Ciento veinte presos políticos, recluidos en la cárcel La Modelo, la mayor de Nicaragua dieron inicio la pasada semana a una huelga de hambre indefinida, declarando que viven bajo constante amenaza y que mantendrán la misma hasta que sean liberados. Al mismo tiempo, exhortan al pueblo nica a continuar e intensificar las protestas en las calles contra el gobierno de Daniel Ortega y su consorte y vicepresidenta Rosario Murillo.
La misiva fue sacada de manera subrepticia del penal, ya que los firmantes llevan semanas y meses privados de todo contacto con familiares y abogados. Fue por esos canales que llegó a manos de Marcos Camarena, quien es Secretario Ejecutivo de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, quien la dio a conocer públicamente y la hizo llegar a la prensa internacional.
Es otra fase del intenso drama que vive el pueblo nicaragüense desde que a mediados de abril de este año, se desataron una serie de protestas contra las modificaciones a la ley de seguridad social. Con participación activa y mayoritaria del estudiantado, el movimiento derivó a reclamar de Ortega y Murillo anticipar las elecciones, para presentarse nuevamente como candidatos y ganar las cuales el binomio apeló a toda una serie de triquiñuelas legales.
Hasta ahora el conflicto ha provocado alrededor de 440 muertes, en su gran mayoría a manos de grupos paramilitares organizados por el propio gobierno que han contado con el apoyo del cuerpo policial. Las agresiones han alcanzado inclusive a altos prelados de la jerarquía católica que ha estado tratando de mediar entre las partes a fin de buscar una salida incruenta a la crisis. El ejército discretamente se ha mantenido al margen y abstenido de participar en la política represiva del gobierno.
A comienzos de la pasada semana, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, rindió un informe acusatorio contra el gobierno de Ortega y Murillo, al que responsabiliza de haber llevado a cabo una brutal política de violenta represión contra las manifestaciones de protesta. La respuesta de Ortega ha sido rechazar de plano el informe y ordenar la salida del país del Comisionado y su equipo de trabajo. Pero así como el sol no puede taparse con un dedo, la evidencia de las muertes, los presos políticos y el clima de persecución resulta inocultable.
Hasta hora, Daniel Ortega, quien de legendario combatiente contra la dictadura de Anastasio Somoza ha derivado en un aventajado émulo del mismo, instaurando un régimen similar de abusos, atropellos y desconocimiento de los derechos humanos y libertades civiles en su obstinado afán por mantener el poder a toda costa, ha cerrado todas las puertas a una posible salida democrática, lo que lamentablemente lleva a presagiar un turbio y aciago futuro inmediato para el pueblo nicaragüense.
Durante la funesta etapa trujillista, el pueblo dominicano y los luchadores que desde el exilio mantuvieron encendida la antorcha de la rebeldía, siempre contaron con la solidaridad de los gobiernos y pueblos democráticos de la región y el continente. Ahora es momento preciso para devolver el gesto.
El pueblo nicaragüense requiere de esa misma solidaridad, al igual que el venezolano. Una República Dominicana democrática no puede mostrarse indiferente ni ser remisa en brindárselas.