Para que las elecciones sean consideradas legítimas, se cree que deben existir algunos requerimientos mínimos:  Primeramente que todos los integrantes del pueblo o demos (en este caso, el electorado) tengan la oportunidad de votar y de ser elegidos; que estén bien informados de los programas de todos los candidatos y que cada voto cuente por igual.

Este diseño no tendría muchos tropiezos si ocurriera en condiciones de igualdad política y económica.  Sin embargo, los grupos con poder económico tienen la posibilidad de financiar las campañas electorales y así influir tanto en los programas políticos como en la propaganda masiva de los candidatos.  Esto, junto a la pobreza, la falta de educación y el desempleo imperante en todas las sociedades, previene la participación consciente de la mayoría de la población, llevándola en muchos casos a no votar o a hacerlo en contra de sus propios intereses.

Esta preocupación condujo a la primera reforma electoral firmada en los Estados Unidos de América (USA, por sus siglas en inglés) por el presidente Theodore Roosevelt a principios del siglo pasado.  La reforma, conocida como Ley Tillman, prohibía la contribución directa de las corporaciones a las campañas electorales.  Más tarde, en 1943, la Ley Smith-Connally prohibió las contribuciones políticas de los sindicatos.  Como respuesta, los sindicatos crearon los primeros Comités de Acción Política (PAC, por sus siglas en inglés) para apoyar la re-elección de Franklin Delano Roosevelt de 1944.  A estos comités se les permitía recibir contribuciones voluntarias individuales de los sindicalistas, sin sobrepasar un límite determinado de dinero.  A partir de entonces, estos PACs fueron empleados tanto por los sindicatos como por la patronal.

Durante las elecciones presidenciales de 1972, cinco hombres fueron arrestados espiando la sede del Comité Nacional Demócrata en el edificio Watergate de Washington, DC.  Más adelante se supo que éstos estaban siendo remunerados con dinero de la campaña para la re-elección de Richard Nixon a cargo de John Mitchell.  Como respuesta a lo que se llamó el Escándalo de Watergate, donde se puso en evidencia el uso ilegal de las contribuciones políticas, se creó la Comisión Federal Electoral (FEC, por sus siglas en inglés) para regular las contribuciones y desembolsos electorales y administrar los fondos públicos asignados a los gastos de la campaña electoral presidencial.

A pesar de todos estos intentos de regulación, los gastos de campaña siguieron siendo considerables mediante subterfugios de toda índole. Sin embargo, el año 2010 supuso un retroceso en los esfuerzos legales de frenar las campañas electorales desiguales.  La Suprema Corte de Justicia de USA, argumentando violación de la primera enmienda a la Constitución (sobre la libertad de cultos, prensa y expresión), permitió que tanto las corporaciones como los sindicatos pudieran donar cantidades ilimitadas a los PACs de sus candidatos favoritos para ser empleados en actividades propagandísticas.

Esto condujo a la formación de los Comités Independientes Para Gastos, mejor conocidos como Súper PACs.  Estas agrupaciones pueden aceptar contribuciones ilimitadas de corporaciones, sindicatos y otros grupos; siempre y cuando no sean extranjeros y las actividades propagandísticas del comité no sean coordinadas directamente con las del candidato que apoya.  Como el lector podrá imaginarse, es muy difícil hacer respetar este último requerimiento.  Por ejemplo, los fundadores de los principales Súper PACs han sido colaboradores cercanos de los candidatos.  Mañana abundaremos sobre este tema.