El tema de la posible modificación del código penal ha tomado protagonismo en diversos sectores de la sociedad dominicana. La controversia que ha desatado la propuesta de incluir la figura de la cadena perpetua como pena máxima se sitúa al centro de la discusión de dicha modificación. Mientras unos abogan por su inclusión en el código penal, otros consideran que la medida es inadecuada ya que no disminuiría la ola de delincuencia que afecta a nuestra isla. En medio de opiniones encontradas donde se han expuesto puntos muy valederos, debo plantear mi incondicional apoyo a la modificación del código penal para la inclusión de la cadena perpetua, así como para la tipificación penal del sicariato y de la autoría intelectual de delitos. Sin lugar a dudas, penas más rígidas contra delitos violentos serían útiles para controlar los mismos.
No obstante, este apoyo incondicional a la cadena perpetua como pena máxima para delitos violentos no debe cohibirnos de identificar las deficiencias que existen para su implementación inmediata. La sobrepoblación en los centros penitenciarios del país, por citar un elemento, es un problema que debe ser resuelto para que una iniciativa como esta sea viable. En ese sentido y según datos del 2010 de la Dirección General de Prisiones, 19,726 personas guardan prisión en cárceles dominicanas. De este total, el 64% están privados de su libertad en calidad de presos preventivos. Estos datos reflejan la forma letárgica con que se maneja nuestro andamiaje jurídico, deficiencia que debe ser corregida de inmediato para mitigar la sobrepoblación penitenciaria a través de la aplicación de condenas apropiadas conforme a la envergadura de los delitos cometidos.
Asimismo, todos los que apoyamos la inclusión de la cadena perpetua en el código penal debemos ser realistas. Esta medida sólo representa una pieza de todo un rompecabezas que debe ser armado por diversas instituciones del Estado, el sector jurídico y la sociedad dominicana. El proyecto debe ir acompañado de un esfuerzo para orientar, depurar y alinear todos los juristas que sirven en las cortes dominicanas. De nada vale incluir la figura de la cadena perpetua, que por demás considero necesaria, si no se toman las medidas pertinentes para garantizar su aplicación y el fiel apego a la misma. Para nadie es un secreto que en nuestro país contamos con un sin número de leyes que raramente son respetadas y/o aplicadas. Sin duda en eso nos falta avanzar.
A su vez, la sola penalización de hechos delictivos violentos (como homicidios) aplicando la cadena perpetua no es suficiente para reducir la delincuencia a niveles controlables. Para obtener cambios efectivos, la cadena perpetua debe ir acompañada de campañas de prevención. Ninguna sociedad moderna ha podido mitigar los índices de delincuencia solamente adoptando medidas de penalización más severas. En consecuencia, la prevención a través de la educación debe jugar un papel central dentro de un proyecto sombrilla. En dicho proyecto, tanto nuestra sociedad como los medios de comunicación tienen responsabilidades marcadas en cuanto a la difusión de información y de programas destinados al enriquecimiento personal de cada uno de los dominicanos. En ese sentido, evitar la difusión de imágenes crudas de violencia ayudaría a retraer paulatinamente el proceso de deshumanización que experimenta nuestra sociedad. Esto, y con mucho éxito, ha formado parte de una iniciativa adoptada por los medios masivos de comunicación en México, misma que ha resultado en la unificación de la sociedad en torno al repudio de hechos delictivos violentos que se registran en esa nación. Esa cohesión lograda en México a nivel social, abriendo una brecha importante en la concienciación del ciudadano, dejaría cuantiosos beneficios de poder duplicarse en nuestro país.
Y aun a sabiendas de las deficiencias existentes para su implementación, la iniciativa para establecer la cadena perpetua en nuestro código penal tiene validez y merece ser ponderada. No reconocer que dicho código debe ser reformado con la finalidad de garantizar penas más severas ante hechos violentos, argumentando la ineptitud "orgánica" de jueces a la hora de aplicar las leyes es un error que no debemos cometer. Por el contrario, esta debe ser una razón más para ejecutar cambios en el código penal, misma que puede ser aprovechada de manera coyuntural para "limpiar casa" en los tribunales dominicanos.
Una vez instaurada la cadena perpetua, tanto las instituciones gubernamentales correspondientes como nuestra sociedad tendrían una herramienta más para demandar de nuestros jueces la aplicación de penas máximas donde las mismas sean aplicables. La cadena perpetua traería consigo todo un conjunto de necesidades que deben ser atendidas, de requerimientos que deben ser cumplidos, y de infraestructura orgánica que debe ser construida, pero esas no son razones para salir corriendo para el lado opuesto de la discusión y negarnos a dialogar. Por el contrario, debemos demandar del dominicano, con la responsabilidad que le caracteriza, a que busque soluciones a los males sociales en materia de seguridad con los que convive a través de un dialogo abierto y participativo. Es cierto que la cadena perpetua no es respuesta omnipotente y absoluta, pero nada lo es. Tampoco es una varita mágica la cual resolverá instantáneamente el problema. Más bien, la misma debe ser ponderada como parte de toda una estrategia para contrarrestar la delincuencia que nos azota. ¿Acaso la respuesta yace en vivir inertes ante la preocupante situación delincuencial?
Por algo debemos empezar.