“El ir un poco lejos es tan malo como no ir todo lo necesario”- Confucio.
En el artículo anterior comentábamos un trabajo reciente del experto Bernardo Castellanos sobre el subsector eléctrico y sus retos relevantes. Se decía que una de las promesas de los profesionales del ámbito eléctrico del Partido Revolucionario Moderno era la de poner el incremento del precio de la energía en función del logro de un mayor nivel de eficiencia por parte de las distribuidoras de electricidad. Dicho de otra manera, los gastos operativos o corrientes debían componer el 10% de los ingresos de las distribuidoras como meta y condición para proceder con los ajustes de la tarifa eléctrica en sus distintas modalidades.
El asunto es sencillo: si los cobros no pagan las cuentas, entonces debemos recurrir al incremento de los precios del servicio que ofrecemos, ceteris paribus (dejando todo lo demás constante). De este modo miramos para el lado relativamente fácil del incremento de precios finales y dejamos de lado los gastos operativos y un mayor respaldo a las acciones de reducción de pérdidas (para impactar el flujo de caja). Como señala Castellanos “serán aumentos (de la tarifa) sobre aumentos, hasta culminar en una estructura tarifaria donde todos los clientes, no importa su consumo, paguen el mismo precio por el kilovatio de electricidad que consuman, sin importar la cantidad consumida en un mes”.
Los ajustes en los precios de la energía iniciados en este mes que termina (noviembre) y que continuarán durante 21 trimestres consecutivos, ocurren efectivamente en el terreno de gastos corrientes incrementándose, cuando sabemos que estos representan un exceso de unos 200 millones de dólares (unos 11 mil 400 millones de pesos). Entre enero y julio del año en curso el gasto en nómina de las distribuidoras aumentó en 5.6 millones de dólares y la cantidad de empleados fijos y contratados sigue la misma trayectoria. Esta situación eleva el gasto corriente de las distribuidoras a 24% de sus ingresos, esto es, 14 puntos porcentuales por encima de lo prometido en el período electoral.
Los salarios en el nivel gerencial de las distribuidoras son muy altos y quizás podríamos justificarlo diciendo que es la misma Ley General de Electricidad No. 125-01 la que ordena que los salarios en estas empresas sean similares a los del sector privado. ¡Una aberración, considerando los paupérrimos desempeños que han tenido históricamente las distribuidoras! Ciertamente, durante toda su existencia estas empresas se mantienen en precarias condiciones de sobrevivencia con lluvia de subsidios, asistencia internacional y cuantiosos préstamos.
¿Vamos a cargar más a los que menos pueden para que la gerencia de Edeeste y los miembros del Consejo Unificado de las Distribuidoras, que cobran en la nómina de una empresa que presenta niveles de pérdidas cercanos al 50%, reciban salarios brutos de aproximadamente un millón de pesos, esto, incluyendo las compensaciones?
Estamos de acuerdo con Castellanos en que los funcionarios de las distribuidoras deberían seguir, al igual que el presidente Abinader, una clara línea de austeridad, compromiso con el saneamiento de las finanzas públicas y protección del presupuesto de la inmensa población más vulnerable de este país. Por tanto, no deberían poner más carga sobre el burro más endeble de la manada. Por el contrario, deben enfocarse a una drástica reducción del gasto corriente, el incremento de la inversión en la reducción de pérdidas y la búsqueda de oportunidades aprovechables para recuperar por lo menos el punto de equilibrio del flujo de caja.
Somos de la opinión que, antes de aumentar la tarifa eléctrica, una parte no despreciable del problema de las finanzas de las distribuidoras puede ser resuelto internamente. Ahora bien, es cierto que las tarifas deben ser ajustadas para que reflejen las condiciones del mercado en el que se opera (pero excluyendo su claro sentido regresivo actual). También es cierto que existen cientos de miles de familias que necesitan de la mano solidaria del Estado (a través de los contribuyentes) para poder acercarse a mejores condiciones de vida y un efectivo acceso a energía de calidad. Esto se logra con un adecuado y bien pensado programa de subsidios que se focalice en aquellos que lo necesitan y que sea a la vez sostenible, desde el punto de vista financiero.
La gerencia en aprietos de las Edes debería recordar al gran Solón: “La austeridad es una de las grandes virtudes de un pueblo inteligente”.