Tal como había anticipado el Presidente Danilo Medina, mediante el mensaje dirigido al país al que dio lectura el Consultor Jurídico de la Presidencia, Flavio Darío Espinal sobre el rechazo a la firma del Pacto Migratorio, por lógica extensión el Pacto Mundial sobre Refugiados, cuya firma fue programada este lunes, aparecerá sin la rúbrica de la República Dominicana.
No es un caso exclusivo. Alrededor de unos treinta países, entre los que figuran los Estados Unidos, varios de Europa e Israel han adoptado la misma postura, cada uno aduciendo distintas motivaciones. En nuestro caso estas son muy definidas y justificadas. Dos documentos que acaban de ver la luz pública sobre el controversial tema reflejan la situación especial en que se encuentra nuestro país respecto a la inmigración con posible status de refugiados.
El primero calza la firma de la Cancillería y en el mismo se advierte que el Pacto “podría ser contrario al interés nacional y al ordenamiento jurídico dominicano”. Mas adelante señala la imposibilidad del país de acoger cantidades considerables de personas susceptibles de ser declaradas como refugiados de acuerdo al nuevo estatuto internacional que establece el pacto. Esa condición pudiera reclamarse sin documento alguno, lo que en el caso particular nuestro dada nuestra realidad geo-política con respecto a Haití, abriría las puertas para aceptar una avasallante invasión de inmigrantes del otro lado de la frontera.
El otro documento corresponde al Banco Central donde este echa una mirada económica al pacto migratorio propuesto, y que en esencia expresa que “incluía disposiciones que solapaban legislaciones laborales ya vigentes y sugería un listado de responsabilidades para los estados receptores sin contemplar las limitaciones de la situación laboral local ni los costes financieros y económicos nacionales por asumir lo que es, en efecto, inmigración ilegal. Además, introduce un debate sobre el derecho a existir de la Nación-Estado que pudiera atentar con la paz” Y concluye: “rechazar su firma fue oportuno”.
Aunque se ha argumentado que el Pacto no resulta vinculante, en el mismo aparecen toda una serie de disposiciones que obligan a un estudio cuidadoso, y cuya aplicación en el tiempo pudiera convertirse en un serio dolor de cabeza para el país y de imposible cumplimiento.
Con estas disposiciones del pacto ocurre igual que con la llamada “letra chiquita” que aparece al dorso y en páginas adicionales de muchos contratos, que por lo general la mayoría de la gente no se molesta en leer y que es en realidad donde constan cláusulas cuya aplicación da lugar luego a numerosos conflictos.
Desde el principio habíamos advertido que para manejar un tema tan complejo y conflictivo como es la migración, que en los últimos tiempos por su masificación, se ha tornado en un elemento de desestabilización para países de fuerte economía y sólida institucionalidad con preocupantes consecuencias políticas, y ahora el Pacto de los Refugiados no pueden establecerse normas universales sin tomar en cuenta la diferente situación y características específicas de cada uno.
Tal ocurre con el nuestro, sometido a la constante presión de la inmigración ilegal y de obligada convivencia con un Estado fallido sumido en la mas absoluta miseria y en casi permanente situación de crisis política, al que la comunidad internacional, principalmente las naciones mas obligadas, han dado la espalda.
La postura asumida frente al Pacto es la correcta, sin que el hecho de que nos neguemos a firmarlo pueda interpretarse como un acto discriminatorio ni divorciado de los sentimientos humanitarios y solidarios de que el país ha dado tradicionalmente amplias demostraciones, casi siempre mas allá de sus reales posibilidades. Es una decisión que cuenta además con el apoyo y aval de la inmensa mayoría del pueblo dominicano.