El colapso del sistema de justicia en la República Dominicana, es una realidad incuestionable que debemos enfrentar, dejando de lado las justificaciones y las argumentaciones tendenciosas y poco profundas que busca ocultar el fenómeno de la dependencia política del Poder Judicial y su captura por el crimen organizado y la corrupción. 

El sistema de justicia esta capturado por la corrupción pública y privada, los últimos escándalos muestran la intervención de actores políticos que al margen de la institucionalidad democrática, influyen en las decisiones judiciales, con el único interés de obtener beneficios económicos para su provecho personal y/o grupal, garantizando la impunidad de sus acólitos y de sus redes delincuenciales. 

La descomposición, deterioro y colapso del sistema judicial, se convierte en la expresión de la penetración de la corrupción política en dicho estamento del Estado, instrumentalizada con la designación de Jueces claramente vinculado a corporaciones partidarias de la corrupción, por eso, el funcionamiento del sistema judicial como un poder capturado, dependiente, de rodilla ante el crimen, guardián y garante de la impunidad.

No tengo la menor duda que este fenómeno es una modalidad de corrupción, que busca satisfacer los insaciables intereses políticos-económicos particulares, perturbando el cumplimiento de los compromisos del interés colectivo y el cumplimiento  del fin del Estado, que no es exclusivo del Poder Judicial, también participan otros actores del sistema de justicia, entre ellos, el Ministerio Público y abogados/as, que apoyados desde el partido cartel gestionan impunidad.

Esta deprimente situación del sistema de justicia y los abogados son sus acciones e intervenciones sin escrúpulos, llega a la mente la obra el Alma de la Toga, de Angel Osorio, cuando con entusiasmo la leía: “Un abogado debe pues siempre pedir justicia en los tribunales” o la lección de que “todos los abogados tenemos una fuerza dentro de nosotros que nos hace sentirnos los paladines de la justicia y de la rectitud y que cuando esto nos falla mejor sería  dejar la abogacía”. Porque “el conocimiento del abogado se basa siempre en hacer lo que es prudente y cimienta la lucidez del ingenio y la rectitud de conciencia”.

En ese sentido, es conocido por muchos de nosotros desde las aulas universitarias, que “la toga no representa por sí sola ninguna calidad, cuando no hay cualidades verdaderas debajo de ella se reduce a un disfraz irrisorio”, lo que dignifica al profesional del derecho es la probidad, la independencia, la moderación y la confraternidad, actuando siempre con impecable dignidad, no sólo en el ejercicio de la profesión, sino en su vida privada, jamás debe infringir las normas del honor y la delicadeza que caracteriza a todo hombre de bien.

En medio de la crisis ética y moral, debemos recordar a los verdaderos profesionales del derecho que en sus “alegatos verbales o escritos, usan la moderación y la energía adecuada, tratando de decir solamente lo necesario para la defensa de los derechos de la parte que patrocina y cuando tuvieran que criticar los fallos judiciales o los alegatos de su contrario, se abstienen de toda expresión violenta o sarcástica de toda vejación inútil y de violencias impropias” y “se abstendrán cuidadosamente de expresiones maliciosas, y de aludir a antecedentes personales, ideológicos, políticos o de otra naturaleza, de sus colegas”.

“¿Por qué no tener confianza en la justicia del pueblo? ¿Hay en el mundo esperanza mejor o que pueda igualarla? ” Abraham Lincoln

La corrupción en el Poder Judicial es la muestra más firme de como la corrupción rampante ha penetrado todos los poderes del Estado, además como las redes de la corrupción intentan  apropiarse y desvirtuar  del sistema de carrera y sus mecanismos de ingreso y promoción, como el control disciplinario, para construir uno sobre la base de lealtades delictivas o de acatamiento de órdenes superiores de la delincuencia en la política.

La corrupción en el Poder Judicial camina a un problema generalizado, si no se toman los correctivos urgentes que amerita, con medidas acordes con la profundidad y la gravedad de la situación, para avanzar en el camino de la extirpación del clientelismo judicial, una práctica para construir lealtades de impunidad, entre jueces, políticos del cartel, con jueces, a cambio ascenso, apoyo y reconocimiento.     

En ese sentido, no es oportuna la ocasión para hablar de reforma, más bien, la sociedad dominicana debe apoyar un profundo proceso de transformación de las estructuras del Estado, entre ellas el Poder Judicial, que permita tocar el fenómeno en los aspectos más medulares y estructurales y sobre todo tener en cuenta la independencia del Poder Judicial y la de sus jueces, la función judicial no debe seguir siendo parte del reparto político o de grupos económicos.