Firme

“Ta bien que sí, pero que no”

Por Juan Bolívar Díaz

En octubre del 2011 Amnistía Internacional publicó un informe sobre las violaciones a los derechos humanos en la República Dominicana con el impactante título de “Cállate si no quieres que te matemos”, donde una vez más documentó los atropellos policiales a los derechos humanos de los más pobres de la sociedad dominicana, especialmente las ejecuciones extrajudiciales que aquí se ha bautizado un tanto deportivamente como “muertos en intercambios de disparos”.

No es un invento que muchos delincuentes resisten el arresto, disparando a la policía, en cuyo caso nadie puede esperar que los agentes se dejen matar. Pero es que todos sabemos y se ha documentado de sobra incluso en vídeos que dan la vuelta al mundo, algunos de los cuales han quedado permanentemente en la Internet, que en la mayoría de los casos se trata de auténticas ejecuciones, asesinatos a mansalva a menudo  con abundancia de testigos, hasta en las camas de los perseguidos.

Más allá del primitivismo de esa política, que deja en manos de cualquier policía disponer quién vive y quién no en los barrios policiales, y más allá de la sensibilidad de quienes no se callan ante esas ignominias, está el hecho de que muchas veces los fusilamientos policiales persiguen cerrar y silenciar casos de múltiples implicaciones criminales, como del narcotráfico, que de esa forma quedan como definitivamente juzgados por una nota de prensa de la Policía Nacional, protegiendo a los mayores  responsables.

Es que además resulta absurdo otorgar el derecho a matar a una policía plagada de delincuentes, como queda evidenciado en la alta proporción de crímenes y delitos comunes en que se envuelven sus propios miembros y en los miles que han tenido que ser despedidos por violaciones que no dilucidan los tribunales ni la opinión pública.

En las últimas semanas se han producido acontecimientos conmovedores que seguro figurarán en el próximo informe de Amnistía Internacional, como en los de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y del Departamento de Estado norteamericano. Para mayor descrédito y vergüenza de los dominicanos.

Diputados que instruyen al jefe de la Policía Nacional para que le “den pa abajo” a los delincuentes, cardenal que pide que “les aprieten la tuerca”, jefe policial que decreta la muerte anticipada de perseguido, y se le ejecuta, informes de un comando especial de aniquilamiento y un alarmante incremento de los muertos por la Policía, más de tres mil en la última década, pese a lo cual la delincuencia sigue en incremento.

Esta semana se produjo un acontecimiento realmente insólito, cuando el joven Johancel Martínez Cabrera dijo lo siguiente ante el Juez de Atención Permanente del Distrito Nacional: “La Policía me ha pegado a mi muchísimos muertos. Yo me entregué por medio de la televisión, porque lo que quieren es matarme. No participé en eso que me están acusando, pero si usted me manda para la calle, la Policía me va a matar. Mándeme a La Victoria (la cárcel), déjeme preso para que no me maten”.

La ocurrencia no tiene precedente. Pero resalta hasta dónde ha llegado la política del Estado, que eso es, de ejecuciones al margen de la ley, de la Constitución y de los tratados internacionales. Ahora que el gobierno del presidente Danilo Medina parece empeñado en enmendar obscenidades, cualquiera alberga la esperanza de que disponga punto final a esa política. Que envíe cuanto antes al Congreso el proyecto de reforma de la Policía Nacional que ya tiene listo, y que proclame una forma civilizada de combatir la delincuencia. Que no sigamos indiferentes ante tantos crímenes a nombre del combate al crimen. Como dice la sabiduría popular “ta bien que sí, pero que no”.-

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