Como era de esperarse, las elecciones presidenciales de este año en los Estados Unidos de América (USA, por sus siglas en inglés) han sido tomadas por los Comités Independientes Para Gastos o Súper PACs, pues son un vehículo legal para las corporaciones y los potentados hacer llegar cantidades masivas de dinero a los candidatos y así influir en sus programas políticos.  Se estima que unos doscientos donantes han aportado el 80% de las contribuciones a los Súper PACs.

Por su parte, las contribuciones de los sindicatos en las tres últimas elecciones presidenciales sólo han representado un 7%.  Entonces, si colegimos que en una democracia representativa el éxito electoral es proporcional al gasto en propaganda, no hay que ser un experto en estadísticas para deducir cuales grupos económicos tendrán más peso sobre los candidatos.

Hasta la fecha, el Súper PAC que más contribuciones ha recibido es el llamado  Restore Our Future, que apoya al pre-candidato republicano Mitt Romney. Este abogado, mormón y hombre de negocios hizo su fortuna dirigiendo compañías de capital de inversión privado y fondos exclusivos de alto riesgo.  Hoy en día, las ganancias por concepto de estas transacciones pagan la mitad de impuestos que los salarios.  La campaña del presidente Barak Obama ha propuesto la llamada Regla Buffett que pretende subir los impuestos a las ganancias por inversiones.  Por tanto, no sorprende que la mayoría de las donaciones del Súper PAC de Romney provengan del capital financiero, que constituye una parte importante de la clase gobernante en USA.

Newt Gingrich, l’enfant terrible republicano, también tiene su mecenas político.  Sheldon Adelson es un anciano judío considerado el octavo hombre más rico de USA, que ha amasado su fortuna en el negocio de los casinos.  Ha aportado diez millones de dólares al Súper PAC llamado Winning The Future que apoya a Gingrich.

Poco después de la decisión de la Suprema Corte de Justicia que desencadenó la creación de los Súper PACs, el presidente Obama la condenó publicamente en su discurso del Estado de la Unión con las siguientes palabras:  “La semana pasada la Suprema Corte revocó un siglo de ley que yo creo permitirá a los grupos influyentes, incluyendo a las corporaciones extranjeras, el gasto sin límites en nuestras elecciones.  Pienso que las elecciones no deberían ser financiadas por los intereses más poderosos o, peor aún, por entidades extranjeras.  Deberían ser decididas por el pueblo”.

El presidente Obama mantuvo esta posición hasta hace unos dos meses cuando (en un giro pragmático reminiscente al de Leonel Fernández en 1996) anunció por boca de su director de campaña (Jim Messina) que como los pre-candidatos republicanos estaban aceptando contribuciones exhorbitantes a través de los Súper PACs, los demócratas harían lo mismo (por medio de su Súper PAC llamado Priorities USA Action). No hacerlo equivaldría a un desarme unilateral que les podría costar la victoria electoral.  Es decir, Messina tácitamente reconoció que todo candidato necesita sus multimillonarios.

Nadie duda que el dinero es indispensable para la organización y promoción de una campaña electoral.  El asunto es tener los mecanisnos que eviten la hegemonía de los grupos de poder económico que reduzcan el demos o pueblo a una minoría poderosa y hagan del proceso democrático una patraña.  Las contribuciones electorales excesivas ponen en evidencia  la desigualdad del sistema politico; promueven el abuso de poder; ponen en peligro la estabilidad de las instituciones democráticas y socavan la base moral de la sociedad.  Se corre el riesgo que por desinformación o por falta de opciones, se elija el candidato que no represente los intereses de la mayoría de la población.  Esto se torna más preocupante cuando se piensa que 58% de los paises del mundo son “democracias electorales”.

Quisiera terminar, como Franklin Mieses Burgos, con un párrafo que tenga un merengue al fondo.  Invito al lector dominicano abrumado por el circo electotal que lo acosa, que se dé un paseo por nuestra Ley Electoral bailando un furioso merengue y se detenga (sin dejar de mover las caderas) en los artículos 47 y 55, que versan sobre las contribuciones electorales.  Allí se declara ilícita la intervención directa o indirecta del estado (¡baile!) y de las empresas dentro de la ley de inversión extranjeras (¡cante!), y quedan terminantemente prohibídas la aceptación de ayudas materiales  de grupos económicos, gobiernos e instituciones extranjeras (¡salte!) y de personas físicas vinculadas a actividades ilícitas (¡entone la palabrota que se le ocurra!).  Porque al final, parafraseando a Paul McCartney, la democracia que un pueblo recibe es la que construye.