El sistema tributario dominicano contiene una serie de impuestos indirectos y directos que se aplican tanto a las personas físicas como jurídicas. Existen impuestos a los ingresos, al patrimonio, a los activos, sobre el salario, sobre bienes y servicios, a las donaciones y sucesiones y al comercio exterior.
También coexiste un Procedimiento Simplificado de Tributación –PST- que se aplica a pequeños contribuyentes basados en dos principios, en los gastos o ingresos. Ese sistema tiene apenas unos 6.000 contribuyentes en total y opera desde 2008.
La informalidad tributaria y laboral en el país es muy elevada, siendo que un importante número de personas que trabajan por su cuenta y microempresas está en ese sector oculto de la economía. Se ha estudiado varias veces las razones de la informalidad, que van desde razones de altos costos tributarios, elevados requisitos de administración del contribuyente (contadores, abogados, trámites, etc.), falta de credibilidad en el Estado, inexistencia de inventivos a la formalidad, escasa cultura tributaria, débiles mecanismos de la agencia tributaria para hacer cumplir la ley, baja productividad de las unidades productivas, etc.
Desde la Dirección General de Contrataciones Públicas venimos trabajando en mejorar el acceso de la micro, pequeña y mediana empresa a las compras públicas, con el objetivo de hacer accesible para todos ese importante mercado. Las compras públicas representan el 8% del PBI anualmente, teniendo un alto impacto en la MIPYME y sobre todo las del interior del país. El mercado público es uno de los pocos incentivos actuales a la formalización, pero hay mucho que mejorar que no depende directamente del sector.
Uno de los problemas que frecuentemente encontramos es que para sustituir productos importados, requerimos proveedores nacionales que sean formales y a la vez que tengan la suficiente liquidez para poder “aguantar” el tiempo entre el requerimiento del Estado y los pagos correspondientes, a lo que se suma que en muchas instituciones públicas, contra la entrega de los productos le suelen pedir la factura correspondiente, que implica tener que pagar el ITBIS en ese mes, aunque el Estado se demore tres meses en pagar al proveedor. Además existen los anticipos que se generan a partir de lo actuado en el pasado y en las compras públicas nadie tiene asegurado los contratos, lo que desestimula la participación de la micro y pequeña empresa.
Para poder avanzar en la democratización de las compras públicas deberíamos poder modificar nuestro sistema tributario hacia un régimen de monotributo, que incluya en un solo impuesto Rentas, ITBIS, Salud y Jubilación, permitiendo que un alto porcentaje de personas que hoy están fuera del sistema legal se incorporen a las ventajas de la formalidad, accediendo a las compras públicas, a la vez que pudiendo tener mejores condiciones crediticias, acceso a salud para el grupo familiar, a la vez que a una jubilación futura. Muchos países han hecho esas reformas en favor de los más desprotegidos, facilitando que el mismo talón de pago sea la Declaración Jurada del Impuesto, sin requisitos de contabilidad documentada, a la vez que se cuenta con diferentes tramos de montos a ingresar de acuerdo con el tamaño de la actividad económica del contribuyente.
Es importante dejar atrás la confusa idea de no distinguir entre legalidad / formalidad y monto de impuestos a pagar. Con las tasas impositivas actuales podemos llevar a la pobreza a un microempresario que apenas se sostiene o llevar debajo de la línea de indigencia a una familia que ya se encuentra en la pobreza. Muchos de estos sujetos hoy están alcanzados por planes sociales compensatorios, pero sabemos que realizan actividades económicas para sostenerse. Es la hora de diseñar un sistema impositivo justo para todos y todas las dominicanas, que permitan acceder al mundo de la formalidad, pero sin que esto implique sumergirse en la pobreza e indigencia.
