No es para echar en saco roto ni tomar a broma el discurso de advertencia del presidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara, de que los principales enemigos del país ya no son la subversión política ni el fantasma del comunismo que llenó la etapa de la llamada “guerra fría” entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, sino el narcotráfico, el terrorismo y la trata de personas.
Por suerte, hasta ahora no hemos sufrido un acto terrorista, salvo el extraño caso, a nuestro juicio no bien esclarecido, que tuvo lugar en el Metro de Santo Domingo. Pero no excluye la posibilidad de que en un momento indeterminado pueda tener lugar, tal como ha ocurrido en otros sitios, sobre todo donde hay presencia diplomática, instalaciones militares e inversiones estadounidenses, lo que por elemental prudencia nos obliga a mantenernos en alerta.
La trata de personas, en cambio, es un grave delito de lesa humanidad, del cual hemos tenido ya algunas manifestaciones a través de grupos de traficantes que han sido detectados y desmantelados por las autoridades. Son bandas de elementos desalmados que se dedican a la compra y tráfico de menores y en mayor grado a la trata de mujeres, muchas de las cuales son llevadas al extranjero bajo la falsa promesa de procurarles un empleo y luego sometidas a virtual cautiverio y obligadas a ejercer la prostitución.
Pero, el de mayor envergadura y riesgo es el narcotráfico, su creciente incidencia en las actividades económicas a través de distintos conductos y su sutil penetración en el campo de la política y por extensión, de los órganos de poder.
El narcotráfico figura entre los tres o cuatro negocios de mayor volumen a nivel mundial. A pesar del celo de las autoridades y la frecuente ocupación de grandes alijos de drogas, es posiblemente el más rentable y que deja mayores beneficios. Hace tiempo se divulgó la información de que por cada dólar que reciben los cosecheros que cultivan la coca, el precio de la droga en las calles es hasta ochocientas veces mayor. Las ganancias son tan exorbitantes que soportan amplios márgenes de pérdidas por el decomiso de las autoridades anti-narco como riesgo calculado. Un kilo de cocaína puesta en las calles de cualquier ciudad estadounidense puede cotizarse a entre 15 mil y hasta 30 mil dólares, dependiendo de los niveles de existencia en un momento dado. Las cantidades de efectivo que mueven los carteles son impresionantes. Tanto que se ven compelidos a montar complejas estructuras de lavado por parte de expertos contables y hábiles abogados. Lo son también las sumas que dedica al soborno y la compra de conciencias y de influencia en todos los tramos del proceso.
En nuestro caso, no siempre fue así. Tres décadas atrás, República Dominicana no estaba en la mira de los carteles de la droga. El nuestro era un mercado muy limitado, carente de atractivo para hacer fortuna. Fue debido al crecimiento espectacular del pujante mercado de consumo de estupefacientes de los Estados Unidos, que nuestra proximidad geográfica a su territorio, el hecho de ser un país de muy limitados recursos y nuestra condición de vecindad fronteriza con el muy vulnerable Haití ofrecía la oportunidad de utilizar a la República Dominicana como corredor para llevar la droga a territorio estadounidense, que comenzó a convertirse en un peligro cada vez más serio para nuestro país.
Hoy tenemos la droga metida hasta el tuétano. Y gente involucrada a todos los niveles de la autoridad y la sociedad. La política y los políticos no son excepción ni mucho menos obstáculo, sino por el contrario terreno fértil para trillar el camino hacia espacios cada vez mayores de relevancia e influencia. El peligro cierto de llegar a ser un narco-estado deja de ser fábula para convertirse en una realidad, tal como advierte Ray Guevara.
Al finalizar la pasada campaña electoral, casi filtrada, se divulgó la información de que alrededor de dos docenas de legisladores electos estaban siendo investigados por presunta financiación de los carteles de la droga a sus respectivas candidaturas. No se ha sabido el final de la historia. Al parecer fue barrida por los vientos de Cuaresma.
Durante su participación en el Diálogo Libre, del Diario Libre, el presidente de la JCE, Julio César Castaños, declaró (citamos); “Caso Odebretch revela que problema de la política es el financiamiento”. Lo es también el narcotráfico, con mayor presencia y permanencia que el pasajero escándalo de la constructora brasileña.
De ahí, la importancia de que en la tantas veces prometida y barajada Ley Electoral si en definitiva acaba por superar la espesa madeja de intereses que obstaculiza su aprobación, debe quedar claramente establecido el acceso de la propia Junta a las fuentes privadas de recaudación de fondos de partidos y candidatos. Para que quede reducida al mínimo, si no totalmente erradicada, la posibilidad de que el ejercicio de la gobernabilidad pueda verse contaminado con los dineros sucios del narcotráfico y corramos el riesgo cierto de terminar convertidos en un narco-estado.