En el 2003, mediante la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), se definen los regímenes de financiamiento de pensiones en el país (Art. 7). No obstante, a la fecha el régimen contributivo es el único vigente, dirigido a la población en condición de dependencia laboral y financiado por trabajadores y empleadores.
De los otros dos (2) regímenes contemplados en dicha ley, el denominado régimen subsidiado es hasta el 2009 que se empieza a implementar con un plan-piloto de alcance limitado (Resolución 484-01 del Consejo Nacional de la Seguridad Social). Su financiamiento corresponde al Estado dominicano y la referida ley establece que protegerá a trabajadores por cuenta propia con ingresos inestables e inferiores al salario mínimo nacional, así como a personas desempleadas, con discapacidad e indigentes. Mientras que, el régimen contributivo-subsidiado, a la fecha sin entrada en vigencia, permanece en una especie de “limbo”; su razón de ser está en cuestionamiento y se carece de una ruta crítica para su modificación efectiva. La población a cubrir son profesionales y técnicos independientes y trabajadores por cuenta propia con ingresos promedio, iguales o superiores a un salario mínimo nacional, con aportes de trabajadores y un subsidio estatal para suplir la falta de empleador .
“Suficiencia y sostenibilidad de las pensiones en República Dominicana” es el título del estudio realizado durante el año 2019 en el marco de las actividades académicas del Observatorio de la Seguridad Social (OSES). Un espacio multiactores creado a mediados de 2018 por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), acogiendo la iniciativa de la Fundación Plenitud. Su misión es la producción y gestión de conocimiento científico, de manera preferente el seguimiento de indicadores relevantes y la creación de espacios de reflexión e intercambio con miras a mejorar la calidad y el desempeño de la seguridad social en el país.
En el marco del sistema de pensiones, entre la multiplicidad de situaciones a estudiar, por razones de acceso a información y recursos, dado que resulta inviable pretender abarcar todas y cada una de las facetas involucradas en el tema, el estudio en cuestión se focaliza en ¿Cuáles son las perspectivas del régimen de financiamiento vigente de pensiones en República Dominicana, desde el punto de vista de la suficiencia en las prestaciones y la sostenibilidad financiera, que atiendan a criterios de equidad e igualdad en el acceso?. Pregunta relativamente sencilla que, a pesar de su simpleza, está llamada a ofrecer una contribución de calidad al debate informado entre tomadores de decisiones legislativas y de política pública e institucional, agentes económicos, líderes de organizaciones y ciudadanía en general.
Una primera conclusión del estudio, general, pero de relevancia, es que de mantenerse el régimen de financiamiento vigente de pensiones en República Dominicana sin variaciones en la Ley 87-01 y sus reformas iniciales, los cálculos son inequívocos al confirmar el bajo posicionamiento-país en términos de suficiencia en las prestaciones. Una segunda, igualmente general, pero también relevante, es que con la entrada en vigencia de la Ley 13-20, cuyo espíritu se encuadra en un enfoque de capacidad gerencial y funcional, aunque se pudieran esperar mejoras en los indicadores de suficiencia, éstas no resultarían significativas. Adicionalmente, la baja acumulación previsible en las cuentas individuales, podría implicar presión financiera en el Fondo de Solidaridad Social. Una tercera, es que aun en un escenario de revisión y estudio para la modificación integral de la Ley 87-01, como previsto en la Ley 13-20 (Art. 29) podrían persisten diferenciales según sector institucional, género y quintil salarial cotizable.
El principal valor agregado del estudio en su conjunto es el cálculo de indicadores (Tasa Bruta de Reemplazo–TBR y períodos de cotización efectiva) con base en data administrativa y un esfuerzo de medición pionero e inédito (Índice de Suficiencia de las Pensiones en República Dominicana–ISP-RD). Así como, la captura del efecto promedio de cada una de las variables independientes del modelo utilizado, que permite brindar una idea global de la situación presente y posibilidades futuras de las pensiones por vejez en el marco del régimen de financiamiento vigente.
