Las estadísticas sobre las mujeres haitianas que cruzan la frontera para parir en hospitales dominicanos, no serían tan preocupantes si no existiera el criterio en sectores de opinión pública y en organismos internacionales de que por esa razón sus hijos deben ser inscritos en el Registro Civil como dominicanos. El espíritu de humanidad que acoge a esas parturientas no conlleva obligación adicional. La República Dominicana no puede cargar con el peso de la irresponsabilidad de su vecino, porque tiene también sus propios problemas y son limitados sus recursos.
De hecho, no es un secreto, la acogida que se les da a esas parturientas va en detrimento de la capacidad de nuestros hospitales para atender los partos de las mujeres dominicanas. Y buena parte del presupuesto del Ministerio de Salud para ese renglón se consume en atender a las haitianas que no encuentran en su propio país facilidades para dar a luz en condiciones higiénicas, como se les ofrecen en esta parte de la isla. De manera, pues, que se trata de un problema que amerita la pronta atención debida, ya que tiene el potencial de un explosivo.
A largo plazo, estas facilidades de carácter humanitario terminarán perjudicando a los haitianos, porque sus gobiernos darán por sentado, como parece que ya ocurre, que la obligación de atender las necesidades de su pueblo es también responsabilidad dominicana. Es decir, si las haitianas pueden dar a luz en hospitales dominicanos en buenas condiciones y además sus hijos deben ser inscritos como ciudadanos de este país, el compromiso ante su propia gente será cada día menor y eso traerá serios problemas a ambas partes.
No estamos ante un caso simple de solidaridad. Las reacciones que la magnitud del problema ha originado, reflejada en editoriales y titulares de los medios, nos advierte sobre las raíces de un conflicto cuya dimensión podría escaparse de nuestras manos.