesar de que estas dos empresas compran electricidad a los generadores a precios muy superiores a los que paga EDEESTE. En resumen, tres distribuidoras que operan en geografías y contextos socioeconómicos muy diferentes y, además, se abastecen mediante contratos con generadores con costos muy disimiles, resulta que venden el producto a la misma tarifa.

Entonces, un sistema tarifario basado en tales falsedades y distorsiones ¿puede compararse con el de Puerto Rico, u otro país sin apagones y con un sistema racional de precios?

Algunos analistas y funcionarios creen que toda oposición a aumento de tarifa obedece a un propósito político populista, demagógico o a la ignorancia técnica. Pero, lo cierto es que lo que el rigor técnico y la sensatez regulatoria demandan es que la tarifa sea limpiada - !por fin!- de tantos disparates, y no seguir empantanados haciendo comparaciones "técnicas" acomodaticias.

En la Habana de los 50s, a papeles como nuestra tarifa eléctrica Tres Patines le llamaba  !jirafa! ! jirafa!

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