En un Estado de Derecho, que constituye una de las tres dimensiones del desarrollo de la democracia, colocado en la Segunda Generación de derechos, toda decisión o acciones que se emprendan fuera de los canales normativos, de las leyes, de la Constitución, forma parte del autoritarismo. Es decir de todo aquel o aquellos que violan la creación de sus propias reglas. Esa inadecuación, flagelación del contrato social, daña el orden social institucional de una sociedad, lo que origina, aun cuando sea lento, empero inexorablemente, una ruptura, un caos, en todo el cuerpo institucional, social y económico.
La observación de las leyes, de los procesos y procedimientos públicos, constituye la espina dorsal para la construcción de la mayor armonía, mejor cohesión social y un verdadero capital social virtuoso que catapulta la confianza, leit motiv, para el diseño de una visión de país. En el loable Informe del PNUD sobre la Calidad Democrática, el Estado de Derecho, tercera dimensión, éste contiene 4 componentes: Peso y contrapeso, Corrupción, Seguridad Ciudadana y Eficacia del Poder judicial. Esta dimensión bosqueja al mismo tiempo, 21 Indicadores que fueron valorados así: 2, 4 y 15 (Aceptable, Satisfactorios y Deficitarios) respectivamente. Esos enormes déficits es lo que permea y acrecienta el autoritarismo y con ello la inefectividad y poca calidad de la democracia dominicana. El Padre de la economía moderna, Adam Smith, expresó en una oportunidad “El Capitalismo solo funciona si se cumplen las leyes que lo regulan”.
La ausencia en el cumplimiento de las leyes, no importa la jerarquía social, política, económica, deriva en una anomia institucional, la cual se desliza en que alguien con determinado poder “aprovecha” el vacío para el juego de sus intereses personales, particulares, corporativos; pero no para toda la sociedad, para el bien común. Es una verdad de Perogrullo, cuasi un axioma, que cuando se violan las normas, las leyes, los procesos, procedimientos y la Constitución, es para fines robustecidos de opacidad y para ahondar y profundizar en una forma de relaciones de poder de imposición personal, más allá del poder institucional, legal, legitimo. ¡Se puede llegar al poder de manera legal y con las acciones, deslegitimarlo en la praxis, lo que conduce, inevitablemente al autoritarismo!
En República Dominicana, las instituciones vienen cayendo, en el grado de confianza, como en caída libre, sin paracaídas. Verbigracia:
- Policía Nacional 24
- Confianza en el Órgano Legislativo 23
- Confianza en el Gobierno 22
- Confianza en el Poder Judicial 23
- Confianza en las Fuerzas Armadas 40
- Confianza en la Iglesia 68
Esos niveles tétricos, en una democracia nos advierten sobre el crecimiento del autoritarismo. El PNUD en la página 98 del Informe lo expresa así: “El Congreso Nacional, el Poder Judicial y la Policía fueron las instituciones que más confianza perdieron. El Gobierno y las Fuerzas Armadas también perdieron confianza, pero en menor medida. Dado el análisis expuesto en la dimensión de Estado de Derecho, que presentó un alto nivel de discrecionalidad del Poder Ejecutivo, una baja independencia del Poder Judicial y una capacidad débil del Poder Legislativo para servir de contrapeso, la disminución de los niveles de confianza ciudadana respecto a aquellas instituciones encargadas de crear y aplicar las Leyes (Congreso Nacional, Poder Judicial y Policía) aumenta el riesgo de profundización del autoritarismo en el país. Esta hipótesis cobra relevancia sobre todo en un contexto nacional en el que los mayores niveles de confianza institucional se concentran en el Ejecutivo y en las Fuerzas Armadas”.
El autoritarismo es una de las características esenciales, de las dictaduras (Dictadura Constitucional, Limitada, Ilimitada, Dictablandas); independientemente de su caracterización: Tiranía, Despotismo, Autoritarismo. El hilo conductor es que cuando de manera recurrente, sistemática, actuamos con autoritarismo, desde la Sociología Política, en lo público, es porque estamos obrando al margen de la ley. Actuar al margen de la ley y el grado de discrecionalidad, de centralización del poder, nos lleva a una dictadura. Estamos en el tránsito hacia ella, dado que ésta está configurada entre sus caracterizaciones, entre muchas: Cuando los que dirigen no tienen ningún tipo de limitaciones y tienen la facultad, facilidad de promulgar y modificar leyes en función no del bien común, sino de sus proyectos personales. Toda forma autoritaria de gobierno es el caldo de cultivo de una dictadura.
Los símbolos de ello están muy claros: caso de Miriam German, sumamente deleznable y vil; el caso del juez Román Jácquez, Presidente del Tribunal Superior Electoral, es espantoso y propio de una dictadura plena; el caso de las interceptaciones telefónicas (17,637), obvia violación a la Constitución en su Artículo 44. El caso de la impunidad, algo monstruoso, que dibuja el grado de desconocimiento del imperio de las leyes y de la asimetría institucional “a favor” de un poder político determinado. De nuevo, nos referimos al Informe del PNUD sobre la Calidad de la democracia cuando en su página 129 nos dice “La pérdida de confianza en las instituciones de la democracia dominicana es un llamado de alerta. Sobre todo, porque los datos exponen la debilidad del Estado de Derecho, la limitada capacidad de las instituciones democrática para servir como contrapeso, las bajas garantías de derechos fundamentales y el alto grado de discrecionalidad que mantiene el Poder Ejecutivo frente a las otras ramas del Estado. Todos estos elementos construyen un contexto de vulnerabilidad de la democracia dominicana ante situaciones con potencial desestabilizador”.
El autoritarismo es consustancial y medularmente arbitrario, actúa contrario a lo establecido, allí donde impera, en gran medida se cuela el veneno del cianuro, del abuso; donde no priman los valores de la democracia. En el libro Como Mueren las democracias, de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, nos pautan que para disminuir el autoritarismo se requieren dos elementos: “Consenso mutuo y Contención institucional”. El consenso mutuo solo se logra cuando los actores políticos en el poder comprenden la empatía y la resiliencia de la democracia; cuando asumen que la interactuación del poder, más allá de las relaciones de poder, cobran sentido en una democracia, en la medida que escuchamos y discutimos abiertamente las necesidades, deseos y oportunidades de la ciudadanía. La facción del PLD en el poder es visceralmente autoritaria, ora, quizás, por las limitaciones de su líder ora por el peso de su vocación por la imposición desde el poder.
La contención institucional, que es el límite que imponen las instituciones a los distintos poderes públicos, se encuentra en una franja ostensiblemente deficitaria, en gran medida por el acrecentamiento del hiperpresidencialismo y el neopatrimonialimo en los últimos siete años. Una mochila peligrosa allí donde Congreso y Poder Judicial no sirven de peso y contrapeso y donde la corrupción sigue ardiendo ¡El juego es mortal porque la subversión de las normas nos lleva cada día más a un fuerte autoritarismo y con ello, a una desmesura en el dilema: ¡Dictadura, sin signos y sin simbología o la democracia de las calles!