El Estado se define como la sociedad políticamente organizada. El Estado no es la sociedad, pero la contiene, sobre todo, en el cuerpo de los territorios públicos y en los entes privados, en la medida que abarque con sus decisiones a otros actores. La sociedad trasciende al Estado. De ahí que para crear un armazón más operativo tenemos desde la sociedad: la Sociedad Política (el Estado) y la Sociedad Civil (lo privado), ambos son dimensiones de la vida social.
La democracia como construcción social, tanto en su Régimen Político, como en su Sistema Político, opera en su fase primordial sincronizando a ésta para su armonización, en tres peldaños cruciales: Legalidad, Proceso y Resultado. Vale decir, la democracia no es mayoría en sí misma como campo doctrinario; para que esa mayoría asuma su plenitud tiene que contener como prerrequisito su base legal; de lo contrario, esa mayoría no tiene legitimidad por su origen, que en este caso, sería la base legal que la ampara, su raíz. La democracia, deviene hoy también, por su Proceso, esto es, de cómo transcurre todo el accionar de un hecho, de un fenómeno, a la luz de los procedimientos que genera la base normativa. Por último, y no menos importante, porque implica, la evaluación, la valoración de los sujetos que reciben los efectos, las consecuencias de las decisiones o falta de decisiones, de los actores llamados a asumir sus posiciones en función de su base legal.
En toda América sopla un viento favorable a medir la legitimidad por resultados, pues es de sobra conocido cómo desde el poder se construye “una verdad, se hace una realidad” que no encuentra espacio, no fluye y penetra en el corazón mismo de la sociedad. El poder mediático es capaz hoy en día, en medio de la civilización del espectáculo (imagen y sonido) de desdibujar en incertidumbre, en desconcierto, la verdad en la mentira y la mentira en verdad. El corolario de todo esto, trae para sí la ambigüedad. La ambigüedad es el paradigma factual donde el que tiene poder se fragua para conseguir sus objetivos. Se cimenta en la validación de la relatividad y del arte de lo posible y de las justificaciones.
Estamos buscando la legitimidad por resultados para aquellos que dirigen, no en lo que hicieron, sino en lo que prometieron; estamos auscultando la legitimidad, no en la cantidad que invirtieron, sino en la rentabilidad de esas inversiones; en la utilidad social de las mismas; en la relación costo–beneficio; esto es, la utilidad ética; estamos validando la legitimidad por resultados, no en la cantidad de obras, sino en el impacto para la calidad de vida, de mejora, del bienestar de los pobladores que reciben las mismas. Estamos evaluando la legitimidad por resultados en función de un orden de prioridades, de necesidades de una población y no en el capricho de un dirigente. Se valida hoy a los dirigentes por su capacidad de inversión, en función de si se realizaron con recursos propios, esto es, ahorros internos, o con comprometer más profundamente a unas generaciones que todavía no han nacido.
Lo que produce este balance, es claro, una simple obviedad, es negativo; encontrándonos con una elite política que desde el Estado no produce más cohesión social, sino todo lo contrario. El resultado es un desbalance entre la sociedad y el Estado. Entre lo que la sociedad aspira, lo que desde el Estado se genera, con las decisiones de los actores claves de la clase política. La cohesión social, definida como el “grado de consenso de los miembros de un grupo social en la percepción de pertenencia a un proyecto o situación común. La medida de la intensidad de la interacción social dentro de un grupo”. O, desde otra mirada como “el grado de integración y unión que se verifica entre los miembros de una organización o grupo social”.
Desde el Estado, la clase política dirigente en vez de construir más cohesión social, que coadyuve a una mayor integración y confianza de los ciudadanos, se convierten en agentes polarizantes, en actores de disociación, de desunión y exclusión, dado que solo piensan en sus intereses. Desde el Estado y en este caso, desde el Congreso, con el ejemplo del Marco Regulatorio Salarial, los congresistas se han convertido en agudizadores de los conflictos normativos en vez de ser mediadores, para beneficio de toda la sociedad.
Si desde el Estado, el primer poder, tomaran en cuenta la Constitución y cómo ésta constitucionalizó la Función Pública con 11 artículos y 10 numerales; y, sobre todo, los artículos 140 144, los guisos y desaguisados que se han venido produciendo, no se hubiesen dado. Pero además, si asumieran la mirada de la sociedad y con ello el bien DERECHO, no existieran todas esas interpretaciones que obedecen a intereses solo materiales (Salarios y Beneficios).
Nos preguntamos, ¿quién dijo que por el hecho del Congreso producir un Marco Regulatorio Salarial, se vulnera y se crea una inobservancia de las leyes que amparan al Banco Central, a las Superintendencias y a las instituciones recaudadoras? Acaso no existen leyes como: Libre Acceso a la Información Pública; de Compras, Contrataciones, Servicios y Concesiones del Estado; de Seguridad Social; que esas instituciones tienen que acogerse, que cumplir. Pues exactamente, es lo que ocurre con la Ley del Marco Regulatorio Salarial. Nadie puede estar fuera, exento del brazo unitario del Estado. Esta Ley de producirse no cambia el origen y la razón principal del rol del Banco Central: Política Monetaria y Financiera del Estado y la Sociedad.
Como vemos, estamos en presencia de una Clase Política que desde el Estado, sufre de Gula, de Avaricia, de Lujuria; lo que trae para la sociedad dominicana el Dilema del Prisionero, donde un problema colectivo lo asumen en su interés individual; en su dimensión de conflicto o de suma cero (en la que las ganancias para algunos participantes comportan pérdidas para los demás); en este caso, para la sociedad. La clase política, en este momento el Congreso, cuando de sus intereses (salarios, incentivos, dietas, viáticos, pagos por asistencias, gastos de representación, combustibles) se trata, se olvidan de su naturaleza esencial que es buscar la cooperación para acrecentar la cohesión social, el capital social; en una sociedad, donde el péndulo se mueve de manera incesante, entre menos y más; generando un clima social, un medio ambiente social, donde las personas no se sienten con ese grado de satisfacción de pertenencia.
El resultado colectivo para la sociedad con el Marco Regulatorio Salarial, visto hasta ahora, es peor, puesto que no toman en cuenta para nada la Constitución y la suma de privilegios y simbología social, se crece para los sectores políticos que con su poder, niegan todo espacio de más cohesión social, de menos desigualdad y de mayor legitimidad. Si el Congreso sigue legalizando este estado de caos y distorsiones salariales, por encima de las normativas constitucionales; se ampliarán las brechas de las desigualdades, de las exclusiones; de menor cohesión social, en un desbalance perpetuo entre Sociedad y Estado y tendremos que acuñar la frase de Thomas Hobbes “la vida tiende a ser solitaria, pobre, desagradable, brutal y breve”. ¡Se necesita una mejor cooperación! ¡Respetemos las reglas! ¡Aboguemos por una mayor sincronía entre Sociedad, Estado y Cohesión Social!.