Las iglesias han vuelto al ataque. Primero, en contra del aborto en todas las circunstancias, y ahora, en contra de que el Estado implemente políticas para la prevención de embarazo en adolescentes y mejore la enseñanza en materia de educación sexual. Esto es lo que se llama en buen dominicano “ni lavar, ni prestar la batea”. Pero tampoco querer que se solucione nada.
Si hay un ámbito en el que realmente andamos muy mal, sabiendo que son muchos, es en atención a la salud sexual y reproductiva. República Dominicana es uno de los países con una de las mayores tazas de embarazo en adolescentes: 109 por c/1,000 mujeres entre 15 y 19 años, ocupando el puesto 16 de 136 países, y por igual de mortalidad materna: 106 por c/100 mil nacidos vivos (Agenda Feminista Dominicana 2014-2020), consecuencia en parte de lo anterior.
Existe también una violencia tolerada hacia las mujeres en el sector salud que se manifiesta en un trato discriminatorio, descortés y hasta riesgoso en términos de sus vidas, aconteciendo todos los días en nuestras clínicas y hospitales.
Estemos claros. De aprobarse el proyecto de ley que reposa en la Cámara de Diputados (ojalá y no engavetado) lograríamos una de las mayores conquistas sociales, y no solo para las mujeres, sino a su vez para niñas, niños y adolescentes, ya que les reconoce una serie de derechos y garantías que nunca antes se les habían reconocido.
Precisamente con la idea de reencauzar el manipulado debate, he extraído las principales novedades que contempla:
- Establece el principio de capacidad evolutiva, el cual reconoce la capacidad de niños, niñas y adolescentes de expresar su opinión en los asuntos que les afecten y que sean tomados/as en cuenta de acuerdo a sus niveles de madurez.
- Tipifica la violencia gineco-obstétrica, con sanciones específicas.
- Establece el derecho a la libertad religiosa e ideológica en lo relativo a la vida sexual y reproductiva, así como el derecho a recibir educación sexual integral de calidad, laica y respetuosa de dicha libertad religiosa.
- Estructura una respuesta integral e intersectorial en relación a la salud sexual y reproductiva, fijando mecanismos de coordinación, articulación y participación entre las entidades públicas, sociedad civil y gobiernos locales.
Para el sector salud en específico:
- Provisión de servicios de calidad para la atención durante el embarazo, el parto y el puerperio.
- Atención perinatal enfocada en el abordaje integral de la persona recién nacida.
- Detección y tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, incluyendo el VIH.
- Acceso y disponibilidad de métodos anticonceptivos modernos.
- Atención integral de adolescentes y jóvenes a través de servicios amigables y diferenciados.
- Atención integral en salud a la violencia intrafamiliar y contra las mujeres.
- Detección precoz y tratamiento oportuno de las patologías genitales y de mamas.
- Atención a mujeres en la etapa de menopausia.
- Provisión de servicios en materia de fertilidad.
- Consejería en salud sexual y reproductiva.
- Las prácticas discriminatorias en el sector salud en razón de la sexualidad de la persona, en cuanto a sanciones, se penalizan con uno a dos años de prisión menor, multa de uno a dos salarios, y cierre temporal por un período no mayor de tres años del establecimiento comercial o instalación.
Respóndase a usted mismo/a: ¿Desea gozar de estos derechos o prefiere continuar no teniéndolos?
Una cosa son las iglesias, para quienes la vida de las mujeres parece tener poco valor, y sin embargo hay una feligresía que así lo acepta, y otra muy diferente es el Estado, el que tiene la obligación de amparar a esa más que mitad de su población, y, de algún modo, el interés en que los números señalados más arriba sean otros. Por muchas razones.