“Pues sucede con la libertad como con los alimentos sólidos y suculentos o los vinos generosos, que son propios para nutrir y fortificar los temperamentos robustos a ellos habituados, pero que abruman, dañan y embriagan a los débiles y delicados que no están acostumbrados a ellos”. -Jean Jacques Rousseau-.
El texto donde se vierten los lineamientos normativos fundamentales y generales de la nación para el desarrollo cívico de la comunidad social, pauta primigenia para la realización de otras limitaciones normativas de carácter subjetivos, cuya misión es establecer de manera más específica los preceptos desprendidos de ella, reza en la parte in fine de su articulo 38: “La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos”.
La libertad de expresión, si bien es cierto, constituye, como hemos apuntado en ocasiones anteriores, una de las características humanas de mayor trascendencia social para la concreción de una democracia fuerte y sólida. Por lo que, existen razones sobradas para garantizarla y protegerla a todo costo. No será jamás producto de los excesos ni excusa legal para quienes la utilicen con el único pretexto de divulgar información ofensiva y discriminatoria y, en muchos casos, para lacerar la integridad de terceros, amparados en la necia indiferencia de los que deben resguardarla.
El avance de los procesos tecnológicos en el tráfico de información, como textos, y lo que los expertos llaman producto audiovisual a través de la Web, ha desempeñado un notable papel en favor de la dosificación de los elementos didácticos para la enseñanza básica, media y universitaria, puestos a prueba en medio de una pandemia letal que nos semi-confina por más de un año y, en consecuencia, obliga a reinventarnos para no sucumbir dramáticamente. También ha dado cabida a los canallas que en busca de notoriedad líquida, quebrantan la moral y dignidad ajenas sin remordimiento aparente.
Con suma claridad la Carta Magna expresa en su articulo 44, referente a la intimidad y el honor personal, las garantías que ofrece dicho Estatuto General, respecto a la no injerencia en la vida privada y familiar. Consecuentemente, al reconocimiento al honor, al buen nombre y a la propia imagen, y dicta, en forma tajante que: “Toda autoridad o particular que los viole está obligado a resarcirlos o repararlos conforme a la ley”. De ahí que, la dejadez para la aplicación de la fuerza pública a quienes osen transgredir el mandato, nos llama a reflexionar sobre tal cuestión.
¿Qué sociedad tendremos a futuro, si el destino de la información, cual que sea, descansa en la conculcación de un bien de alto espectro en el fomento de las relaciones sociales, protegido por el sistema internacional de derechos fundamentales, como lo es la dignidad de las personas, objeto constante de delito en las denominadas redes sociales, sin que se aplique toda la fuerza de las leyes destinadas para su salvaguarda? ¿Cuál es el precio a pagar frente a esta ola de mediocridad fluctuante en la multimedia, laxa, asquerosa y vacía al servicio de intereses indecorosos, si no se detiene a tiempo?
La familia, “fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de las personas” como establece la misma Constitución, afectada por el débil desempeño de la educación y la propaganda absurda de violencia machista, no debe, bajo ninguna circunstancia, pagar también el alto precio de la depravación ejercida impunemente en las redes. No tiene que cargar con la apatía de las instituciones competentes frente al daño causado a la sociedad en contra de la moral y las buenas costumbres.
De ahí que, nos permitimos citar de nuevo a Rousseau, padre de una de las obras cumbres del derecho normativo de la conducta colectiva, quien plantea con una claridad meridiana y la sobriedad que caracteriza a los hombres de bien, una idea que parece no estar sujeta ni a tiempo, ni espacio: “Ninguno de ustedes es tan poco ilustrado que pueda ignorar que donde se extingue el vigor de las leyes y la autoridad de sus defensores, no puede haber ni seguridad ni libertad para nadie”.