Todo indica que tan solo logramos ciertos éxitos en la lucha contra el narcotráfico cuando la DEA, agencia del gobierno norteamericano, nos presiona y ayuda a descubrir culpables. Eso afecta nuestra soberanía. Militares, políticos y la justicia dominicana están tan vendidos que por sí solos no pueden, ni quieren, reducir el narcotráfico. Muchos de esos criminales cuentan con políticos para que los defiendan.
Las encuestas muestran que los dominicanos perciben que la corrupción entre nuestros políticos va en crecimiento y que los acusados por lo de Odebrecht no terminarán en la cárcel. Nuestro procurador general no puede rechazar las presiones políticas y por eso no ha investigado, como lo ha hecho la justicia peruana en Brasil, a pesar de las contrapresiones de congresistas norteamericanos, como Marco Rubio, la semana pasada.
Los candidatos presidenciales dominicanos no prometen cambiar la situación, pues eso afectaría a su propio partido pues corruptos hay en todos. David Ortiz (“Big Papi”) declaró al principal periódico de Boston que había contratado a un ex jefe de la policía de esa ciudad para que investigue las razones por las cuales fue baleado en Santo Domingo, ya que no confía ni en la justicia ni la policía dominicanas. Si usted es un norteamericano y ha estado pensando hacer turismo en Santo Domingo, ¿lo haría si esa gran estrella dominicana admite que no se puede confiar en la policía y la justicia dominicanas?
¿Qué hacer? Guatemala, El Salvador y Honduras se han involucrado en una fórmula que, si la adoptamos nosotros, modificaría los orígenes del debilitamiento de nuestra soberanía. En vez de la injerencia de la DEA, es decir del gobierno norteamericano, se permitiría la injerencia de Naciones Unidas o de la OEA, como organismos interventores. De lo bilateral pasaríamos a lo multilateral.
En Guatemala estuvo operando la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) durante trece años, del 2006 hasta hace un mes, pues el presidente Jimmy Morales la expulsó, a pesar de la oposición de la sociedad civil, los empresarios y los jueces. Esa comisión operó bajo el liderato del colombiano Iván Velásquez y logró condenar a políticos corruptos muy importantes, pero cuando Morales percibió que esas investigaciones “estaban picando demasiado cerca” a sus intereses, maniobró para cerrarla, a pesar de que había sido previamente aprobada por el Congreso y las cortes guatemaltecas. Su objetivo había sido ayudar al ministerio público y a la policía en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. Grupos nacionalistas guatemaltecos coincidieron, pero por muy distintas razones, con los criminales, al tratar de desacreditar a la comisión alegando, que se estaba cediendo soberanía.
En Honduras se creó una comisión parecida, pero con el apoyo de la OEA y muy recientemente el nuevo presidente de El Salvador, Najib Bukele, ha sugerido una tercera comisión donde participaría ya sea la OEA o Naciones Unidas.
¿Se atreverían Gonzalo Castillo, Leonel Fernández, Luis Abinader o Hipólito Mejía a proponer una comisión similar como promesa de campaña, o prefieren que sigamos como estamos?