Desde el año 2003, la Superintendencia de Electricidad (SIE), por mandato de la Ley General de Electricidad, intenta cada cuatro años poner en vigencia una tarifa técnica. Después del segundo intento fallido reconoció la necesidad de lograrlo por etapas, diseñando una tarifa de transición que permitiera pasar de la situación irregular a la legítima, con el menor trauma económico para los usuarios. Como resultado de esa decisión cada cuatro años el estudio tarifario que licita contempla el diseño de un esquema de transición.
El último estudio, concluido en el 2019, con el visto bueno de los negociadores del Pacto Eléctrico, propone una tarifa técnica de referencia, menos exigente en términos de reconocimiento de pérdidas y cobranzas, que serviría de meta a las Empresas Distribuidoras (EDE), con la idea de que una vez alcanzados los niveles de pérdidas y cobranzas reconocidos en dicha tarifa, se continuara con las mejoras gerenciales, reduciendo pérdidas y aumentando las cobranzas, hasta llegar al punto donde pudiera ponerse en vigencia la tarifa técnica.
Los reguladores procuran en cada nuevo periodo tarifario aumentar los requerimientos de eficiencia de las EDE. En el caso de RD, la tarifa técnica reconoce pérdidas de 12%, pero una buena fiscalización por parte del órgano regulador debe lograr que la meta para las pérdidas sea menor, y traspasar parte del beneficio adicional a los usuarios, mediante reducciones en los diferentes cargos tarifarios.
Con el objetivo de iniciar la transición hacia la tarifa técnica, la SIE licitó un estudio tarifario en el 2018 para determinar el Valor Agregado de Distribución de Referencia y diseñar un esquema de transición cuya velocidad de aplicación sería establecida con la aprobación del gobierno. A fin de mitigar el impacto en los usuarios de menores ingresos, por aumentos en los precios de los combustibles, el estudio propuso incluir una tarifa social y poner en práctica una política de subsidios que beneficiara a los usuarios de bajos ingresos que realmente lo necesitaran. Este criterio requería la definición del proceso de selección de los potenciales beneficiarios. El estudio también recomienda disminuir, hasta un nivel razonable, el subsidio cruzado que aportan los usuarios de alto consumo, teniendo en cuenta los niveles de este en los países de la región.
En el año 2019, después de celebrar una audiencia pública para consensuar los resultados y recomendaciones del estudio tarifario con las EDE, los agentes del mercado, las instituciones del sector y los representantes de los diferentes sectores de la sociedad, la SIE publicó la Resolución SIE- 106-2019-MEMI, con la que puso en vigencia el reglamento para la fijación del Valor Agregado de Distribución de Referencia para cada una de las EDE.
Ahora bien, recientemente la SIE emitió la Resolución SIE-075-2021-TF, que define la metodología para iniciar y establecer la transición tarifaria. Lamentablemente, dicha resolución modifica el Reglamento para la fijación del Valor Agregado de Distribución de Referencia, emitido mediante la resolución SIE-106-2019-REG, lo que le resta legitimidad a la decisión, pues los cambios debieron someterse al escrutinio de los usuarios y los agentes del mercado mediante una audiencia pública.
Es lamentable también, que la Resolución SIE-088-2021-TF, emitida varios días después, estableciendo el inicio de la transición, no incluyera la tarifa social, recomendada en el último estudio tarifario para mitigar el impacto económico en los usuarios de menores ingresos, por lo que temo que ambas resoluciones sean impugnadas ante los tribunales, con una alta probabilidad de ser anuladas, lo que retrasaría el inicio de la transición hacia una tarifa técnica.
Lo que procedía hacer antes de poner en vigencia el régimen tarifario de transición, era lograr que el gobierno, con el apoyo de la SIE, diseñara y aprobara una política de subsidios mas eficiente que la vigente, que favoreciera exclusivamente a los usuarios que realmente calificaran para recibir esta ayuda.
Para evitar los reclamos que suscitará la entrada en vigencia de la tarifa de transición, pues a partir de noviembre los usuarios empezarán a recibir, cada tres meses, un aumento en la tarifa, la SIE debería derogar las resoluciones SIE-075-2021-TF y SIE-088-2021-TF, consensuar con los usuarios y los agentes del mercado los cambios que intenta introducir en la metodología para implementar la transición, y lograr que el gobierno apruebe una política de subsidios conveniente, antes de iniciar este proceso tan importante y necesario para la futura consolidación del segmento de distribución. Los usuarios de menores ingresos, que son la mayoría de los clientes, no están todavía preparados para aceptar aumentos en el precio de la electricidad.