Confieso que soy de aquellos que alguna vez creí que a pesar de la ilegitimidad de origen de la Constitución Política Dominicana del 26 de enero de 2010, la misma podía llegar a legitimarse en su ejercicio, sobre todo, con la puesta en vigencia de todas esas nuevas figuras e instituciones constitucionales que en otros países han contribuido a la consolidación de la democracia.
Hoy, cuatro años y medio después, confieso haber pecado de ingenuo por imaginar que el impulso de ese nuevo derecho constitucional podía ir erradicando la concepción absolutista que del ejercicio del poder tienen nuestros funcionarios públicos.
Más bien, ha ocurrido lo opuesto, ya que, en tan corto lapso de tiempo, hemos sido capaces de pervertir muchas de esas instituciones y figuras constitucionales, al punto de limitar su existencia al plano meramente formal y hasta semántico.
Lo anterior, es precisamente lo acontecido respecto del Consejo del Poder Judicial, cuyos integrantes han venido incurriendo en conductas que perfilan un ejercicio despótico del gobierno de la judicatura, y cuyo último acontecimiento notoriamente bochornoso tiene que ver con el traslado inconsulto, sancionador y degradante de dos Magistradas, especializadas en materia penal, a las jurisdicciones Laboral y de Niños, Niñas y Adolecentes.
De mi parte, comparto absolutamente todo cuanto se ha dicho y escrito del buen nombre, la formación y rectitud de las Magistradas sometidas a tan insolente degradación personal y profesional, y, a su vez, suscribo y comparto la infinidad de violaciones constitucionales, legales y del Estatuto del Juez Iberoamericano que tan inconcebible actuación entraña a los principios básicos y esenciales de la Carrera Judicial, no sin entender que de poco han de servir estas críticas y reclamos, si se quiere, de tipo jurídico-formal, ante una problemática que trasciende el hecho puntual de estos traslados, y que más bien responde a la necesidad de infundir terror y miedo a nuestros Jueces, tal cual pasa en las dictadura.
De tal manera, no concibo los traslados de las Magistradas Elka Reyes y Rosanna Vásquez como meras actuaciones aisladas, ni como represalias estrictamente personales en su contra, sino como la ejecución – por parte de determinados miembros del Consejo del Poder Judicial – de una política dirigida al dominio absolutista de toda la actividad profesional de nuestros Jueces, lo que en definitiva terminará destruyendo las muy pocas conquistas alcanzadas a nivel de la Justicia Dominicana.
Aunque muchos prefieran callarlo, los Jueces perciben a diario la instauración de esta cultura del miedo a nivel de la judicatura, lo que, sin dudas, les coarta su libertad de pensamiento, les impide disentir, los obliga a mantenerse aislados o sin gremio que los represente, y los lleva a asumir las rayas que, en ciertas ocasiones, les bajan desde arriba, toda vez que en caso de tener una postura que pudiera contener, si quiera, asomos de independencia y/o enfrentamiento a las posiciones conservadoras de determinados integrantes del Consejo del Poder Judicial, cuando menos, les cuesta un traslado inconsulto y sancionador, y cuando más, una investigación, sino un proceso disciplinario.
Y que se entienda, para nada nos estamos refiriendo a los casos puntuales de Jueces que han cometido y pudieran cometer faltas disciplinarias en el ejercicio de sus funciones, perfectamente sancionables como consecuencia de un juicio garantista seguido a tales fines.
Muy por el contrario, nos referimos a la conducta antidemocrática de ejercer el gobierno, la disciplina y la administración del Poder Judicial para controlar el accionar de los Jueces al margen o con independencia de cualquier conducta que pudiera reñir con las normas disciplinarias de la Carrera Judicial. O lo que es igual, nos referimos a los asomos de la instauración de una dictadura a lo interno de la judicatura por parte de ciertos miembros del Consejo del Poder Judicial, cuya concepción equivocada del ejercicio del poder borra todo asomo de limites jurídicos.
Entonces, cabe preguntarse: ¿Qué hacer ante estos aprestos de autoritarismo en la judicatura?
- Entender estos traslados indiscriminados, sancionadores y degradantes de Magistrados que no han hecho otra cosa más que expresar su libertad de pensamiento dentro y fuera de la función jurisdiccional, como un verdadero atentado a la poca independencia que raras veces exhibe la Justicia Dominicana, toda vez que – únicamente dimensionando el problema en su justa gravedad – pudiera generarse la crítica y acción que logren erradicar estos asomos de dictadura en la judicatura, y así las vejaciones y sacrificios sufridos por las Magistradas Elka Reyes y Rosanna Vásquez, y por todos esos otros Buenos Jueces que siguen – contra corriente – apostando por un Poder Judicial democrático e independiente, no habrán sido en vano o quedarán en el vacío; y
- Esperar que aquellos miembros del Consejo del Poder Judicial que son Jueces previo a la entrada en vigencia del la Constitución del 26 de enero del 2010, es decir, que son Jueces de vasta y prolongada Carrera Judicial y de probada experiencia jurisdiccional, y que además son mayoría decisiva en dicho órgano de gobierno de la judicatura, comiencen realmente a representar a sus pares e impidan el suicidio de su clase, pero sobre todo se pronuncien en contra del amordazamiento de la Justicia Dominicana.
O acaso los miembros del Consejo del Poder Judicial no son también Jueces………….