Han transcurrido 17 años desde que se aprobó la Ley de Seguridad Social en República Dominicana. El 9 de mayo del 2001 día que se promulgó esta ley, nadie hubiera sospechado que al 2018, los fondos de pensiones y riesgo laboral acumularían 542 mil millones de pesos. Menos aún, que la mortalidad infantil y materna, los fallecidos por accidentes de tránsito, la masiva y dominante cantidad de hipertensos y obesos que sufren infartos mortales; las muertes prevenibles de mujeres por cáncer de cérvix, la violencia intrafamiliar y las inesperadas ocurrencias de brotes epidémicos de enfermedades que se pensaban controladas, estarían a la orden del día.
Es frustrante que el sistema de seguridad social se haya capitalizado en cientos de miles de millones de pesos, mientras las muertes y enfermedades prevenibles sean el pan nuestro de cada hospital o clínica. La masa crítica de estrategas, líderes, empresarios y trabajadores de salud han perdido el norte de la esencia de su trabajo. El Estado, la sociedad civil y el sector empresarial no se articulan armónicamente para generar como podríamos lograr si nos empleamos, uno de los mejores niveles de salud de América.
En República dominicana, la gestión de la seguridad social no se enfoca en la calidad de vida, la prevención del daño o el control de las muertes evitables de los dominicanos. Una reciente evaluación divulgada por las empresas que manejan la administración del riesgo en salud (ARS), parece más la medición del nivel de simpatía de un candidato político, que la satisfacción con la calidad de la atención en salud, administrada por las ARS y ofertada por clínicas y hospitales.
El tema central de todos los foros de salud y seguridad social anda por los rincones más escondidos de Bizancio.Hoy igual que la histórica ciudad griega, se debate “sobre el sexo de los ángeles”más que el cuidado y la salud de las personas y los derechohabientes. Parece que las nuevas leyes, normativas, resoluciones, planes básicos, reuniones de consejeros y suplentes, nuevos organismos, edificios adquiridos, estructuras remodeladas, software conseguidos, tecnología instalada, computadoras emplazadasy personal capacitado, tienen como único norte, acumular aceleradamente capitales monetarios de forma pecuniaria y lucrativa.Para que queremos seguridad social si no es para sanar y salvar la vida de miles de dominicanos.
Esto debe cambiar y tiene que cambiar hoy. Sin embargo, primero se impone tener sentido de la historia. Sucede que la mayoría de sistemas de seguridad social de América Latina se instalaron y ampliaron, desde el inicio hasta la mitad del pasado siglo XX. Por el contrario, la atención primaria en salud (APS) y la inversión en sistemas de salud de carácter preventivo, aconteció después de la Declaración Institucional de las naciones reunidas en la ciudad de Alma Ata en la entonces, URSS, por la Organización Mundial de la Salud del 6 al 12 de septiembre en 1978, en la segunda mitad del siglo XX.
En República Dominicana fue todo lo contrario. Primero se iniciaron los trabajos del Estado por crear un sistema de salud integral a partir de 1978 y luego a inicios del siglo XX, llegó el sistema de seguridad social de amplia cobertura. Había “seguro social” pero no la seguridad social monetariamente poderosa que tenemos hoy. Que nadie confunda la construcción de hospitales con la articulación de un sistema de salud; menos aun, la existencia del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) con un sistema de seguridad social universal.
Esta dislocación de prioridades resultó en el mentís que mientras en 1978 se creaban supervisores, promotores de salud, clínicas de atención primaria y masivas campañas de vacunación, el seguro social trabajaba sin tener nada que ver con el sistema de salud pública de República Dominicana. Los conductores del Estado de entonces, se dieron el lujo en un hecho sin precedentes en América, y que fue duramente criticado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), de utilizar los promotores de salud en campañas políticas y partidarias.
La creación y desarrollo del sistema de seguridad social dominicano establecido en la Ley 87-01, se encontró con el sistema de salud y de atención primaria más débil de toda América Latina. La ridícula, miserable y pírrica cantidad promotores, supervisores, inspectores, trabajadores de la salud y enfermeras de República Dominicana y su nivel de inserción y trabajo en las comunidades, es crítica. La tasa de presencia de cada uno de estos recursos de atención primaria en correspondencia con la población y el número de familias por manzanas y territorios, se encuentra en el nivel más bajo del planeta.
Más que indicadores que poseemos, un ejemplo concreto sirve de referencia confirmatoria. El programa de atención primaria que por designación de PUCMM, Salud Pública y la Fundación W.K.Kellogg, conduje a partir de 1996, logró en apenas 12 meses, instalar en toda la zona sur de Santiago, la cantidad necesaria de promotores y supervisores de salud. Con centros de atención primaria de referencia, miles de visitas familiares de los promotores y presencia activa de estudiantes universitarios. Logramos ser reconocidos por la gente pobre de Santiago, OPS y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), como proyecto comunitario sostenible de América.
La seguridad social de República Dominicana es un eficiente aparato de acumulación monetaria y enriquecimiento privado, alejado de la calidad de atención en salud, la prevención del daño y el control de muertes evitables. Se impone implantar un sistema de atención primaria en salud masificado y de calidad como lo he observado en ciudades y barrios del mundo homologables con esta Nación. Desde Bandung, Indonesia hasta San Carlos, Costa Rica. Desde Matagalpa, Nicaragua hasta las comunas barriales de Buenos Aires, Argentina. Entre todos podemos lograrlo, con un nuevo pacto estratégico por salud al 2030.