El Presidente Danilo Medina se encargó de recordar, el 27 de febrero, durante su rendición de cuentas la Asamblea Nacional, que el Estado y la Barrick Gold son socios en la empresa de explotación del oro de Cotuí.
Bueno que lo hiciera. Sería mucho mejor si lo refiere todos los días y si, bajo ese derecho, su gobierno actúa con presteza sin perder de vista ni un segundo a su socia desleal. Porque, pese a ello, yo, que presumo de informado, no ceso de pensar en: ¿Socio de qué?
Y como yo, muchísima gente.
Las inconductas de la transnacional canadiense obligan a pensar en que sus ejecutivos distan mucho de considerar como colega al Gobierno. Actúan como una mamá pegona tradicional que grita y maltrata a su hijo malcriado, o al bueno que le reclama por sus malos pasos.
Será así mientras la población carezca de una conciencia plena acerca del impacto de los daños irreparables causados por la minera a las entrañas de nuestro territorio; es decir, a la riqueza del pueblo dominicano. Mientras haya opinantes celebrando, de manera abierta o implícita, sus actos delictivos a cambio de que les bañe el caudaloso río de dinero que recorre cada rincón de la República Dominicana con el objetivo de ablandar con su humedad las voces críticas al latrocinio.
Ponerse del lado de la “Barrigol” por unas monedas representa un acto conspirativo en contra de las aspiraciones de bienestar social y de la soberanía nacional. Y eso, en cualquier país que se respete, se paga o con la pena de muerte o con varias cadenas perpetuas, que es más o menos lo mismo. Aquí, sin embargo, ocurre de manera olímpica.
La nación vive preñada de gente coqueta, sinvergüenza y oportunista que acepta cualquier propuesta indecente “aunque se hunda la isla”, y luego pontifica sobre los padres de la Patria, transparencia y corrupción. Son simuladores de tomo y lomo que se aprovechan del hervidero para negociar lo suyo.
La única y abismal diferencia entre esa especie y los criminales callejeros de los que se agarra el gobierno canadiense para advertir a sus ciudadanos que no visiten nuestro país, es que éstos matan a un ciudadano o ciudadana inocente, y la plaga en cuestión, con los cómplices internacionales incluidos, mata a la sociedad.
Frente a una empresa extranjera que, además de exprimir nuestros metales preciosos y no preciosos, resulta bravucona, mañosa, desleal y chantajista, la República no debería presentar fisuras. La actitud correcta ha de ser el rechazo generalizado de todos los sectores, sin medias tintas, y la ruptura definitiva del contrato.
De nada nos sirven las riquezas naturales si carecemos de dignidad. Y la dignidad nada tiene que ver con el tamaño del territorio ni con el poder del dinero, sino con una postura indoblegable contra quienes hurtan lo nuestro.