Por política pública se puede entender aquella intervención del Estado en las relaciones sociales consideradas inaceptables, para intentar solucionarlos. Los crímenes, como conflictos sociales, son una clase de estos problemas que deberían también ser objeto de una política de gestión, así como hay una política económica y social. En particular, generan mucha preocupación los crímenes complejos como los asociados a las organizaciones delictivas y a la corrupción.
Para que la intervención del Estado en los conflictos criminales sea de calidad deben ser tomadas una serie de decisiones trascendentes. Es insoslayable la pregunta sobre los medios con los que dispone el gobierno para enfrentarlos. Este es uno de los tendones de Aquiles de nuestra política criminal. Contamos con un cuerpo policial con bajo nivel de preparación para su labor, con ínfimas remuneraciones que se tienden a compensar con ingresos derivadas de actividades corruptas. La principal institución del Estado, en esta materia, termina conviviendo con la criminalidad que pueda generarle réditos.
Las decisiones que debe tomar el gobierno, para garantizar una intervención eficaz, son difíciles. No basta con la aprobación de leyes o la modificación de las existentes, si estas no son el producto de una política especialmente destinada a la criminalidad compleja. Se propone, por ejemplo, la creación de una ley del "sicariato". Con las deficiencias de la policía nacional, son pocos los resultados que aportara dicha normativa. El "sicariato" es un asesinato por paga que está contemplado en la legislación dominicana. Uno de las contribuciones del anteproyecto sería que el autor mediato o intelectual no será considerado como cómplice, como lo dispone la norma actual, sino que será sancionado tanto o más que el autor material. Seguramente se prevé un aumento de las penas y se facilitará la imputación del sujeto que se esconde detrás de una estructura criminal.
Sin embargo, de nada vale esto si los medios con los que contamos para desmantelar las organizaciones criminales son deficientes. Las leyes son solo tan buenas como aquellos que están llamados a ejecutarlas. Sin lo medios adecuados nunca se llegará hasta los autores intelectuales y no habrá a nadie a quien imputar ni castigar. Algo tan importante como la intervención política ante la criminalidad compleja se reduciría a una simple retórica.
Las políticas públicas contra la criminalidad compleja son un verdadero compromiso institucional. No basta decir "hágase la luz" o, como del alguna forma dijo el Presidente, "combátase la corrupción". En el proceso de construcción de la intervención estatal de calidad se debe partir del conocimiento de la realidad a transformar, de la identificación de los actores relevantes y de los recursos disponibles, para luego efectuar la relación de racionalidad entre los medios y fines. ¿No es acaso una grave contradicción que después del discurso del Presidente, el director del DPCA haya afirmado que no tiene recursos para cumplir su labor?
Es a nosotros a quienes nos conviene un replanteamiento de la discusión puesto que nadie más sufrirá las consecuencias de una intervención de mala calidad.