El Banco Mundial recientemente publicó su informe Doing Business (DB), que como cada año constituye el “buque insignia” en materia de índices para establecer empíricamente la facilidad o no de hacer negocios en una determinada economía. Este evalúa los avances y los retrocesos que los países han implementado en el último año en lo que respecta al entorno de los negocios y promueve que las mejoras sean progresivas y acumulativas. De esta manera, los agentes económicos cuentan con una guía para la toma de decisiones estratégicas. Los gobiernos por igual, con sus preocupaciones sobre atracción de capitales, prestan especial atención a su desempeño.
En el informe dado a conocer el mes pasado ocupamos la posición número 103 de 190 en el índice de facilidad de negocios, justo la misma que el año pasado. Es importante tener en cuenta que este tipo de informes no “queman” ni “pasan” a los países. Más bien, les señalan las prioridades a mejorar para ofrecer un clima favorable a los negocios. Frecuentemente, los países incurren en procesos de reformas y contra-reformas, la mayoría por motivo de coyunturas específicas, algunas con carácter temporal y otras no.
En este punto, observemos una variación reciente en el proceso formación de una compañía en la República Dominicana: al establecerse un capital mínimo de RD$ 100,000 para las sociedades de responsabilidad limitada (SRL), estábamos dificultando la creación de este tipo de empresas. Como medida correctiva, eliminamos el requerimiento de presentar prueba del depósito del capital, lo que quedó reflejado en el informe DB del año siguiente.
En sentido general, según consta en el informe de este año, las mejoras de la República Dominicana se han concentrado en unos indicadores específicos: 1) Manejo de los permisos de construcción (puesto 45 de 190 países); 2) Comercio transfronterizo (puesto 58/190); 3) Registro de propiedad (puesto 82/190); y 4) Protección de los inversionistas minoritarios (puesto 87/190). Vale mencionar, que estaríamos mucho mejor en cuanto al indicador sobre manejo de permisos de construcción, de haber permanecido invariables las tarifas para dichos permisos.
Al otro extremo, pueden verse como prioridades para mejoras: 1) La resolución de la insolvencia (ranking 160/190); 2) La obtención de electricidad (ranking 148/190); 3) El cumplimiento de los contratos (131/190); y 4) El pago de los impuestos (129/190).
Un avance que de seguro se evidenciado en el próximo informe, es respecto al indicador sobre resolución de la insolvencia, con la aprobación en el año 2015 de la Ley No. 141-15 de Reestructuración y Liquidación de Empresas y Personas Físicas. Esta norma, a pesar de haberse promulgado el año pasado, prevé en su Artículo 231 un plazo de 18 meses para su entrada en vigor, lo que debe esperarse para el mes de febrero o marzo de 2017.
Aunque no siempre es tan sencillo convencer a los gobiernos de los beneficios derivados del proceso de reformas, ya que en ocasiones éstos operan bajo incentivos distintos de los agentes privados, existen áreas para sinergias. Tomemos el caso de aquellos países que han introducido facilidades en materia impositiva, tales como la consolidación de los pagos, la posibilidad del cobro electrónico y el establecimiento de los centros de servicios. Estos esfuerzos han simplificado los trámites, pero al mismo tiempo los países han observado un aumento en sus recaudaciones. Por ende, la mejora continua en los indicadores debe verse como un atractivo estímulo para los gobiernos.