En 2012 fue promulgada la Ley No. 166 que crea el Sistema Dominicano para la Calidad (SIDOCAL). Antes de ese acto ejecutivo (2006-2011), algunos empresarios nos comentaban que la propuesta era muy avanzada para nuestra sociedad y que solo podía funcionar en los países industrializados. Respondíamos que tales sistemas resultan de las nuevas condiciones de la economía global y que, en todos los países donde funcionan, son un gran soporte para la productividad, la calidad e inocuidad alimentaria, los servicios de excelencia y los procesos de innovación e investigación, independientemente de los avances o rezagos estructurales que los caractericen, siempre que la clase empresarial entienda a cabalidad sus grandes ventajas potenciales y los gobiernos apoyen su desarrollo y modernización.
La realidad es que el sistema que tenemos cuenta con todos los elementos necesarios para convertirse en una herramienta de competitividad dinámica, aquella que tiene como pilar fundamental el conocimiento y la productividad. Y es así porque se trata de un conjunto ordenado e interrelacionado de instituciones y servicios que aseguran la conformidad y características de los productos y servicios que se transan que en los mercados internos y globales.
Es urgentemente necesario un reexamen de nuestro sistema que termine colándolo efectivamente en el centro de los intereses empresariales, en los mismos resortes de sus aprestos estratégicos y líneas de acción nodales; todavía estamos a tiempo de interiorizar su indiscutible importancia en esta etapa en que dicho sistema sale de su infancia funcional al cumplir el pasado 12 de julio seis años. No debemos olvidar que, al resumir el sistema los modernos engranajes de garantía de conformidad de los productos con las normas y reglamentos, sobre bases eminentemente voluntarias, también es de relevancia crucial para los reguladores gubernamentales dedicados a la comprobación del cumplimiento confiable de los requisitos y especificaciones.
Como sabemos el SIDOCAL es un sistema, lo cual significa un conjunto de instituciones relacionadas entre sí sobre la base de una jerarquía integral de funciones técnicas con un alto grado de complementariedades y condicionamientos recíprocos.
Estas funciones técnicas son normalización, metrología, acreditación, ensayos y evaluación de conformidad. La CEPAL con la colaboración de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) y el Instituto Nacional de Metrología de Alemania (PTB), con quien tuvimos la suerte de trabajar el anteproyecto de la hoy Ley No. 166-12, define los sistemas o infraestructuras de calidad en los siguientes términos:
“…la totalidad de la red institucional (sea pública o privada) y el marco legal que la regula, responsables de formular, editar e implementar las normas (o sea, establece reglas para el uso común y repetido, tomando en consideración problemas actuales y potenciales), y dar evidencia de su cumplimiento (por medio de la combinación de actividades de inspección, ensayos, certificación, metrología y acreditación) con el objetivo de mejorar la adecuación de los productos, procesos y servicios para los fines deseados, prevenir barreras comerciales y facilitar la cooperación técnica. Con sus actividades, la IC debe asegurar las condiciones de confiabilidad, fiabilidad, comparabilidad, trazabilidad, competencia, conformidad, transparencia e imparcialidad (negritas del autor)”.
Dicho en otras palabras, la normalización proporciona el lenguaje técnico, como dice la ISO, “para el uso común y repetido”, sobre la base del consenso, la experiencia y los avances técnicos y científicos; luego, un grupo de instituciones ofrece evidencias del cumplimiento de estas normas y también de los reglamentos técnicos cuya elaboración corresponde a determinadas instituciones gubernamentales. En la construcción de esas evidencias intervienen la inspección, entendida como “la actividad por la que se examinan diseños, productos, instalaciones, procesos productivos y servicios para verificar el cumplimiento de los requisitos que le sean de aplicación” (ver Norma ISO/IEC 17020). También los ensayos (pruebas o análisis) que consisten en operaciones técnicas llamadas a determinar una o más características o evaluar el comportamiento de un producto, material, equipo, organismo, fenómeno físico, proceso o servicio dado, de conformidad con un procedimiento especificado (laboratorios de ensayo y calibración).
Por otro lado, la certificación, que es procedimiento por el que un organismo de certificación reconoce oficialmente que un organismo, persona, proceso, servicio o producto cumple determinadas especificaciones (contenidas en normas o reglamentos técnicos). Un rol determinante lo juega la Metrología, que no meteorología, que “incluye todos los aspectos teóricos y prácticos de las mediciones, cualesquiera que sean su incertidumbre de medida y su campo de aplicación” (ver VIM, tercera edición 2012). Los institutos nacionales de metrología tienen la misión general de garantizar la confiabilidad de las mediciones en todos los ámbitos donde ellas tengan lugar en el territorio nacional. La acreditación, todavía en pañales en nuestro país, es un procedimiento por el que un organismo de acreditación reconoce oficialmente que un laboratorio o una persona son competentes para realizar determinadas tareas.
Por último, están las actividades de evaluación de la conformidad, la cual, según ISO/ONUDI, “ayudan a garantizar que los productos y servicios cumplan sus promesas”. Obviamente, la confianza en las actividades de evaluación de la conformidad (laboratorios de ensayo y calibración, entidades de certificación, inspección y verificación), emana de las acreditaciones.