Inmersos en un rapto de tácticas electoralistas, los principales partidos políticos con probabilidad de gobernarnos en el próximo periodo no ponen atención a los problemas nacionales. El PRM concentra su retórica en el estribillo de un anhelado cambio, pero no dice en qué consistirá. Con jactancia triunfalista desintonizada con el hartazgo ciudadano, el PLD promete más de lo mismo. A la ciudadanía solo le queda rememorar un lapidario refrán: “Servir para merecer, muy pocos lo han conseguido, pues siempre merece más, aquel que menos ha servido.” ¿No sería preferible servir al pueblo con propuestas de solución a sus problemas para después servir al partido?
Para ganar favor electoral los partidos deben enfocarse en los graves problemas nacionales. Las encuestas dicen que los tres principales son la delincuencia, la corrupción y la falta de empleo. Pero otros igual de importantes no afloran en la conciencia del elector común: la desigualdad social, las carencias de la atención primaria en salud, la migración haitiana, la pobreza ancestral del suroeste, la bancarrota del sistema eléctrico, las falencias de la justicia y el estancamiento de las exportaciones. Además, los asociados al gasto público: el endeudamiento externo, la duplicidad de funciones de entidades estatales, la hipertrofiada nomina publica, los exorbitantes salarios de muchos funcionarios, las canonjías del servicio diplomático, los irritantes privilegios de los legisladores y el mal manejo de los fondos de pensiones. Vale pues ilustrar el reto planteando interrogantes y algunas medidas.
La delincuencia campea por sus fueros aun cuando la gestión policial este mejorando. ¿Cómo aplicar totalmente la ley de reforma policial? ¿Cómo hacer realidad el sueño del actual director de la PN para profundizar la prevención del delito y aliar la PN con la comunidad? ¿Cómo podremos desligar a los entes encargados de perseguir el trafico de drogas de los estamentos policiales y/o militares? ¿Se fortalecerá el departamento de Asuntos Internos de la PN con la asesoría de la policía de Singapur? ¿Cuándo desmilitarizaremos a la PN y eliminaremos el 90% de sus 40 generales? ¿Procede una descentralización dividiendo la PN en tres entes regionales? Estas tareas pendientes requerirán gran “voluntad política” y recursos de parte de un nuevo gobierno.
El combate contra la corrupción, por su lado, requiere su prevención y la eliminación de la impunidad. La educación en valores es el remedio más efectivo, pero esa es una meta de largo plazo para los hogares, el Ministerio de Educación y las empresas. (Como parte de su responsabilidad social, las grandes empresas deben imitar el ejemplo del Banco BHD Leon y su programa con el MINERD de educación en valores.) La efectiva persecución judicial, a su vez, implica el establecimiento de un Ministerio Publico independiente y una reforma constitucional para traspasar a la sociedad civil algunos de los órganos de control en manos de la clase política. 
Estas últimas medidas contribuirían significativamente a la cruzada anticorrupción. Pero al requerir una reforma constitucional tomaran tiempo en establecerse. Lo que un nuevo gobierno puede hacer de inmediato en este campo es arremeter contra el malgasto de los recursos públicos. (Un análisis del gasto público del 2017 por la ong OXFAM reveló que el malgasto, el cual incluye la corrupción, representó ese año un 13% del presupuesto estatal, equivalente a unos RD$91,000 millones.) Con simples pero firmes medidas un nuevo gobierno podría, al iniciar su gestión, acabar con los irritantes privilegios que comprenden los exorbitantes salarios de muchos funcionarios (aplicando la Ley de Regulación Salarial del 2013), las canonjías del servicio diplomático y, empleando su músculo congresual, los irritantes privilegios de los legisladores.
Por otro lado, no sería necesario un Pacto Fiscal para adoptar otros correctivos del gasto público. Así de abordables son la reducción paulatina de la nómina publica (estimada en 650,000 empleados por Participación Ciudadana), una limitación del endeudamiento externo para financiar solo proyectos de inversión pública y el adelgazamiento del Estado eliminando las entidades estatales superfluas. La “bancarrota” de los fondos de pensiones se corregiría con una prohibición por ley del uso de esos fondos por el Estado y con su gestión por bancos de inversión suizos.
Con las medidas anteriores será más fácil convencer al empresariado de la necesidad de reforma del sistema impositivo. La tarea de reducir incentivos fiscales será ingrata y desagradable (siendo el “gasto tributario” de unos RD$250,000 millones), al igual que la elevación de las cargas tributarias a la riqueza, el ingreso y el patrimonio. Su factibilidad dependerá del diseño de la política económica, la cual debe privilegiar la creación de empleo y el estímulo a las exportaciones. Una alternativa efectiva que ayudaría en eso y conjuraría también el déficit cuasi fiscal sería la abolición del peso y la adopción del dólar y el euro como moneda de curso legal.
Habrá que diseñar también políticas efectivas para disminuir la incólume desigualdad social, la pobreza ancestral del suroeste, las carencias de la atención primaria en salud y el bajísimo rendimiento escolar en las escuelas públicas. Conviene así citar la propuesta de la Oxfam respecto a la “inversión social prioritaria: educación, salud, vivienda y servicios sociales básicos y seguridad social. Según las metas de inversión END, más los cálculos propios desarrollados para vivienda y seguridad social, necesitaríamos una inversión social en educación, salud, vivienda y seguridad social al año 2020 de al menos 12.3% del PIB para poder cerrar las brechas progresivamente en las garantías de derechos económicos y sociales.”
Respecto al sistema eléctrico hace tiempo que la ley de la END dispuso un Pacto Eléctrico, pero el mismo no ha podido firmarse. Independientemente de las razones, será necesario que los partidos decidan si venderán (o arrendaran en el caso de las presas) los valiosos activos de generación de electricidad, propongan una matriz de generación meta, vendan las distribuidoras y fortalezcan la regulación del sistema. ¿Venderemos a Punta Catalina o el Estado se queda con ella y contrata su operación? ¿Cómo proponen los partidos acabar con el subsidio eléctrico? ¿Se fiscalizará adecuadamente el cobro de la energía?
En el recetario habrá que incluir también el problema de la migración haitiana. ¿Qué se necesita para hacer efectiva a la Comisión Mixta? ¿Seguiremos gastando RD$19,000 millones en la militarización de la frontera cuando eso ha demostrado no ser la medida necesaria? ¿Promoveremos un fideicomiso Haiti-RD para promover el desarrollo de Haiti? ¿Cómo puede la RD movilizar a la comunidad internacional para ayudar en la tarea? ¿Qué tratados debemos firmar con el vecino país para hacer de la isla un habitáculo de paz?
Esta reseña del puñado de grandes problemas que enfrenta la nación debe convocar la atención de los partidos, especialmente los dos que tienen posibilidades de encabezar el próximo gobierno. A los ciudadanos nos queda esperar que tomen nota y produzcan las propuestas de lugar. Solo aquel que demuestre su compromiso con propuestas de calidad merecerá el voto ciudadano. Los políticos deben primero servir al pueblo para después servir al partido y no viceversa.