El próximo domingo 5 de julio se celebrarán las elecciones nacionales en la República Dominicana, para escoger al presidente, vice-presidente y los miembros del Congreso Nacional. Las encuestas de mayor prestigio en el país predicen que la coalición opositora liderada por el Partido Revolucionario Moderno (PRM) ganaría los comicios en la primera vuelta.
De ser así, el gobierno que asumirá la presidencia de la República necesita llegar al Palacio Nacional con un paquete de medidas concretas para enfrentar la presente crisis social de múltiples dimensiones, a lo que se le suma crisis política que seguramente planteará la oposición política para evitar sanciones y el re-encausamiento de las instituciones públicas.
Las primeras medidas del nuevo gobierno deben abrir las ventanas a la esperanza. Por eso, el mismo16 de agosto, el nuevo gobierno debe emitir impedimentos de salida del país a todos los funcionarios públicos peledeístas, incluyendo al presidente, vicepresidente, diputados, senadores, alcaldes, exfuncionarios, asesores económicos, entre otros, que hayan sido vinculados con actos de corrupción. De la misma manera, debe proceder con las empresas que hayan participado en la distracción de dinero y bienes públicos o participado en contratos onerosos en contra del tesoro público. Asimismo, debe ordenar la revisión de todos los contratos del gobierno con las empresas suplidoras del Estado y auditar procedimientos contables y financieros a todas las empresas públicas utilizando firmas auditoras extranjeras que no tengan representación en el país.
El nuevo gobierno se enfrentará a la crisis más profunda que haya tenido la democracia dominicana y, por tanto, precisa de decisiones contundentes que adviertan inequívocamente la dirección política de la nueva administración. La corrupción y la impunidad han arrodillado las instituciones públicas, convirtiendo cada ministerio, cada dirección general, en oficinas particulares de negocios, dejando de lado su propósito fundamental que consiste en entregar servicios públicos para el beneficio de toda la población.
Además, poner en marcha la modificación del Consejo Nacional de la Magistratura para sustituir al procurador y al presidente de la República de ese organismo y permitir una elección de un procurador independiente y lograr, al mismo tiempo, que el presupuesto de la judicatura no esté sujeto a la discrecionalidad del Ministerio de Hacienda para desembolsar los recursos asignados en el presupuesto nacional de acuerdo a la evolución de los ingresos públicos (Ver Propuesta el Fundación Masada y conjunto de organizaciones privadas de Santiago de Los Caballeros).
También, deben ser enfrentados con determinación los efectos económicos y sociales de la expansión de la pandemia del Coronavirus, persiguiendo minimizar el contagio que ha semiparalizado la economía dominicana, afectando simultáneamente tanto a la oferta como a la demanda de bienes y servicios. No es suficiente recitar las recetas keynesianas (aumentar el déficit fiscal) para salir de una crisis de corto plazo, porque la presente recesión se quedará entre nosotros por un período prolongado y los efectos subsecuentes de la política de financiamiento público afectarán al consumo, ahorro e inversión (a través del aumento de impuestos) siendo estas variables claves para el crecimiento económico. El carácter cíclico del comportamiento económico establece que las políticas que se implementan hoy tendrán efectos futuros, así que se debe tener en cuenta el crecimiento de mediano y largo plazo.
Resulta imperativo, para detener la pandemia poner en marcha un verdadero plan para detener la expansión del contagio, dar seguimiento a los infectados y mantenerlos bajo cuidados médicos. En tal sentido, el nuevo gobierno debe garantizar a los hospitales públicos el suministro de equipos, medicamentos, pruebas, utensilios, material gastable y equipos de protección para el personal de salud. Además, incorporar en este plan a las clínicas privadas, el Colegio Médico Dominicano y a las universidades que disponen de servicios hospitalarios y/o carreras de medicina.
En este momento, el equipo de salud del nuevo gobierno ya debe tener elaborado un presupuesto que valore financieramente estas iniciativas sanitarias para ser discutido en los próximos días con el nuevo presidente, enfatizándole en su costo financiero, de manera que la definición de ese plan sea creíble y, por tanto, logre el concurso de toda la población dominicana.
