“Nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir”–Francisco de Quevedo.
Los aumentos en la tarifa eléctrica, planificados para ser concretados gradualmente hasta 2026, son ya un hecho tangible desde la primera semana del mes que corre. Un enjundioso informe sobre la situación del subsector eléctrico, presentado a la opinión pública por el especialista en la materia Bernardo Castellanos, merece ser conocido por la ciudadanía, por lo menos en relación con los siguientes puntos:
- Promesa de poner el incremento del precio de la energía en función del logro de un mayor nivel de eficiencia por las distribuidoras de electricidad y del subsector eléctrico en general (reducción de gastos operativos).
- Defensa del alza del costo de la energía apoyándose en el Pacto Eléctrico.
- Carácter marcadamente regresivo de la anunciada reforma escalonada (desmonte) de la tarifa eléctrica.
- Persistencia del clientelismo y de las ineficiencias operativas en las diezmadas distribuidoras.
Incremento del precio de la energía versus eficiencia operativa. Cuando se apuesta a un cambio, marcar la raya Pizarro entre un pasado de prácticas dolosas, costosas e ineficientes, y lo que se promete como su negación sustancial de índole estructural, es asunto de importancia crucial para el porvenir político de quien se presente como el protagonista del salto. En efecto, si las promesas sobre temas que de manera sensible impactan los bolsillos de los contribuyentes no se cumplen, el destino del proclamado reformador seguramente puede ser igual o peor que el de su antecesor, por lo menos electoralmente (sin incluir medidas de coerción y encerramiento).
¿A qué viene este razonamiento? A la promesa del PRM y del señor Antonio Almonte en 2019 sobre el posible incremento de la tarifa eléctrica. Entre los puntos avanzados entonces por el equipo del PRM en calidad de condición innegociable para proceder con la firma del Pacto Eléctrico, figuraba uno que cobra ahora una inusitada actualidad e importancia.
La número 8 de 10 propuestas a los gestores del Pacto rezaba: El compromiso de no realizar aumento de tarifas hasta tanto las distribuidoras apliquen su reducción de gastos operativos al 10% de sus ingresos. Esta condición es única, muy razonable y retadora: lograr que la participación de los gastos operativos o corrientes de las distribuidoras no sobrepasen el 10% de sus ingresos. Como sus propuestas no fueron aceptadas tal y como fueran expresadas, el PRM con el actual ministro Almonte a la cabeza, no firmó el Pacto. Luego, en el primer trimestre de 2021, firmaron el documento, pero no se cuidaron de enriquecerlo con algunas de sus viejas propuestas relevantes, entre ellas la mencionada.
¿Será que las distribuidoras redujeron sus gastos operativos hasta un 10% como máximo de sus ingresos?
Veamos el comportamiento de las variables relacionadas. El déficit del flujo de caja pasó de US$362.57 millones (20 mil 666.5 millones de DOP) en el primer trimestre de 2021 a US$536 millones en enero-julio del mismo año (30 mil 591,9 millones de DOP: + 9 mil 925 millones de DOP). Las proyecciones del comportamiento de esta variable para todo el año 2021 son inquietantes, tal y como indica en su magnífico reporte Bernardo Castellanos. Parecería que el flujo de caja no está relacionado con nuestro tema, pero no: ese enorme déficit lo que significa es que las distribuidoras no pueden hacer frente a los pagos de 2021 con los cobros de ese mismo año, por lo cual deben buscar apresuradamente nuevas fuentes de financiación: la primera que está a la vista es el incremento de los precios de la energía servida.
El déficit de flujo de caja aparece relacionado con las pérdidas de energía, debido a que a mayores pérdidas menos ingresos, haciendo el mismo o mayor esfuerzo productivo. Durante los últimos años, los niveles de pérdidas (técnicas y no técnicas) pasaron de más del 40% a valores cercanos al 34%. Hoy sabemos que dichas pérdidas rondan el 36%. Es un indicador de que caminamos como el cangrejo, aunque sin algunos de sus empujes instintivos hacia adelante.
No es casual que el nivel de pérdidas se haya incrementado cuando sabemos que la inversión en su reducción se contrajo en US$71.13 millones (4 mil 054.4 millones de DOP) entre el primer trimestre de 2020 y el de 2021. Al mismo tiempo, el gasto en nómina sigue incrementándose, sumando en el presente año US$63.6 millones (3 mil 625 millones de DOP) frente a US$58 millones (3 mil 306 millones) en 2020. En este contexto, surge inevitablemente la interrogante que se hace Castellanos en su trabajo: ¿cómo diablos reducir el creciente déficit en el flujo de caja incrementando las nóminas de las distribuidoras y reduciendo la inversión destinada a frenar o disminuir las pérdidas?
El comportamiento de las variables analizadas indica que la promesa de elevar la eficiencia de las distribuidoras es como una meta imposible para el gobierno del PRM. Con un déficit de caja enorme, una reducción de la inversión en reducción de pérdidas más que sustantivo, un incremento de los gastos operativos y la persistencia o creación de nuevos puestos de trabajo con increíbles sueldos en un subsector cuyo segmento de distribución está en franca quiebra, ¿dónde se guardó la promesa (y la exigencia) del PRM de llevar los gastos operativos hasta 10% de los ingresos de las distribuidoras?
Hoy esos gastos corrientes se sitúan en un 24%: 14 puntos porcentuales por encima del compromiso manifestado públicamente por el PRM en tiempos electorales. ¿Se esfumó la relación eficiencia operativa-aumento de la tarifa eléctrica? ¿Será que es mejor desatar el chicote en las espaldas de los que menos tienen y menos pueden -como dice Castellanos- que mostrar a los electores una labor responsable de reducción de costos y gastos innecesarios, especialmente en lo que respecta al salario de los jeques del subsector?