A pesar de encontrarse aun en la adolescencia, ya que empezó a funcionar en el 2003, el Sistema de la Seguridad Social ha logrado crecer y avanzar más allá del pesimismo nacional, pero es obvio que existen factores, mayormente de índole cultural, que lo traban todavía e impiden su crecimiento y fortaleza. Los primeros y más fuertes son la enorme informalidad de la economía y el costo de su estructura, debido a su horizontalidad.
Para muchos expertos en la materia, el escollo principal al que se enfrenta desde sus mismos inicios, es el incumplimiento de las dos características que pudieran hacerla funcionar adecuadamente. Me refiero a la obligatoriedad y la universalidad que hacen que pueda funcionar y cumplir con sus objetivos cualquier sistema similar. Lo curioso es que las excepciones a esos dos conceptos, sustanciales al propósito de la ley que la creó empobrece el sistema. Además, es lamentable y por igual inaceptable que la violación de esas condiciones esenciales del modelo dominicano de seguridad social provenga de instituciones estatales que deberían ser las primeras aliadas del sistema.
Es inconcebible, por ejemplo, que el Congreso que aprobó la ley después de una larga discusión que duró varios años, tenga su propio sistema de pensiones, como ocurre también con la Suprema Corte de Justicia, la Junta Central Electoral, la Universidad Autónoma de Santo Domingo y otros organismos del Estado, lo que hace que el sistema no funcione a cabalidad creando privilegios negados al resto de los ciudadanos.
Se habla de la posibilidad de una revisión de la ley para adecuarla a la realidad actual. De producirse, esa revisión debería tener en cuenta el daño que esas excepciones le hacen a la seguridad social dominicana, aunque dudo que el Congreso se despoje del privilegio que se auto concedió, en violación al principio que prbe legislar en provecho propio.