La sociedad dominicana sigue sin asimilar por completo la gravedad de la amenaza que representa la crisis del coronavirus. Aunque las medidas sanitarias que ha tomado el gobierno se ciñen a los protocolos debidos y parecen bien encaminadas, el impacto económico de la pandemia no está siendo visualizado adecuadamente. Si bien las ayudas prometidas por las autoridades aliviaran por un par de meses la carga de las más vulnerables familias, empresas y trabajadores, no ha surgido la estrategia política necesaria para enfrentar los estragos económicos que sobrevendrán.
Para percatarnos de la necesidad de ese tipo de respuesta basta con repasar las advertencias que vienen de fuera. La OECD ya ha rebajado su pronóstico de crecimiento para la economía mundial de un 2.9% a un 2.4%, con significativas reducciones en las economías de EEEUU, la Unión Europea y China. El FMI, por su lado, ha advertido que la recesión económica mundial que está provocando el fenómeno podría ahondarse y llegar a ser la peor de toda la historia. Ante una reciente teleconferencia del G-20 el FMI advirtió: “Proyectamos una contracción del producto mundial en 2020, y una recuperación en 2021. Cuán profunda será la contracción y cuán rápida la recuperación dependerá de la velocidad de contención de la pandemia y de la solidez y coordinación de nuestras medidas de política monetaria y fiscal.” La institución insta a los países a tomar “medidas decisivas” contra las secuelas económicas de la pandemia.
El Banco Mundial, por su parte, estima que “más allá del grave impacto sanitario de la pandemia, prevemos que la economía mundial enfrentará una gran recesión.” “Es fundamental reducir el tiempo de recuperación y generar la confianza de que los niveles de recuperación pueden llegar a ser elevados.” Para America Latina y el Caribe, la CEPAL “estima una contracción de -1,8% del producto interno bruto regional, lo que podría llevar a que el desempleo en la región suba en diez puntos porcentuales. Esto llevaría a que, de un total de 620 millones de habitantes, el número de pobres en la región suba de 185 a 220 millones de personas; en tanto que las personas en pobreza extrema podrían aumentar de 67,4 a 90 millones.”
Asimismo, otras agencias predicen un “negro horizonte”: “La OPS destacó que la crisis va a «empeorar» y el BID señaló que la «vulnerable» economía de la región será una de las principales víctimas de la pandemia. La situación por el coronavirus va a «escalar y empeorar» en América hasta llegar al pico de contagios, probablemente en «uno o dos meses», dijo sin rodeos este martes la OPS.” Y hasta el expresidente Fernandez ha pronosticado una severa recesión económica mundial.
A nivel local, las advertencias de los economistas sobre las perspectivas sombrías de la economía son igualmente alarmantes. El exgobernador del Banco Central Lois Malkun nos señala: “Hasta ahora y con apenas 20 días desde que se tomaron las primeras medidas para controlar el virus, la economía dominicana puede haber perdido un 2% del PIB. La recesión en el 2020 es un hecho porque aún falta mucho tiempo para volver a la normalidad, sin contar que tampoco eso depende de nosotros sino del país que en este momento tiene el mayor número de infectados a nivel mundial. O sea, que las remesas, el turismo, las zonas francas, las exportaciones y la inversión externa, seguirán en caída libre mientras Norteamérica no supera la pandemia y su economía se restablezca.” Este diagnóstico es refrendado por el economista Ng Cortinas y sin duda refleja el colapso de la economía de nuestro principal socio comercial (EEUU).
Estamos pues en el umbral de una recesión económica inevitable para lo que resta del año. No hay escapatoria a un desbarajuste de las finanzas publicas por efecto no solo del gasto fiscal que demanda la pandemia sino también porque la contracción económica significa una caída significativa de las recaudaciones fiscales. Aun cuando las autoridades han adoptado un amplio abanico de medidas de estimulo para el aparato productivo, la recuperación del consumo y la demanda agregada será lenta e incierta. Porque esta situación presenta un enorme desafío a la gobernanza del país –lo que implica a su vez una amenaza a la institucionalidad democrática– se requiere que el liderazgo político aúne criterios y esfuerzos a fin de construir la estrategia de respuesta requerida por las circunstancias.
No se trata de materializar un “gobierno de unidad nacional” ni de pedirle a las actuales autoridades que abdiquen funciones y transfieran responsabilidades. En tiempos normales, el reto seria enfrentado por el gobierno en el marco de sus atribuciones constitucionales. Pero la coyuntura es muy suis generis porque estamos en un periodo electoral, con las elecciones presidenciales y congresuales a vuelta de la esquina. Esta delicada situación es agravada por el hecho de que las encuestas dan al partido mayoritario de la oposición (y sus aliados) como los posibles ganadores de la próxima contienda. La coyuntura amerita, por tanto, que, sin abdicar sus prerrogativas, las autoridades por lo menos coordinen sus decisiones económicas más trascendentales con la oposición.
Se impone un dialogo económico entre el gobierno y el PRM para diseñar, con espíritu patriótico, una estrategia para lo que resta del año. Esta estrategia debe comenzar por acordar una decisión sobre la fecha de celebración de las próximas elecciones. Los otros dos grandes componentes de la estrategia requerirían acordar una reformulación presupuestaria y una decisión sobre la cuantía de recursos externos que serán necesarios para solventar la crisis. Naturalmente, las disposiciones de la estrategia acordada tendrán que asumir un periodo prudente para la duración de la pandemia y la posibilidad de que, aun antes de que existan vacunas para su prevención, vuelva a aparecer.
Varias voces han pedido la posposición de las elecciones. Entre ellas sobresalen los siete partidos que componen el FOPPPREDOM, el presidente del BIS y otros voceros partidarios. El PRM no favorece la posposición de las elecciones y hasta el mismo partido de gobierno ha declarado extemporánea la discusión al respecto. Pero frente a la calamidad pública que representa la pandemia y a sus dislocaciones económicas conviene darle un respiro a la agenda electoral y posponer, preferiblemente hasta el domingo 5 de julio, las elecciones venideras. Según la Ley Orgánica de Régimen Electoral No. 15-19, la JCE tiene las atribuciones para disponer esa posposición (tal y como lo hizo con las municipales). Pero si el Articulo 209 de la Constitución debe reformarse, una modificación constitucional exclusivamente para eso se derivaría del dialogo. El PRM no debe temer a que tal cosa lo ponga en desventaja.
La reformulación presupuestaria, por su parte, iría de la mano con la contratación de un préstamo con las agencias multilaterales (FMI, Banco Mundial, BID). Pero en esto el PRM deberá respetar la prescripción de prioridades que el gobierno ha formulado para el ano. La discusión procuraría determinar la cuantía de los recursos faltantes para cumplir con esas prioridades y llenar los huecos causados por la pandemia. El gobierno, por su parte, se comprometería a un estricto cumplimiento de las disposiciones presupuestarias y a no desviar fondos para fines electoreros.
Como la calamidad que confrontamos tiene un cariz social y otro económico resulta conveniente que el dialogo se materialice en el seno del Consejo Económico y Social. Debido al delicado estado de salud de su actual presidente se optaría porque el acompañamiento sea de tres entidades: CONEP, Participación Ciudadana y Foro Ciudadano. Para presidir las sesiones se escogería alguien de mutuo acuerdo entre estas entidades. Quien escribe favorecería que fuera Isidoro Santana por las prendas de integridad personal y experiencia gubernamental que lo adornan.