El pasado 27 de febrero, el presidente Medina en su anual acto de rendición de cuentas ante la Asamblea Nacional indicó que este gobierno está forjando los cimientos de un llamado Estado de Bienestar. Esto así porque a través de un mejoramiento de ciertos servicios sociales, la población puede ahorrar y además elevar su calidad de vida.
Al margen de las consideraciones políticas y económicas respecto a los supuestos cimientos del Estado de Bienestar dominicano del que se hace eco el presente gobierno, lo cierto es que aparentemente dicha definición caribeña de ese concepto político y económico no contempla un aspecto fundamental para elevar significativamente el nivel de vida de los transeúntes en las ciudades dominicanas: un servicio público de transporte terrestre de pasajeros.
Cabe destacar que no hablo de “servicio de transporte público” sino de “servicio público de transporte”. Esto así porque es importante diferenciar esos conceptos a fin de comprender la irresponsabilidad histórica de los gobiernos dominicanos en este tema. En ese orden, el primer término se refiere a la prestación de servicios de transporte al público en general por parte de particulares o asociaciones, sin control real y directo del poder público. Mientras el último se refiere a la prestación directa del servicio por parte de una Administración Pública o indirectamente por particulares quienes están bajo el estricto control y supervisión de un ente administrativo titular del servicio.
En el esquema de transporte público actual, la regla es la informalidad de su prestación y por eso es un servicio costoso, ineficaz y que pone en riesgo la integridad física tanto de sus usuarios como de quienes conducen las guaguas y conchos
Actualmente, al margen del Metro de Santo Domingo y los autobuses en peligro de extinción de la OMSA, no hay servicio público de transporte en las ciudades de Dominicana. El transporte de pasajeros urbano, interurbano y regional lo operan empresas informales de tránsito y algunas compañías tradicionales de rutas interprovinciales.
En el esquema de transporte público actual, la regla es la informalidad de su prestación y por eso es un servicio costoso, ineficaz y que pone en riesgo la integridad física tanto de sus usuarios como de quienes conducen las guaguas y conchos.
Esa configuración del transporte público en República Dominicana es producto de la falta de voluntad política de todos los gobiernos, incluyendo el actual, de establecer una política pública orientada a una ordenación del tránsito y del transporte público coherente y decidida a terminar con el caos actual del que solamente se benefician las corporaciones de choferes.
Muestra de la indecisión del poder político frente al desorden del transporte público es el hecho de que por lo menos 5 instituciones (OMSA, OPRET, OTTT, AMET, Dirección General de Tránsito Terrestre) tienen facultades y potestades para reglar todo lo concerniente al tránsito y al transporte público, cuyas funciones se solapan en muchas ocasiones y que trabajan sin una coordinación adecuada que permita, al menos, dejar entrever que existe una especie de política pública de transporte.
Los ciudadanos debemos presionar a las autoridades para que tomen una decisión firme y se dispongan a ordenar el transporte público. Necesitamos un gobierno que tenga la voluntad de instaurar un servicio público de transporte, que el mismo sea prestado directamente por administraciones públicas o por particulares seriamente controlados y supervisados por una sola autoridad competente.
Los dominicanos precisamos de un servicio público de transporte que se rija por los principios de igualdad, universalidad, eficiencia, continuidad y accesibilidad, que esté en manos de una autoridad pública competente que se encargue de brindar el servicio o de supervisar y controlar a aquellos particulares previamente autorizados para prestar el servicio.
Necesitamos un servicio público de transporte que ponga coto a los abusos de los sindicatos, que mejore significativamente la movilidad vial, que sea seguro y que no suponga un costo excesivo para los usuarios[1].
El transporte público nacional no puede estar secuestrado por el oligopolio de dirigentes choferiles que no suministra un servicio seguro y de calidad, que se atreven a bloquear ilegalmente avenidas principales sorpresivamente infundiendo el caos, que resuelven sus rivalidades por el control de rutas con tiros y machetes, que paralizan todo el país desde el momento en que sus intereses pueden verse amenazados y que no les importe ni el tiempo ni la integridad física de sus usuarios.
Urge enfrentar con tenacidad e institucionalidad democrática la desorganización en el transporte público. Elevar la calidad de vida de los dominicanos implica el establecimiento de un servicio público de transporte de pasajeros y una ordenación sostenible del tránsito.
[1] Si tomamos como salario promedio la suma de RD$10,000 y suponiendo que diariamente un trabajador tiene que tomar 3 carros públicos para llegar a su trabajo, pagando una tarifa de RD$25 por cada carro, y para regresar a su hogar 3 carros más, tenemos que a 5 días laborales son RD$750, al mes RD$3,000. Por tanto, el gasto en transporte público puede significar casi un tercio del salario de un trabajador medio.