Opinión

Solidaridad con el gobierno

Por Eurípides A. Uribe Peguero

Estoy colocado en la “acera del frente” y no suelo escribir para aprobar decisiones o medidas que tome el gobierno. Para eso, el gobierno y el PLD cuentan con voceros muy bien recompensados y obviamente, no soy uno de ellos. Pero me he pasado el tiempo criticando la indiferencia del Estado dominicano ante las desconsideraciones y embestidas injustas de algunos sectores haitianos y pro-haitianos con respecto a la República Dominicana, especialmente en lo relacionado al problema migratorio y el intercambio comercial. Si a raíz de la nueva embestida diplomática de los haitianos con respecto a la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, el gobierno está tomando medidas apropiadas para defender la dignidad nacional, entonces hay que reconocérselo.

Aunque reconocidos periodistas y otras personalidades rechazan esta disposición o ven con desconfianza el resultado de las medidas que se toman para su aplicación, favorezco sin mezquindad tanto el veredicto como los intentos que se hagan para hacerla efectiva. Necesitábamos reglas firmes  para el manejo legal de la profusa inmigración irregular que recibimos y ya las tenemos.

No pienso que necesariamente la Sentencia del TC sea perfecta. En su redacción hay puntos oscuros, algunos, cuyo sentido se puede manipular a las peores interpretaciones, especialmente los concernientes al otorgamiento de la nacionalidad dominicana. Sin embargo, lo más criticables de esta disposición es la tardanza con la cual se produjo. Es claro que si la Ley General de Migración (285-04), el Reglamento de su aplicación (Decreto 631-11 del 19 de Octubre del 2011) y esta disposición del Tribunal Constitucional se hubiesen producido quince o veinte años atrás, el impacto negativo no hubiese sido tan sensible y traumático. En ese punto las autoridades dominicanas tienen mucha culpa de la situación que ahora se produce, pero en cualquier modo, ya tenemos una Ley, un Reglamento y la Sentencia del TC que precisa puntos esenciales, especialmente sobre el problema de los inmigrantes ilegales. Esta estructura normativa, aun con sus lagunas, contiene las reglas que el Estado dominicano establece para que se regule la inmigración que recibe, en su mayor parte, ilegal.

Nadie cuestiona cuando 400 mil inmigrantes ilegales son deportados cada año de los Estados Unidos, ni las rígidas normativas implementadas para otorgar su nacionalidad a los inmigrantes (aunque soberanamente la otorgan por nacimiento). Nadie cuestiona los vejámenes que sufren los inmigrantes ilegales procedentes del Norte de África y Latinoamérica cuando llegan a España, como tampoco se criticó su Ley de Extranjería  (Ley Orgánica 4/2000 del 11-1-2000), sus Modificaciones y  Reglamento de Desarrollo para aplicarla. Otros países toman medidas legales que a veces afectan a los inmigrantes, pero es un asunto soberano que nadie puede criticar. Hacerlo sería una intromisión en los asuntos internos de esos países.

Actualmente en Estados Unidos se debate la aprobación de una reforma migratoria que podría beneficiar los inmigrantes ilegales, pero ésta, después de ser aprobada por los Senadores, encuentra una fuerte oposición en la Cámara de Representantes. Cualquiera sea el resultado de ese debate, el mundo entero debe acogerla porque será una decisión soberana del Congreso Norteamericano que hasta el Presidente Obama tendrá que acatar. En nuestro caso, la sentencia del Tribunal Constitucional, fue un veredicto del más alto tribunal constitucional dominicano. Cuando  ONGs, Haití o cualquier otro país, rechazan esa sentencia, se entrometen groseramente en nuestros asuntos internos, negando nuestros derechos soberanos. Esta sentencia ha sido producida por un Tribunal que se supone independiente del Poder Ejecutivo y al mismo tiempo, de cualquier influencia externa, ningún país debe cuestionar su contenido y no es posible revocarla.

El lobismo de la diplomacia haitiana y una “caterva de ONGs dedicadas a desprestigiar a la Republica Dominicana” están consiguiendo apoyo en la comunidad internacional y en entidades influyentes que pueden afectar la imagen de la República Dominica o procurar algún tipo de sanción con cualquier justificación. Y parecería que ese apoyo se produce en base a tergiversaciones sobre los alcances de la disposición del TC.

Me parece oportuno y correcto que el Presidente decidiera acatar la sentencia 168-13 del TC después de reunirse con el Consejo Nacional de Migración y que luego haya tenido una reunión con los Embajadores acreditados en el país el día 25 de Octubre para informarle los detalles  y alcances de esta disposición. También es correcto que haya designado una Comisión para aclarar en los escenarios internacionales las interpretaciones erróneas que se le están dando, especialmente en lo referente a la nacionalización. Merece destacar  la excelente participación de esta Comisión ante el Consejo Permanente de la OEA este 29 de Octubre, especialmente la del Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, quien planteó con firmeza la disposición del gobierno para “el estricto respeto a la institucionalidad, y buscar una solución humanitaria a…. los afectados”, mientras que el Canciller haitiano decía en su ponencia, “el fallo afectará a más de 200 mil inmigrantes haitianos que quedarán en condiciones  de apátridas”, dejando al descubierto las contradicciones en su posición, ya que si son haitianos, no son apátridas.

El gobierno merece el apoyo en esta actitud que defiende la dignidad nacional y nuestros derechos como nación independiente.

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