“Lo único peor a no tener vista es no tener visión” -Helen Adams Keller.
Hacia principios de 2006 iniciamos lo que podríamos considerar la quijotesca labor de plantear y difundir el concepto de infraestructura nacional de la calidad (IC) como alternativa al obsoleto y disfuncional sistema de evaluación de la conformidad que teníamos entonces, integrado por la Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad (DIGENOR), Pro Consumidor y determinados ministerios.
La Digenor era el eje central pues reunía todas las atribuciones de estas infraestructuras, las cuales, en los mejores ejemplos, aparecen separadas, pero con un alto grado de interdependencia en los servicios que ofrecen.
Para iniciar la difusión del concepto con alguna oportunidad de éxito era necesario conocer a fondo las experiencias regionales e internacionales, especialmente las de naciones que ya tenían más de un siglo experimentando con estos sistemas.
Así lo hicimos. Con el apoyo financiero del Instituto de Metrología de Alemania (PTB) viajamos a Europa (Alemania, Francia y España) y a tres países de la región (Costa Rica, Colombia y Uruguay), faltando Brasil por la interrupción de nuestras funciones al frente del organismo estatal. De nuestras observaciones, lecturas e intercambios técnicos en estos viajes, emergió el primer anteproyecto de Ley del Sistema Dominicano para la Calidad; este documento contó en todo momento con el auspicioso acompañamiento de los técnicos alemanes, cubanos y costarricenses.
El esfuerzo culminó con la promulgación del marco legal (Ley Núm. 166-12) y el establecimiento formal del Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL).
Transcurridos seis años, nos hacemos las mismas cruciales preguntas que hacíamos entonces para ordenar nuestras exposiciones en las actividades de socialización del anteproyecto de ley, a saber: ¿para qué necesita un país como el nuestro una IC de clase mundial? ¿Por qué, más que una criatura anónima y silente de la Administración, esta infraestructura debía convertirse en un hijo adoptivo de preferencia del sector empresarial dominicano? La realidad es que la iniciativa se promulgó cargando con el peso del prejuicio de sus potenciales beneficiarios.
Influyentes empresarios dominicanos afirmaban que la iniciativa era una quimera irrealizable. Añadían a su pesimismo regresivo el equívoco argumento de que tales sistemas solo podían funcionar bien en naciones desarrolladas con una elevada cultura del cumplimiento de las normas.
En otras palabras, como este sistema asegura el cumplimiento voluntario de normas e impulsa el valor de la confianza entre socios a través de la generación de certificaciones creíbles, siendo además parte consustancial de los procesos de innovación e investigación de cualquier naturaleza, resultaba que la propuesta no dejaba de ser una buena intención de un director.
Es lo mismo que decir que las empresas no necesitan de la existencia y funcionalidad de un conjunto de instituciones y servicios técnicos llamados a garantizar que sus productos superen las barreras reglamentarias y técnicas de los mercados desarrollados, mediante el cumplimiento de estándares armonizados certificables (lenguaje técnico común). Es negar absurdamente que una IC reconocida representa en sí misma un inestimable valor agregado que abre puertas en un mundo cada vez más globalizado, interdependiente y rígidamente regulado.
Me convencí de que el discurso sobre la consolidación de la competitividad dinámica, basada en conocimientos, productividad sostenible y calidad certificada con reconocimiento internacional, seguía resistiéndose a abandonar su retórica hueca, que es lo que efectivamente ha sido durante las últimas tres décadas.
Para mayor ilustración de los lectores recordemos que la IC conforma una red institucional, en nuestro caso estatal, que funciona bajo un determinado marco legal y aglutina a:
- Los organismos de normalización responsables de establecer las reglas para el uso común y repetido, tomando en cuenta problemas actuales y potenciales (ISO), así como la existencia de normas equivalentes o iguales en otros países o regiones.
- Los organismos evaluadores de la conformidad, como son, los cuerpos de inspección (estatales y privados), los laboratorios de pruebas y ensayos, y los laboratorios de calibración.
- Los institutos de metrología que formulan las políticas en el ámbito metrológico (de las mediciones), desarrollan las actividades de metrología científica, industrial y legal, asegurando la trazabilidad internacional de los patrones nacionales de medida.
- Por último, la instancia de acreditación que reconoce, apoyada por el conjunto consabido de normas internacionales de aceptación global, la competencia técnica de los organismos de evaluación de la conformidad mencionados.
Como señala el Centro de Comercio Mundial (CCM, UNCTAD/OMC) “…Los reglamentos técnicos, la metrología, la normalización y los procedimientos de evaluación de la conformidad (incluida la acreditación) son utilizados por las sociedades para abordar temas de optimización de la producción, salud, protección del consumidor, medio ambiente, seguridad y calidad, al igual que para manejar los riesgos y áreas de falla del mercado”.
De lo expuesto puede verse claramente que el sistema descansa, en sentido estricto, en tres pilares fundamentales: normalización (sin normas no hay orden y los competidores carecerían de un lenguaje técnico común), metrología (sin mediciones confiables la calidad es un mito) y acreditación (sin confianza no hay intercambios). Los otros componentes, los organismos de evaluación de la conformidad, están en interacción inevitable y permanente con estos tres contrafuertes.
En este contexto, el INDOCAL y el Organismo Dominicano de Acreditación (ODAC) están llamados a mejorar la adecuación de los productos, procesos y servicios para los fines deseados, prevenir barreras comerciales y obstáculos técnicos al comercio, y facilitar la cooperación técnica en los más amplios escenarios de la globalización.
Sus actividades aseguran las condiciones de confiabilidad, fiabilidad, comparabilidad, trazabilidad, competencia, conformidad, transparencia e imparcialidad en cualquier mercado del mundo.
Seis años no han sido suficientes para entender cabalmente las grandes ventajas de una IC. Los institutos creados sobreviven con limitados presupuestos y la maldición nacional de las gerencias clientelistas siguen remando a favor de la resurrección del pasado en el que un solo organismo era juez y parte.
No es casual que recientemente hayan pretendido enmendar la ley para destruir la lógica técnico-funcional autónoma del sistema, que es lo mismo que proponerse evitar el reconocimiento de los institutos por las autoridades mundiales en la materia.
La actitud ciertamente indiferente del sector empresarial dominicano y la escasa proactividad creativa que se vislumbra desde las direcciones actuales de los organismos establecidos, no apuntan, para desgracia del futuro productivo del país, a mantener y mejorar la infraestructura de calidad creada. Se pierde así una vez más la oportunidad de cambiar la retórica empresarial sobre competitividad por un esfuerzo sistémico -en lo que a este tema concierne- encaminado a fortalecer una verdadera fuente de confianza tanto para los consumidores y usuarios nacionales e internacionales, como para los socios comerciales del país a gran escala.