Las olas de ciudadanos que exigen respeto a la Constitución y la renuncia de los jueces de la JCE, siguen creciendo y han llegado hasta la tranquilidad de muchos edificios multifamiliares cuyos residentes hacen ruido con lo que tienen a mano en señal de solidaridad con la gente de la Plaza de la Bandera. Responder a este fenómeno social diciendo desde las gradas oficiales que el PLD dispone de un sistema con ayuda del cual pueden conocer con exactitud las tendencias y todos los detalles del proceso de votación, nos parece que es jugar con fuego.
Una hipótesis descabellada es que el PLD tiene la firme apuesta a perder las elecciones de mala manera y que parece importar poco que la democracia se ahogue en el desbordamiento de la ira y el cansancio de cientos de miles de ciudadanos o en la desolación que suelen dejar detrás de sí las masas desbocadas.
Creemos que el Gobierno debe reemplazar sus voceros de manera urgente y evitar que muchos de los viejos representantes del partido saquen la cabeza en estos momentos, mucho menos que lo hagan con arrogancia, triunfalismo y prepotencia. Ahora bien, sabemos que los funcionarios que la gente señala como corruptos e inmorales, no son realmente el problema y que su reemplazo por otros del mismo linaje político no resolverá nada.
El engaño del voto electrónico, el boicot incógnito del 16, los yerros sistemáticos de la JCE, las violaciones de ley electoral y la suspensión de las elecciones municipales, son solo síntomas del agotamiento de un sistema político clientelista, patrimonialista y presidencialista, voraz y avasallador.
Sobre sus alfombras bailan la corrupción, las manipulaciones políticas soterradas, la impunidad, el silencio cómplice de la autoridad, los excesivos sobrecostos de la economía, la irracionalidad empecinada del gasto público y la premiación individual sobre la base del peso de las influencias o los resultados del servicio político prestado.
Las pasadas primarias fueron innecesarias porque elevaron el costo de esta democracia de por sí ya muy dispendiosa. Lo peor, para una fracción importante de los electores, sus resultados fueron dudosos. Ahí comenzó a sembrarse la desconfianza ciudadana, tanto en la Junta como en los equipos que ella llamaba “delicias de la globalización”. Luego el descalabro del 16, que fue más que una suspensión porque, quiérase entender o no, ha desatado una de las peores crisis confianza en las instituciones en varios decenios.
El advenimiento de esta triste situación que vivimos hoy la advirtió el doctor Antonio Isa Conde un día después del fallido experimento. Lo hizo con responsabilidad y entereza, oportunamente, tratando de advertir sobre las causas de fondo y los primeros indicios de un aluvión de consecuencias políticas impredecibles.
Ya estamos en medio de una creciente desestabilización política. Uno de sus factores es el acuerdo en torno a que el “accidente” con la carga de las boletas electorales a los equipos no pudo ocurrir sin causas motrices. Los protagonistas siguen ocultos y quizás, con los interrogatorios practicados en soledad por la PN al coronel y al técnico su amigo, es posible que ahora resulte más difícil su localización y enjuiciamento.
La autoridad no puede seguir con las investigaciones porque nadie creería en los resultados de sus pesquisas. ¿En qué país vivimos? ¿No son los organismos de seguridad del Estado junto a otras autoridades competentes las llamadas a perseguir y enjuiciar el crimen? ¿Es que no podemos creer entonces en la neutralidad funcional y la ética de nuestras propias instituciones? Aquí en nuestro país es preferible confiar en una entidad parcial, instrumentalizada y desacreditada como la OEA.
Tenemos el derecho a saber lo que pasó, con todos sus detalles e intenciones. Pero la autoridad dominicana no puede llegar a ninguna conclusión neutral, creíble, objetiva. Ello habla muy mal del grado de madurez institucional y política de la nación. Díganle al Gobierno de los Estados Unidos que el FBI o la DEA deben ser suplantarse por entidades extranjeras equivalentes porque nadie creería en los resultados de sus investigaciones. ¡Válgame Dios!-decía mi madre.
A pesar de nuestra propia incapacidad, dada por la instrumentalización politica de las instituciones, tenemos unas elecciones nacionales en la esquina, en medio de crecientes y entusiastas pobladas que exigen la renuncia de los jueces de la JCE. Como señala Isidoro Santana en un sosegado y prudente entrega de esta semana “conviene advertir que la renuncia en pleno de los integrantes de la Junta colocaría al país ante una peligrosísima situación de vacío político institucional”.
Estamos de acuerdo. Como no estamos seguros de complicidad alguna de los jueces con el boicot electrónico electoral y como ignoramos cuál sería la calidad profesional y moral de los sustitutos, apoyamos la posición de muchos de que los actuales jueces deben terminar su encomienda, superando con buenos resultados el tramo ya recorrido de violaciones a la ley electoral y su fe ciega en una tecnología altamente vulnerable y además descartada por naciones desarrolladas.
No creemos en la imparcialidad absoluta de la máxima autoridad electoral, pero entendemos también que hay ahí gente honorable y de trayectoria profesional impecable. Detener el proceso fue correcto, fijar fecha de nuevos comicios también y eliminar el voto electrónico fue una decisión plausible, aunque obligada. Una nueva oportunidad al PLD es otra cosa: eso debe decidirse democráticamente, en las urnas, sin tragedias innecesarias y lacerantes, sin destrucción de la propiedad y ruptura del sosiego y el trabajo de la familia dominicana.