Finalmente la Ley 488 08, que establece un Régimen Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES) tiene unos parámetros muy amplios de incentivos para que las empresas participen, siendo que solamente en el país unas 900 empresas no caben dentro de la misma. Se exigen requisitos a las empresas que se quieran acoger a los beneficios de la Ley que en realidad aplican a todas las empresas, menos a las 900 que no cumplen. Es como pedirles a los dominicanos que demuestren que no son extranjeros, en lugar de lo inverso. Se debería eliminar de la Ley a la mediana empresa, de manera que la misma sea un real incentivo para las empresas que realmente necesitan el apoyo.
Una investigación que debe ser considerada, entre otros estudios que ponen en contexto la realidad económico y social del sector de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Investigación sobre Informalidad Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo conducido por la firma Market-Probe de agosto 2012.
Una investigación reciente realizada por la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo de agosto 2012, conducido por la firma Market-Probe, entrevistó un total de 80 dueños de MIPYMES del Gran Santo Domingo, de los cuales 60 pertenecían al sector informal y 20 al sector formal. Los objetivos generales de esta investigación fueron conocer las motivaciones de estos para operar en la informalidad, conocer sus experiencias como empresas formales, y porque luego de formalizarse algunos regresaron a la informalidad.
La encuesta señala un total de dieciséis hallazgos durante el proceso de encuesta sobre la conducta y percepciones de los encuestados: i)el primero de estos es la desconfianza, los encuestados se sentían aprensivos pues pensaban que eran agentes recaudadores del Estado; ii) los informales se sienten excluidos, perciben un trato diferenciado y discriminación; iii) la brecha tecnológica entre el sector formal e informal es grande, el 26% del sector se encuentra conectado y consideran el costo de interconexión elevado al igual que los formales; iv) falta de credibilidad en el accionar del Estado y desconocimiento sobre el uso de los recursos percibidos por el Estado; v) altos impuestos, todos coinciden en que los impuestos pagados en la República Dominicana son demasiado altos; vi) alta presión tributaria percibida por las empresas formales; vii) problema de escala, ambos sectores sostienen que a la hora de aplicarse las leyes no se toma en cuenta el tamaño de las empresas, un 66% de estas considera que las regulaciones fiscales deben tomar en cuenta su razón social y tamaño; viii) tramitación onerosa, la realización de trámites con las autoridades es considerada como honerosa y confusa por los formales y entienden que requiere redefinición y simplificación; ix) sistema injusto, ambos grupos consideran el sistema fiscal desconcertante e injusto, señalando el pago anticipado de impuestos como irritante y una seria amenaza para sus operaciones. A la vez, se quejan de la necesidad de operar como agentes de retención porque encarece el costo de los servicios que contratan; x) falta de transparencia; el sector formal rechaza la falta de transparencia en el uso de los fondos públicos y es uno de los motivos de su renuencia a pagar impuestos; xi) evasión, el sector formal justifica la evasión en el pago de sus obligaciones porque se considera estrangulado por un sistema injusto; xii) corrupción, el sector se muestra desconfiado por las experiencias que han originado la pérdida de respeto por el sistema; xii) quieren ser formales, estos quieren seguir siendo formales pero los altos impuestos y el sistema fiscal se los dificulta. Mientras, los informales quiere formalizarse siempre que la Ley sea justa, simple y aplicada sin arbitrariedad; xiv) desconocimiento; muchos no se han formalizado pues no conocen los procedimientos a seguir; xv) conocen las consecuencias de ser informales, no tienen acceso a crédito bancario, seguro médico o visado; xvi) alto grado de expectativas, existe un alto grado de expectativa de una nueva relación entre el Estado y las MIPYME.
Desde el gobierno trabajamos para cumplir esas expectativas, pero en nuestra opinión, a 22 meses de trabajo, debemos hacer un alto y reflexionar y proponer una agenda de trabajo que permita que las limitantes principales a la participación de las MIPYME en las compras públicas, vistas éstas como una herramienta de desarrollo, sean superadas. Desde Contrataciones Públicas abrimos las puertas al dialogo y en los próximos días estaremos convocando a todos los representantes de Mipyme y a las mujeres, a que se acerquen y juntos diseñemos las políticas posibles para el desarrollo del país. Contamos con su compromiso y apoyo en esta iniciativa.