Está demostrado que la República Dominicana es uno de los países de Latinoamérica cuyo Producto Interno Bruto (PIB) ha crecido más en los últimos 40 años, y cuyos niveles de desigualdad del ingreso reflejan ser de los más altos de la región.

Décadas han pasado, y hemos observado como las diversas administraciones públicas han concebido el crecimiento económico como un fin y no como un medio para generar bienestar colectivo; y por tanto, no han desarrollado efectivas políticas distributivas de la riqueza orientadas a reducir las desigualdades socioeconómicas de la población.

Sólo basta observar y escuchar los diversos reclamos de ciudadanos de clase media, quienes sienten que se han empobrecido o van rumbo a ello, a pesar de haber contribuido religiosamente con el pago de sus impuestos, y en ocasiones haber realizado sus inversiones, ya sean grandes o modestas, tratando de ingresar recursos extras para su sostenibilidad económica.

O aquellos ciudadanos de muy bajos recursos, que no se han dado cuenta que han descendido a una subclase de la pobreza llamada indigencia. O la molestia silente de aquel exclusivo grupo de ciudadanos ricos, que han hecho fortuna de manera honesta y han sido desplazados en el ranking de los acaudalados por ciudadanos a quienes nunca se les conoció fortuna, ni herencia empresarial alguna, pero que ahora son los nuevos ricos de la República Dominicana.

Por otro lado, hemos visto también como el casco urbano se ha amurallado concéntricamente con grandes edificaciones como resultado de un crecimiento económico que aunque es necesario, no es suficiente para que la mayoría de los dominicanos puedan afirmar que su calidad de vida ha mejorado.

De acuerdo con las estadísticas del Banco Mundial sobre la República Dominicana, el coeficiente de Gini —el más usado para medir la desigualdad del ingreso y la riqueza— no ha variado en una décima desde hace más de 15 años.

Eso significa que la composición social del ingreso se ha mantenido prácticamente estática, y que segmentos importantes de la población no han percibido el impacto del crecimiento económico logrado y publicitado en los últimos años.

De acuerdo con las estadísticas del Banco Mundial sobre la República Dominicana, el coeficiente de Gini —el más usado para medir la desigualdad del ingreso y la riqueza— no ha variado en una décima desde hace más de 15 años

Diversas conjeturas pueden realizarse ante esta situación, una de ellas es que las políticas redistributivas ejecutadas no han sido fruto de una comprensión del tipo de crecimiento económico del cual hemos sido objeto, de tal manera que pudiera haberse orientado a dar respuestas a las necesidades más acuciantes de la sociedad dominicana. Es decir, al parecer dicho crecimiento económico es uno de tipo de capital intensivo, el cual no genera empleos productivos, y en el que la inversión no reporta retornos tangibles directos.

Una de las creencias más esparcidas en las últimas décadas fue aquella del efecto goteo o “trickle down effect”, la cual planteaba que si en un país se produjera un crecimiento económico alto sostenido, llegaría un momento en que dicho crecimiento se derramaría y tocaría a los primeros quintiles de la estructura del ingreso de la población.

Es decir, que dicho crecimiento generaría más empleo, mayores ingresos para los pobres y un estímulo importante a la demanda; y todo esto se convertiría en un reductor de brechas de desigualdad en el ingreso y mayor bienestar para la población en general. Lamentablemente, los diseñadores de políticas económicas y sociales en República Dominicana cayeron en dicha trampa. Eso pudo haber sido cierto si el crecimiento económico experimentado hubiese estado acompañado de políticas públicas cónsonas con la eficientización del gasto corriente del gobierno, de tal manera que en vez de crear un gobierno grande, burocrático, y que en ocasiones resulta infuncional, lo hubiesen transformado en uno no tan grande, pero más eficiente, menos paternalista, y que a la vez quisiera estimular al sector privado, para que este asuma gran parte del pastel de la empleomanía nacional.

Si queremos una sociedad más equitativa, donde los resultados del crecimiento económico respondan a un esfuerzo colectivo al igual que sus beneficios, tendríamos que aplicar políticas que fomenten la innovación, el emprendedurismo, y el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa.

De igual manera, revisar la política fiscal para hacerla más solidaria, de tal forma que la clase media no sea la gran afectada y la de la carga más pesada, y más bien se convierta en receptora real de los beneficios colectivos. O por qué no impulsando programas de capacitación técnica orientados a crear capacidades en la gente que les permitan tener la libertad suficiente para elegir el tipo de vida que ellos quieran tener.

O por último, promoviendo una real descentralización estatal que junto a un reordenamiento territorial coadyuven a que las provincias, municipios y todos los ciudadanos en cualquier rincón del país reciban beneficios de las riquezas que poseen y producen en sus territorios.

Sabemos que es difícil que la mayoría de la población pueda ser beneficiaria de la riqueza que trae consigo el crecimiento económico, sobre todo, si quienes dirigen no quieren entender la vinculación existente entre desigualdad de la riqueza y crecimiento económico.