La sociedad de la información y el conocimiento no acepta una desvinculación de la energía y la educación. Es precisamente en la educación que la energía se apoya para que sus usuarios puedan hacer uso eficiente de la misma.

La calidad de cualquier servicio ya sea público o privado está relacionada entre otros factores con la inversión cualitativa y cuantitativa que se realice en el mismo. Esto sucede así, tanto en el sector educativo como en el eléctrico, donde se requieren recursos importantes para mejorar el servicio que se ofrece.  

Ambos sectores se diferencian en la forma cómo se obtienen los recursos para su sostenibilidad. En el caso de la educación pública, es el gobierno quien debe consignar los recursos en el presupuesto nacional como resultado de la recaudación de impuestos; pero en el caso del sector eléctrico, es el pago de los clientes por el servicio recibido que permite la inyección de recursos a dicho sector. En términos del derecho ciudadano, la constitución dominicana en su art. 8, párrafo 16, consagra la educación como un deber del Estado que se convierte en un derecho ciudadano gratuito. En el caso de la electricidad, esta no es un servicio gratuito, sino que el libre mercado rige el comportamiento de este negocio bajo un esquema mixto entre el sector público y privado.

Es bien conocido que tanto el sector educativo como el eléctrico, necesitan cuantiosos recursos para elevar el nivel de sus servicios. Para el año 2010, el sector eléctrico recibió un subsidio de alrededor de US$ 700 millones de dólares y la educación recibió cerca de US$950 millones de dólares como asignación en el presupuesto nacional. En el caso de la electricidad estos recursos sirvieron para completar el déficit de caja de las empresas distribuidoras (Edenorte, Edesur y Edeeste), traducido todo esto en el llamado subsidio eléctrico; y en el sector educativo el presupuesto se utilizó para mantener operando un sistema educativo cuya calidad ha sido muy cuestionada. En ambos sectores, el Informe Global de Competitividad 2011, coloca a la República Dominicana en la posición 132 en calidad del suministro eléctrico y en el lugar 137 en calidad de la educación primaria, de un total de 139 países.

El reclamo que hace gran parte de la sociedad para que se aumente el presupuesto de educación es legal y legítimo. Y el tema concerniente a las posibles fuentes de donde generar dichos recursos nos obliga a incrementar la creatividad y la optimización de los recursos del Estado. La ley de educación 66-97 en su art. 197 indica que el gasto público anual en educación debe ser un 4% del PIB estimado para el año corriente. Partiendo del hecho de que el PIB de la Republica Dominicana para el año 2010 ascendió a US$48,911 millones de dólares y que el presupuesto nacional contempla una inversión en educación para el año 2011 de RD$41,568 millones de pesos, llegamos a la conclusión que para alcanzar el 4% del PIB para invertirlo en el sector educativo, se requerirían alrededor de RD$32,700 millones de pesos lo que equivale a aproximadamente a 850 millones de dólares. 

Si tomamos en cuenta que el subsidio para el sector eléctrico del año pasado superó los US$700 millones de dólares y que la escalda alcista de los combustibles fósiles podrían hacer incrementar el monto del subsidio proyectado para este año; entonces podríamos aducir, que una serie de acciones orientadas a reducir el subsidio eléctrico, podría llevarnos a pensar que gran parte de esos recursos podrían ser utilizados para lograr la anhelada inversión del 4% del PIB en educación. Obviamente, para reducir el subsidio al sector eléctrico deben incrementarse las cobranzas por parte de las distribuidoras, se debe focalizar directa y efectivamente una parte del subsidio hacia sectores muy vulnerables económicamente, pero de igual manera se deben reducir las pérdidas técnicas y no técnicas en el sector eléctrico, las cuales rondan el 40%. Estas pérdidas se traducen en que gran parte de la energía servida es usada de manera ilegal (robo eléctrico). De ahí se desprenden las declaraciones del administrador de la CDEEE, Celso Marranzini cuando afirma que más de un millón de usuarios de la electricidad no pagan el servicio, incluyendo hogares, Mipymes y grandes clientes.

La idea es que si todos los que podemos pagar el servicio eléctrico lo pagamos, se reducirían las pérdidas no técnicas y por ende se reduciría el déficit de las distribuidoras, por lo que aumentaría la calidad del servicio y la cantidad de horas de electricidad que recibiremos todos.

En países como el nuestro, existe una relación de causalidad entre los problemas nacionales. Es por esa razón, que reduciendo las pérdidas en las distribuidoras eléctricas, el gobierno dominicano tendría la posibilidad de redireccionar recursos frescos que necesita el sector de la educación.

Lamentablemente, no es posible hoy en día ser un ciudadano global sin un servicio eléctrico estable, sostenible, y mucho menos sin una educación de calidad. Por tanto, si nos educamos y hacemos conciencia de la importancia del pago de la electricidad, entonces habremos descubierto una de las posibles fuentes para obtener los recursos que necesita la educación dominicana. Es decir, que mejorando el sector eléctrico podemos mejorar la educación.