Esta semana ha sido terrible para la institucionalidad, la independencia del Poder Judicial y por supuesto, el Estado de Derecho. El lunes 4 de marzo de 2019 el país presenció un ataque feroz, fuera de los cauces legales y democráticos, del procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, en contra de la magistrada y presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Miriam Germán Brito.

Jean Rodríguez para intentar enlodar la reputación y trayectoria de Miriam Germán Brito sacó debajo de las mangas unas denuncias “anónimas” sobre supuestos encuentros de la magistrada Germán con abogados y con Víctor José Díaz Rúa, imputado en el caso Odebrecht.

Estas denuncias anónimas, hechas por “dos ciudadanos” según Jean Alain, son inadmisibles en la fase de entrevista de la evaluación de los jueces de la SCJ que realiza el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y por demás, una violación flagrante al Reglamento núm. 1-17 del CNM y por supuesto, al derecho de defensa de la magistrada Germán.

Contrario a lo que algunos pocos podrán decir, contra Miriam Germán no hubo un ejercicio democrático de cuestionamiento a sus funciones pues lo que hizo Jean Alain Rodríguez se sale del ámbito reglado de estas evaluaciones.

En efecto, el artículo 26 de dicho reglamento señala puntualmente dos cosas: 1.-Hay un plazo para presentar las objeciones al CNM y que éste las comunique al aspirante para su debida respuesta; y 2.-Nunca podrán ser anónimas. Tanto el plazo como la prohibición del anonimato del denunciante fueron omitidos por el procurador general y por tanto, violando el reglamento al traer un elemento sorpresa al debate y con ello vulnerar el derecho de defensa de la magistrada Germán Brito.

Lo peor es que intentando aclarar la situación, el Ministerio Público ha oscurecido más el panorama

Pero la agresión de Jean Alain Rodríguez en contra de Miriam Germán tiene un trasfondo terriblemente preocupante para la institucionalidad democrática. El procurador general básicamente reveló que espía -porque no sabemos si ha cesado- a la magistrada Germán Brito.

El director del Ministerio Público y principal encargado en la elaboración de la política criminal y la persecución del delito, espía a una jueza de la SCJ. El ciudadano anónimo es el Gran Hermano de la Procuraduría General de la República. ¡Eso es un escándalo de escala mayor!

Nadie se cree eso de que fue un ciudadano anónimo que hizo una denuncia con tantos detalles y precisiones, molesta demasiado que intenten maltratar la inteligencia de la gente. A veces uno no sabe si algunos funcionarios de alto rango piensan que la gente es tonta o si se trata de un burdo cinismo, quizás lo último en este caso.

Evidentemente que todo esto también supone la violación al derecho a la intimidad consagrado en el artículo 44 de la Constitución; pero más aún, el espionaje en contra de Miriam Germán Brito también supone un atentado en contra del sistema de justicia, que de por sí está aquejado y enfermo de miedo. Es el uso abusivo de las agencias de inteligencia para amedrentar desde el Poder Ejecutivo a los demás poderes del Estado.

Si la persecución de parte de “ciudadanos anónimos” se hace con naturalidad en contra de una jueza suprema, ¿qué no harán en contra de los demás jueces del país?¿Quién puede ahora confiar en que los demás jueces no sean sometidos en la cotidianidad a las arbitrariedades y extorsiones de una Procuraduría General de la República disgustada con fallos?¿Habrá Jean Alain implementado un protocolo de espionaje y extorsión para los jueces que le fallan en contra al Ministerio Público?

Lo peor es que intentando aclarar la situación, el Ministerio Público ha oscurecido más el panorama. Con la rueda de prensa de antes del miércoles quedó demostrado que la intención de Jean Alain Rodríguez no era esclarecer ni que la verdad saliera; sino dañar, como dijo Miriam Germán. Usar datos de otro caso para sorprender y dañar es definitivamente un abuso de poder.

Jean Alain ha empañado el proceso actual de escogencia de los miembros de la SCJ al violar el reglamento del CNM y revelar que espía a una jueza suprema, esparciendo el miedo a los demás jueces del sistema. Estos hechos malogran más el sistema de justicia y son suficientes para que el Congreso Nacional actúe como contrapeso.  Jean Alain Rodríguez debe ser destituido por abuso de poder y violación a derechos fundamentales de la magistrada Germán Brito. Una persona decente, con el mismo cargo y la misma situación, posiblemente habría renunciado.