La Región Nordeste, con una población de 624,186, tiene 19 hospitales públicos, 953 camas y 124 centros del primer nivel de atención, donde laboran 1,006 médicos, 1,620 enfermeras, 106 bioanalistas y 124 odontólogos.
Las estadísticas de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) indican que, en el 2014 las cuatro provincias que la integran, reportaron 385,824 consultas externas y 254,458 emergencias, mucho menos de una consulta por habitante al año.
Como promedio, cada médico del sector público atendió a 1.4 personas por día, durante los 250 días laborales del año, lo que revela la subutilización de los recursos humanos calificados disponibles, y ofrece una idea de la baja capacidad resolutiva del sector público en la Región.
Hace apenas unas semanas el Listín Diario publicó un reportaje sobre los servicios públicos de salud de la Región Nordeste, basado en visitas de sus redactores y en entrevistas a pacientes y médicos, cuyos resultados estremecen a cualquier persona.
La situación del Hospital Regional Universitario San Vicente de Paul de San Francisco de Macorís fue calificada por los propios médicos como muy grave. El suministro de medicamentos, material qurúrgico y gastable es tan crítico, que afecta la higiene y el desempeño del personal.
En emergencia sólo cuentan con un desfibrilador cuando, según el personal, el mínimo necesario serían cinco, para atender entre 200 y 300 emergencias díarias. De ocho quirófanos sólo trabajaban tres y lejos de estar en óptimas condiciones.
En el área de maternidad carecen de todo. El único sonógrafo se dañó hace meses, se lo llevaron para repararlo y se han consado de reclamarlo, sin ninguna respuesta.
En el área de cuidados intensivos apenas existen tres camas, cuando el mínimo serían diez, debido a la cantidad de personas que llegan con politraumatismos diversos, por accidentes de tránsito y de trabajo. Si las camas son pocas, el equipamiento especializado resulta insuficiente.
Impotencia ante la excesiva concentración de los recursos
Los periodistas testimoniaron la preocupación del personal sobre la situación, a tal grado que no sólo afecta a los pacientes, sino a ellos mismos, en término de desempeño profesional. Quieren mejorar los servicios pero la carecia de recursos les impide hacerlo.
Los pacientes entrevistados expresaron abiertamente su insatisfacción e inseguridad, citando innúmeros fallecimientos de familiares y vecinos debido a carencias básicas. Además, señalaron muchos casos en los que, en medio de la desesperación e impotencia, tuvieron que acudir a centros privados para tratar de salvar una vida útil, con grandes gastos familiares.
Lamentablemente, la situación del Nordeste constituye la norma a nivel nacional, con sólo algunas variantes. Estas deficiencias son hijas de la limitada y excesiva concentración de los recursos, que estrangula la capacidad de gestión y respuesta local a los requerimientos básicos de la población objetivo.
Esperamos que el desarrollo del tan esperado Sistema Nacional de Salud (SNS) traiga consigo una mayor y más racional transferencia de recursos para elevar la capacidad resolutiva de los hospitales y centros de salud.
Y que estimule y preserve la capacidad de gestión del nivel regional y local. De no ser así, el proceso de privatización de la salud pública continuará su agitado curso.