En los últimos veinte años los Gobiernos han creado cientos de organismos e instituciones públicas, hasta llegar en la actualidad a tener un Estado sobre dimensionado, hipertrofiado que duplica funciones y es sumamente costoso para los contribuyentes. A pesar de los avances en los sistemas administrativos, contables y de informática, la dispersión de organismos y la muy frágil institucionalidad en la mayoría de los organismos del Estado, es un grave problema económico y de ineficiencia del sector público. Por un lado, la corrupción ha aumentado con los años a niveles alarmantes, lo que disminuye aún más la institucionalidad. Por otro, los altos funcionarios manejan las instituciones con un criterio personal y centralizado, sin políticas de Estado. Por eso, una reforma estructural es impostergable.

Se han creado numerosos Ministerios, Direcciones Generales, Institutos, Fundaciones, Centros Generales, Superintendencias, Provincias, Municipios, Distritos Municipales y Comisiones, que son una pesada carga para el Presupuesto Nacional, muchas sin cumplir funciones concretas. Esto ha creado una sobre dimensión muy costosa del Estado, sin mejorar su eficiencia y sin proveer buenos y eficaces servicios a la ciudadanía. Además de la poca institucionalidad y eficiencia, las instituciones siguen altamente politizadas con un alto clientelismo desbordante, con asfixiantes nóminas fijas, nóminas temporales, miles de "botellas" y nominillas.

En el Congreso Nacional, tanto en el Senado y la Cámara de Diputados, las labores son mayores y están más organizados con el sistema de Comisiones con fines de estudios específicos. No es como en los Doce Años. Pero la autonomía del Congreso es todavía frágil y dependiente de la voluntad del Presidente de la República. Por ejemplo, la influencia del Poder Ejecutivo es decisiva, pues influyó más de la cuenta en las designaciones de los titulares de la Cámara de Cuentas, la Liga Municipal Dominicana y los jueces de las tres Altas Cortes de la nación. Además, el mismo partido oficial tiene en la actualidad mayoría en ambas Cámaras del Congreso hasta el 2016. En todas estas designaciones ha ocurrido un retroceso, de concentración de poderes en un partido, que indudablemente afecta la democracia y los equilibrios públicos.

El centralismo y la dependencia es un hábito que todavía no se ha erradicado. La democracia funcional no ha logrado conseguir mayores niveles de independencia de los poderes públicos y la erradicación del excesivo clientelismo patrimonialista. No existe una real autonomía funcional en la práctica en los Ministerios y los organismos autónomos. Tampoco se ha avanzado mucho en la descentralización y manejo de los Ayuntamientos, que operan sin adecuados controles administrativos y financieros. Los políticos comunitarios y el clientelismo han arropado y controlado los Ayuntamientos en todo el país, sin la debida preparación, transparencia e institucionalidad. Ya no existe el concepto de munícipes notables que prestaban sus servicios gratuitos en los Ayuntamientos como Regidores. Ahora son clanes para repartir el botín.

En un país pequeño de 48,400 kilómetros cuadros con más de 10 millones de habitantes, hay un exceso de organismos e instituciones del Estado, que han sido creados por la clase política para buscar cargos a sus militantes. El país a finales del 2011, tiene 31 provincias y un Distrito Nacional, 155 Municipios y 228 Distritos Municipales. Cada Municipio tiene un Alcalde, y su Suplente y un cuerpo de más de 15 o 20 Regidores. Hay un total de 963 Regidores. También hay 31 Gobernadores de provincias con su equipo de administración, con muy pocas funciones prácticas. Es un país pequeño altamente fraccionado en su administración pública.

Los sueldos de los Senadores alcanzan a RD$ 1.0 millón mensuales o US$ 25,000 mensuales, más otros gastos de representación y fondos llamados el "barrilito" para labor "social en la comunidad". En adición tienen varios asistentes, equipos de trabajo y un excesivo personal de seguridad. Los Alcaldes ganan entre RD$ 250,000.00 mensuales a RD$ 400,000.00 mensuales más gastos de representación y fondos de uso discrecional. Cada Regidor gana entre RD$ 150,000.00 a RD$ 250,000.00, y solo asisten a una o dos sesiones a la semana. Esto representa un descontrolado costo, que es pagado por los contribuyentes en impuestos. Además, todos estos funcionarios reciben dietas, gastos de celulares, gasolina y la mayoría hasta vehículos.

La nómina del Gobierno Central está compuesta por 503,777 personas, que cobran RD$ 6,141 millones mensuales. A esta cifra hay que sumarle la empleomanía de las Instituciones Descentralizadas, que asciende a 142,398 empleados, con una nómina mensual de RD$ 2,485  millones, para un total de 646,175 empleados y RD$ 8,626 millones al mes. A esto hay que añadir los gastos de representación, viáticos, celulares, combustibles y otras partidas, que se registran como gastos operacionales y podrían sumar RD$1,500 millones mensuales adicionales. Hay 1,163 funcionarios diplomáticos y consulares, que cuestan RD$ 5,000 millones anuales. En resumen, es un súper Estado con un exceso de instituciones y empleomanía, en el cual la mayoría no rinden un servicio productivo ni eficiente.

En resumen, para el 2011 se asignó en el Presupuesto Nacional un total de RD$ 94,950 millones para gastos de remuneración de empleados y prestaciones sociales, o el 29 %, del total de gastos Presupuestados de RD$ 350,475 mil millones, sin incluir los gastos operacionales relacionados. Esto representó el 4.5 % del PIB de ese año, una cifra realmente alta, que refleja el nivel de la sobre dimensión del Estado. Es evidente, que el país necesita de una profunda reforma y achicamiento de la cantidad de instituciones del Estado, que hasta duplican sus funciones y de la enorme empleomanía que recibe un sueldo del Gobierno y sus instituciones.

En el futuro, para poder invertir más en el gasto social de salud, educación y seguridad social, habrá que hacer una reforma del hipertrofiado aparato burocrático del Estado. Concomitante con una reforma fiscal integral que se debate, será necesario eliminar, disminuir y fusionar las instituciones y bajar las excesivas nóminas del clientelistas del Gobierno y sus cientos de organismos. Hay que racionalizar el gasto público, mediante reformas institucionales de fondo.