Para tal propósito, se diseña ex profeso un modelo de análisis a partir de Pichardo (1997) y Guerrero (2008), mediante el establecimiento de relaciones entre variables. Por tratarse de un Sistema de Capitalización Individual (SCI), el monto de la pensión es una función directa de la acumulación, variable independiente (X), responsable de la cuantía en el stock del fondo de pensión en la cuenta personal, en cuyo comportamiento y valores inciden un conjunto de factores determinantes o causales de naturaleza endógena y exógena. La variable dependiente (Y), a partir de revisión de literatura especializada (Borella & Fornero, 2009; Durán y Pena, 2011; OCDE/Banco Mundial/BID, 2015 y BID, 2018), se define como el nivel de sustitución de los ingresos provenientes de la pensión por vejez en relación con los ingresos provenientes del trabajo durante la vida laboral activa. Para su mejor comprensión, los cálculos se expresan en función del último salario cotizable.
El estudio se basa en un número acotado de perfiles socioeconómicos (30 en total), diseñados con arreglo a la disponibilidad de información, a partir de la vinculación laboral según sector institucional, esto es: a. Sector privado (SPR), b. Sector público centralizado (SPC), y c. Sector público descentralizado (SPD); género: a. mujeres (M) y b. hombres (H); y, quintil de salario cotizable: desde Q1 … hasta Q5. De tal manera que permite poner en evidencia la heterogeneidad de situaciones, más allá de cálculos propios o de situaciones-tipo, como comúnmente se realizan los estudios de pensiones.
En términos más específicos, los resultados indican que, tanto para las TBR como para el ISP-RD, la rentabilidad de los fondos de pensiones es la variable que podría generar un mayor nivel de impacto positivo. Mientras que, el costo de administración (en lo que atañe a la comisión de las AFP) es la que podría tener mayor afectación negativa De manera que es necesario velar por una rentabilidad real adecuada, lo que implica también el cumplimiento de metas inflacionarias y un costo de administración razonable. La tasa de cotización es la segunda variable o determinante que más impacta, por lo que la aspiración de mejoras en la suficiencia bajo el régimen de financiamiento vigente implicaría un incremento gradual hasta llegar a un parámetro razonable, acorde con las aspiraciones de suficiencia de la población cotizante. La tercera y cuarta variables que en orden de importancia impactan son: períodos efectivos de cotización y evolución de los salarios cotizables, que para el caso en cuestión se observan muy bajos. Finalmente, los resultados arrojan que aproximadamente por cada tres (3) años ganados en la esperanza de vida a los 60 años de edad, sería posible compensar con el aumento de un año en la edad legal de jubilación para tener acceso a la pensión por vejez.
Estos son, a rasgos muy generales, las principales conclusiones del estudio que será puesto a la disposición pública próximamente. Se espera que a partir de su lectura los resultados puedan ser examinadas en su contexto, sin apasionamientos desmedidos y sin búsqueda de protagonismos estériles y desfasados en el tiempo. La estrategia de investigación se basa en una combinación de técnicas e instrumentos socioeconómicos (análisis comparado entre países, entrevistas en profundidad y encuesta en línea) y financiero-actuariales. Como es usual en investigaciones de naturaleza similar, se realiza un rastreo y exhaustiva revisión de literatura especializada y de fuentes de información, mediante la identificación y selección de un conjunto de indicadores y variables y la triangulación entre fuentes e informantes. Amén de una serie de presentaciones previas e instancias de validación, incluido un seminario abierto. El estudio contó con un selecto grupo de colaboradores, la participación ad honorem de informantes por país y de consejeros internacionales, incluidas figuras de renombre mundial.
Se aspira que los resultados claves del estudio, puedan convertirse en una base para la discusión legislativa que conlleve a una reforma social para el ejercicio efectivo del derecho a pensión que, a casi 20 años de entrada en vigencia de la Ley 87-01, se encuentra lejos de satisfacer expectativas razonables para el conjunto de la población. De manera particular, ante el impacto de la COVID-19 y sus efectos en la suspensión de contratos laborales, que plantea la ineludible necesidad de redoblar esfuerzos-país para generar mejoras en la suficiencia en las prestaciones y la sostenibilidad financiera, que atiendan a criterios de equidad e igualdad en el acceso a pensiones en República Dominicana.