La evidencia internacional muestra que aquellos países desarrollados y emergentes que intentaron abrir sus economías sin haber controlado el contagio del COVID-19, se han visto forzados a cerrar sus economías nuevamente frente al rebrote de los contagios. Tales son lo casos de Brasil, de aproximadamente treinta estados de la unión americana, varias provincias españolas y el Reino Unido, entre otros.
Asimismo, cabe recordar al gabinete económico del nuevo presidente, que la política fiscal debe ser ajustada a su debido tiempo. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha producido innumerables artículos sobre la instalación de reglas fiscales y recomienda que las mismas no deben implementarse en medio de una crisis económica y de la misma manera ocurre con la reforma fiscal integral.
Las reformas fiscales en el país persiguieron el aumento de la presión fiscal, pero ninguna de ellas ha logrado mantenerla en el nivel alcanzado luego de cada reforma. La presión fiscal aumenta luego de la reforma, pero en poco tiempo la misma regresa a sus niveles previos. Este comportamiento de la presión tributaria tiene relación con la evasión fiscal (que resulta ser otro buen negocio) si no se atienden la regresividad del sistema tributario, las exenciones fiscales y las leyes de incentivos.
El nuevo gobierno deberá ordenar la hacienda pública, gravemente anarquizada por la desastrosa administración financiera del Partido de Liberación Dominicana (PLD). Deberá empeñarse a fondo en conocer en poco tiempo el tamaño del déficit fiscal, revisar las estimaciones de los ingresos fiscales y limpiar el gasto público de las nominillas, botellas, y contratos que benefician a los compañeritos.
Igualmente, luego de contenidos los efectos de la pandemia, la atención del nuevo gobierno debe dirigirse a la reapertura de la economía. Esta reapertura debe poner énfasis en dos renglones: la producción de alimentos y atender las demandas del sector de la salud principalmente con la producción doméstica. Dada la crisis económica internacional que deprime la demanda de nuestras exportaciones, entonces resulta prudente reducir las importaciones de alimentos, promoviendo la producción interna, y el ahorro de divisas.
De igual forma, es prudente descartar el nuevo proyecto de ley que promueve la capitalización del Banco Central (BC). La presente administración del BC tuvo dieciséis años para probarnos su eficacia y eficiencia en esa materia y no lo consiguió; contrariamente lo que hizo fue incrementar la deuda de esa institución de US$2,500 millones en el 2004 a US$10,000 millones en el 2020 sin fraudes bancarios y en una economía boyante.
El BC en estos últimos dieciséis años nunca recompró un certificado para reducir su deuda, pese a que vendió las propiedades de los bancos quebrados por varios miles de millones y a que el gobierno le transfirió (aunque no como debió) decenas de miles de millones en ese período. El gobierno central no debe endeudarse para capitalizar al BC, puesto que tendría que recurrir a los mercados financieros internacionales, en los que la deuda dominicana resultó recientemente degradada por las agencias calificadoras de riesgo.
De la misma manera, la nueva administración del estado debe adoptar medidas que minimicen los efectos negativos del cambio en las condiciones del comercio internacional caracterizado por la ruptura de las llamadas cadenas internacionales de valor por el predominio de las posiciones nacionalistas de varios países desarrollados. Con Estados Unidos, socio comercial fundamental para el país, debe estructurarse una agenda comercial bilateral que nos permita acceso a su mercado en condiciones similares a otros países de la región latinoamericana y con cualquier otro país que nos ofrezca oportunidades de exportar.
En la misma medida en que las condiciones económicas mejoren, el nuevo gobierno podría poner en marcha sus planes de largo plazo, siempre que se sujeten a un plan de gasto público y que sean consistentes con la construcción de una verdadera estabilidad que beneficie a toda la población, que reduzca la pobreza y la enorme desigualdad creadas en las administraciones peledeístas.
Las primeras medidas del nuevo gobierno constituyen la llave para la buena gobernanza del país. La calma solamente retornaría a la sociedad dominicana si los corruptos, sin excepción, son sometidos a la justicia y se recobra lo robado, por eso es que votaremos el domingo, sólo le pedimos que cumpla con la ley para beneficio de todos los dominicanos.